Comunidades energéticas: una experiencia social

“Las comunidades energéticas son, principalmente, un concepto social, donde la gobernanza de ciudadanos, pymes y autoridades locales prima”, indica la web del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Concepto social? ¿No estamos hablando de autoconsumo energético colectivo? “Las comunidades energéticas son grupos de personas o colectivos que se juntan para resolver necesidades energéticas de calor, movilidad, etc., pero diría que sus principales características son el carácter colectivo, su horizontalidad en la toma de decisiones y que el lucro no es su objeto social. A partir de ahí puede haber diferentes modelos. Nuestra cooperativa puede ser una comunidad energética, pero también una comunidad de vecinos que instala una placa solar en su edificio”, explica Santiago Campos, técnico de la cooperativa castellano y leonesa Energética.

Experiencias y procesos colectivos

En Arroyomolinos de León, un municipio de la provincia de Huelva con 965 habitantes, la Asociación local MUTI organizó en 2019 unas jornadas divulgativas sobre buenas prácticas en transición energética y cómo incorporarlas a la agenda municipal de desarrollo sostenible en el mundo rural. Organizadas conjuntamente con el ayuntamiento de la localidad, sirvieron de punto de inicio de un proceso colectivo para la puesta en marcha de una comunidad energética local, aún en constitución. El proceso no sólo ha incluido el desarrollo administrativo, financiero y burocrático para la puesta en marcha de la instalación fotovoltaica de autoconsumo compartido, si no que también ha incluido un servicio de información sobre contratación responsable, eficiencia energética y autoconsumo eléctrico para toda la población, así como actividades de sensibilización sobre la materia.

En este municipio onubense la producción se repartirá entre el edificio del colegio, donde se instalarán las placas solares tras el permiso del Ayuntamiento, y alrededor de 30 viviendas de familias de la localidad que serán escogidas atendiendo a diversos criterios (renta, cercanía a la instalación, etc.), a través de un grupo promotor formado por los diferentes actores implicados. “Las potencialidades de este modelo son enormes. Supone recuperar lazos comunitarios, procesos de solidaridad, usar la energía en múltiples facetas más allá del autoconsumo, por ejemplo, movilidad compartida, servicio de taxi para personas con edad más avanzada o rehabilitación energética de edificios…”, reflexiona Rosario Alcantarillas, técnica de la Escuela de Economía Social y una de las impulsoras de ALUMBRA, la propuesta de Comunidad Energética de Arroyomolinos de León (Huelva), el pueblo donde vive.

En Agés, un pueblo burgalés, con cerca de 50 habitantes empadronados, es la Junta Vecinal, socia de la cooperativa Energética, quien ha impulsado la creación de una comunidad energética formada por administración local, vecinos y algún negocio del pueblo. El proyecto contempla colocar una instalación de placas solares en la cubierta del albergue municipal que permita dar suministro a 12 hogares, el teleclub de la localidad, el alumbrado público, el albergue y la iglesia parroquial. “Los principales obstáculos surgen del desconocimiento legal, de la falta de estandarización. