Energías renovables sí, pero ¿qué modelo?

“¿Te imaginas asomarte a la ventana de tu casa y ver un muro? Yo ahora me asomo y veo campo abierto, naturaleza, pero si esto sigue adelante está previsto que vea un muro insonorizante (por el ruido que generarán las placas) y el pueblo rodeado de un mar de placas solares, aquí al lado de mi casa, con los reflejos de luz sobre las placas como espejos …”. Beatriz del Río forma parte de la Plataforma Valderrey Pueblo Unido. Vive en el municipio de Valderrey, en la comarca de La Sequeda, al sur de Astorga (León). Su pueblo, junto con la pedanía de Bustos, quedará rodeado por placas solares si se pone en marcha el proyecto que la empresa noruega Statkraft está tramitando en esa zona: 815.024 placas solares, ocupando 800 hectáreas, y una longitud total de línea de 46,4 kilómetros. “No estarán a 10 ni a 12 kilómetros, sino que el proyecto contempla rodear los dos pueblos, con todo lo que ello significa”.

Es precisamente eso, lo que significa, lo que preocupa a muchos colectivos que ven con reticencia el boom de las energías renovables, no por lo que tiene de positivo la transición energética y la utilización de energías renovables (“estamos a favor de las energías renovables”, repite varias veces Beatriz) si no por los peligros que conlleva la explotación de un modelo masivo, que no tenga en cuenta la biodiversidad, el paisaje y, en definitiva, la vida de los territorios donde se instala, muchos de ellos en la llamada “España vaciada”.

La comarca de la Sequeda es una zona de ganadería extensiva y pastoreo (ovino y caprino), con tierras de cultivo de la que viven algunos de los vecinos, frecuentadas por aves migratorias y especies del hábitat de especial protección, como el alcaraván o el sisón. La Plataforma Valderrey Pueblo Unido alerta del impacto medioambiental que pueden traer las 800 hectáreas de placas solares, como la desaparición de flora autóctona, arranque de numerosas encinas en el terreno, contaminación de aguas por filtración y, como consecuencia de todo ello, desaparición de la fauna local. Igualmente, señala el impacto en la reducción de tierras dedicadas a la agricultura dado que este tipo de centrales prometen mayores beneficios por el alquiler de las tierras que el rendimiento agrícola puede ofrecer.

Promesas de creación de empleo e ingresos económicos
Las promesas de creación de empleo directo, en una comarca que apenas alcanza los quinientos habitantes, así como los ingresos económicos que se pueden generar en los municipios, no son argumentos convincentes para Beatriz ni para muchos de los vecinos que votaron “no” en un concejo abierto convocado por la Junta Vecinal. “El posible empleo que se puede crear es empleo temporal, por la instalación del complejo, son 6 meses, y luego la instalación se mantiene sola, con 2-3 operarios cualificados que no serán de aquí, no va a repercutir en la población. Lo que sí repercutirá es el desastre medioambiental, social, patrimonial que genera esto”, alerta Beatriz que prevé más bien un perjuicio económico para la zona, “¿quién va a querer venir a la casa rural que hay en el pueblo si en lugar de un paisaje de encinas, humedales y aves hay kilómetros de vallas, pantallas insonorizantes y placas solares?”

Los posibles efectos secundarios e impactos de este tipo de instalaciones son compartidos por otras plataformas en otros territorios. Por ejemplo, en la provincia de Zamora, varias entidades locales, ante los numerosos proyectos de este tipo a implantar en la provincia, han firmado el Manifiesto en defensa del territorio y la población rural frente al impacto de macro proyectos de energías renovables en la provincia de Zamora. “La avalancha de macroproyectos de renovables responde a un modelo claramente extractivista que únicamente tiene en cuenta los beneficios económicos de los inversores, en algunos casos fondos de inversión como BlackRock. Los territorios que más están sufriendo las nefastas consecuencias de esta falta de planificación son los territorios rurales más despoblados, donde el coste del suelo es menor, y donde hay una población envejecida y menor resistencia social, pero también donde la biodiversidad es más rica y existen numerosos recursos naturales, culturales y paisajísticos que bien aprovechados son y podrían ser aún más un motor económico importante que, sin duda, podría fijar población y plantar cara al reto demográfico”, recoge el Manifiesto.

