¿Por qué es importante la gobernanza en las inversiones sostenibles?

El pasado mes de diciembre ha sido un mes complicado para la evolución del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE y su voluntad de crear una propuesta de clasificación (taxonomía) para las inversiones sostenibles. Tras meses y meses de negociaciones, finalmente la Comisión Europea incluía la energía nuclear y el gas en el borrador de la lista de actividades económicas consideradas «sostenibles«, provocando división de opiniones entre los diferentes países europeos.  España emitía comunicado reiterando su rechazo a incluir la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía verde europea, mientras que Francia defendía la inclusión de la nuclear y Alemania calificaba su inclusión de inaceptable pero ve con menos recelos la calificación del gas como verde. La Comisión ha lanzado una consulta a los países miembro en base a la cual elaborará la propuesta final que, en teoría, debería llegar a finales de enero.

Pero junto a esta noticia, llamativa, se producía otra que ha tenido menos eco en los medios de comunicación. Por segunda vez, se rechazaba una propuesta de iniciativa legislativa en materia de gobierno corporativo sostenible, es decir, la posibilidad de crear una clasificación que, junto a la llamada taxonomía “verde” y la taxonomía social, completara el círculo de aspectos a tener en cuenta a la hora de clasificar las inversiones sostenibles. Esta clasificación exigiría a las empresas integrar las consideraciones de sostenibilidad en sus estrategias corporativas, modelos de negocio, toma de decisiones y supervisión.

Varias ONG internacionales, entre las que se encuentran Oxfam Intermon, Amnistia Internacional o Finance Watch, han denunciado este rechazo europeo a la puesta en marcha de una normativa sobre gobernanza, enviando cartas a diferentes representantes europeos trasladando que “la experiencia demuestra que las iniciativas iniciativas voluntarias son ineficaces. Los requisitos de divulgación por sí solos no servirán de nada a menos que estén respaldados por una clara obligación de las empresas de establecer objetivos en sus estrategias corporativas”. Estas organizaciones expresan su gran preocupación por el retraso en la publicación de la propuesta legislativa sobre gobierno corporativo sostenible, así como por la falta de información que explique el nuevo retraso.

¿Por qué es importante la gobernanza en las inversiones sostenibles?

Dentro de los aspectos Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG) quizás sea este último el que menos presencia propia ha tenido dentro de las finanzas sostenibles. No obstante, como señala el informe “La gobernanza en las finanzas sostenibles”, publicado el pasado mes de diciembre  por Spainif, plataforma referencia en materia de inversión sostenible y responsable en España, “la reputación de las entidades está estrechamente vinculada a la forma en la que estas abordan su gobernanza y, por tanto, su riesgo financiero depende en gran medida de las actuaciones, medidas y protocolos que asuman en esta materia. Por tanto, como indica el propio informe, “si no se cumplen los criterios de gobernanza, aunque se cumplan los ambientales y sociales, no estamos ante una opción financiera sostenible”.

Pero ¿qué aspectos incluyen los criterios de gobernanza? Referente a los aspectos ambientales (A) existen consensos científicos que permiten establecer los indicadores, y en el caso social (S), aunque más difícil, existen consensos establecidos para elaborar también una clasificación. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buen gobierno? La “G” de gobernanza aborda elementos complejos como la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, las relaciones con los grupos de interés, los procesos de toma de decisión de la compañía, los compromisos políticos con aspectos como la fiscalidad o los derechos humanos, las políticas de remuneración de altos cargos, la alienación de las personas de dirección con las políticas de sostenibilidad, los compromisos de la compañía en la lucha contra la corrupción y el soborno, etc.

Es decir, bajo el nombre de “gobernanza” se integran cuestiones de gestión del trabajo interno así como factores relacionados con la actuación de la empresa dentro de la sociedad. Para Spainif “analizar el estado de estos aspectos será clave, no solo para aumentar la trasparencia, credibilidad y responsabilidad empresarial, sino para trazar una guía clara y estimular el liderazgo necesario para alcanzar los Objetivos Ambientales y Sociales de la EU así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, tanto para grandes empresas como PYMES, especialmente cuando estas medidas sean requeridas por los inversores, tanto institucionales como retail, dentro de su análisis en la inversión sostenible”. La gobernanza como eje vertebral de la empresa puede suponer una herramienta facilitadora del alcance de los objetivos ambientales y sociales de las empresas y, más allá, de los planes superiores estatales o europeos.

Es por ello, que, como hemos mencionado, entidades como Finance Watch subrayan que una propuesta legislativa para incorporar la sostenibilidad en el gobierno corporativo es indispensable para establecer los incentivos y las obligaciones para que las empresas hagan una transición hacia una economía sostenible. “Sin esta iniciativa, la Unión Europea corre el riesgo de no alcanzar su objetivo de transición hacia una economía sostenible e inclusiva que funcione para las personas”, señalan en la carta enviada a la UE.

Causa del rechazo: el trabajo de los grupos de presión

Los contratiempos y retrasos de una posible directiva europea sobre gobierno corporativo vienen de lejos.  Incluso antes de este último rechazo de diciembre, ya las posibilidades de regularización de estos aspectos se tambaleaban. Por ejemplo, las nuevas normas vinculadas a debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales debían haberse propuesto en junio, pero la Comisión las ha retrasado varias veces, siendo el nuevo horizonte los meses de febrero o marzo.

Algunas informaciones aparecidas señalan como posible causa del rechazo a esta legislación las presiones de determinados lobby que ven esta posible normativa como una violación de la libertad de acción de la empresa privada. De hecho, la Confederación de la Industria Danesa publicaba un comunicado, a inicios del pasado mes de diciembre, alabando el archivo por parte de la Comisión Europea de las normas de gobierno corporativo de los Estados miembro e indicando “esto se debe en gran parte a la enorme presión ejercida por la Confederación de la Industria Danesa” que considera que la competitividad de las empresas europeas se vería comprometida.

Estas acciones de presión preocupan a ONG internacionales que manifiestan abiertamente sus dudas sobre la opacidad del Consejo de Control Reglamentario (RSB), órgano interno de la Comisión Europea que vela por que las propuestas legislativas sean de suficiente calidad, cumplan el principio de proporcionalidad y estén respaldadas por pruebas. “Pedimos más transparencia sobre las razones del rechazo, y subrayamos que el nivel de ambición de la futura propuesta no debería reducirse como resultado de este rechazo”, señalan en la carta enviada a la UE

Los próximos meses son importantes para ver el desarrollo de esta crucial iniciativa reguladora sin la cual la transición de Europa hacia una economía sostenible puede estar en peligro.