La urgente necesidad de unas finanzas sostenibles

Artículo publicado originalmente en El Correo

El Parlamento Europeo aprobó este año, poco antes de su disolución, un nuevo paquete de medidas legislativas relacionadas con la regulación del sistema bancario. Entre ellas destaca el intento de fijar una definición que delimite los contornos de lo que se puede entender como finanzas sostenibles. Son muchos los matices de este debate, pero podemos identificar al menos tres ejes sobre los que giran una parte importante de las propuestas, algunas de las cuales responden en buena medida a las asignaturas pendientes del sector financiero en su intento de recuperar una legitimidad que quedó seriamente dañada tras la crisis de 2008.

El primero está relacionado con el valor y eficacia de las políticas orientadas a promover las actividades financieras sostenibles, definiendo una taxonomía verde que reconozca y apoye con medidas concretas las inversiones respetuosas con el medioambiente. En este frente, la discusión se plantea en torno a la sospecha sobre la incapacidad de esa calificación para generar dinámicas que frenen la inversión en sectores no sostenibles, permitiendo por el contrario estrategias de lavado de imagen (greenwashing) por parte de entidades cuya actividad financiera mayoritaria seguirá apostando por las inversiones con alto impacto medioambiental, dejando a las inversiones verdes un lugar prácticamente simbólico.

Otro de los ejes podemos situarlo sobre la base misma del concepto de desarrollo sostenible y plantea la inconsistencia de aislar los impactos medioambientales de los sociales cuando hablamos de sostenibilidad. El debate nos recuerda que no es posible hablar exclusivamente de finanzas verdes sin entender que ambos espacios, social y ecológico, se encuentran íntimamente interconectados. De no entenderlo así, corremos el riesgo de transitar un camino (que en buena medida estamos ya recorriendo) hacia una sociedad pretendidamente sostenible y absolutamente injusta, a la que habríamos llegado tras haber expulsado de los núcleos de bienestar a quienes, sencillamente, no caben.

El tercer eje es un viejo conocido que ya se puso nítidamente de manifiesto a raíz de la crisis de 2008. Hace referencia a las asimetrías de poder e información entre proveedor y cliente y sus consecuencias sobre el derecho del cliente de tomar decisiones conscientes y adecuadamente informadas. En el ámbito de la actividad financiera, esta cuestión apunta a diversos elementos: desde los relacionados con las prácticas fiscales de la entidad financiera, hasta el contenido y los canales empleados para ofrecer la información, pasando por
la propia naturaleza de los productos ofertados, cuya creciente complejidad dificulta enormemente su adecuada comprensión, al tiempo que posibilita esquemas de comisiones muy difíciles de desentrañar. Es bien cierto que algunos de estos elementos, especialmente los relacionados con la elusión fiscal y el uso masivo
de paraísos fiscales, exigen regulaciones específicas, que en muchos casos deberían ser adoptadas a escala global. Pero es importante asimismo resaltar que profundizar en la transparencia de las entidades financieras posibilitaría discriminar, desde una demanda consciente y electiva, a quienes incorporan la sostenibilidad como una prioridad ineludible.

Todo este complejo panorama vuelve una vez más a mostrar que
hablar de sostenibilidad genera mensajes dirigidos no solo a las entidades financieras, y que el papel de los organismos de regulación y de todos aquellos que, a distintos niveles, consumen productos financieros resulta también clave. En este sentido, merece la pena considerar el potencial de algunas propuestas financieras especializadas en sectores de gran valor social, que han sido creadas desde la sociedad civil sobre la base de un firme compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Propuestas cuya naturaleza germinal no niega sus posibilidades reales de desarrollo, que dependerá en gran medida del respaldo social y del apoyo institucional que puedan encontrar.

Es importante subrayar también que todos estos debates se encuentran influidos decisivamente por la llegada de las FinTechs, nuevos modelos de intermediación propios de las economías digitales que están llamados a cambiar el sector de forma muy significativa en los próximos años. Una transformación digital que no se reduce al sector financiero y digital y que plantea la necesidad de reglas específicas que están aún por desarrollar y que deberán suponer la
concreción normativa de lo que podemos ya considerar una nueva generación de derechos humanos.

El debate sobre las finanzas sostenibles está en marcha y de su evolución depende en buena medida cómo nuestras sociedades se articularán en el futuro. Las responsabilidades políticas en este proceso resultan ineludibles, pero existe también un claro espacio de actuación para la ciudadanía y para muchas otras organizaciones e instituciones sociales. Un espacio que se manifiesta cuando tomamos decisiones como profesionales o consumidores… y también como votantes. Es interesante recordarlo en estos últimos tiempos electorales.