Este modelo energético que contempla proyectos de renovables a gran escala “en apariencia “verde” aunque carente de atención hacia el soporte sobre el que se instala dicha tecnología: el territorio” es el que impulsó la creación de Alianza Energía y Territorio «ALIENTE», una plataforma  estatal que nace para proponer una transición energética justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, poniendo la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro. Esta red cuestiona el modelo energético centralizado que se plantea ya que cree que satura los territorios con proyectos de renovables a gran escala y líneas de alta tensión lo que resulta devastador para el paisaje y la biodiversidad, y genera en la sociedad un ideal de consumo ilimitado frente a alternativas menos dañinas y menos consumistas.

Desde la Plataforma ALIENTE recuerdan que, ya en 2020, 23 científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de varias universidades publicaron un artículo en la revista Science en el que denunciaban que el desarrollo de renovables a gran escala (eólica y fotovoltaica), tal y como se viene desarrollando y potenciando en España, puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles. Como ejemplos del impacto que ya producen algunas de estas instalaciones refieren una importante mortalidad de aves, como buitres o murciélagos, al chocar con las turbinas en funcionamiento. Las personas firmantes no tienen duda de la necesidad de energías renovables, pero creen que deben coexistir con la biodiversidad y para ello es necesaria la protección de los territorios por parte de las administraciones.

Junto a la protección de la biodiversidad, también existen dudas sobre la gestión de los residuos eólicos o solares de este tipo de centrales. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) en Economía Circular, presentado por el Gobierno español en este mes de marzo, ya alerta de que va a ser necesario, en los próximos años, abordar la gestión de las instalaciones existentes que lleguen al final de su vida útil. Respecto a la energía eólica, el Plan expone que considerando la media aproximada de los tipos de aerogeneradores instalados y que se sustituirán en la próxima década, hasta 2030 se estima entre 70.000 y 85.000 toneladas de material compuesto desechado por fin de vida útil de las palas. “El cierre de estas instalaciones supone la generación de una gran cantidad de residuos que, de no ser adecuadamente tratados, reintroduciendo los materiales recuperados de nuevo en los canales productivos, implicará un gran impacto sobre el medio ambiente”. Respecto al sector fotovoltaico, según el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en el escenario más conservador, se calcula una generación anual de unas 10.000 toneladas entre 2022 y 2027. El documento alerta de que “con respecto al reciclaje, no existen a día de hoy en nuestro país plantas de reciclaje con capacidad suficiente (soportan apenas unas 2.000 toneladas al año), y sólo una de ellas realiza el proceso completo, al ser aún un mercado pequeño”.

En las diferentes denuncias a megaproyectos presentes en distintos puntos de España planea también el enfrentamiento a un modelo de transición energética en manos de entidades privadas, impulsada en muchas ocasiones por inversores extranjeros. “Esto está favoreciendo una nueva burbuja especulativa que convierte nuestros territorios en una fuente extractiva de beneficios a mano de los de siempre, con unos márgenes de beneficios obscenos, mientras los precios de la factura de la luz no dejan de aumentar”, explican desde ALIENTE. “No ha habido información clara y transparente hacia los que vivimos aquí. Nos hemos enterado y mal a posteriori. En el proyecto pone que el impacto visual será terrible, pero como no llegamos a 60 vecinos será que no somos importantes. Se aprovechan de la despoblación, de la gente mayor de estos pueblos…”, opina Beatriz.

Tanto la Plataforma ALIENTE como las plataformas y redes ciudadanas que alertan contra estos proyectos proponen como alternativa una transición energética justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo. Un modelo respetuoso con el medioambiente, que tenga en cuenta las necesidades del territorio y respete sus recursos. Dicen un “sí” a las energías renovables, pero “no” con el modelo actual. El modelo por el que abogan requiere de inversores y financiadores pacientes, que compartan y pongan la defensa del territorio, su población y su biodiversidad en el centro, por delante de beneficios económicos. Un modelo por el apuestan también las entidades de finanzas éticas.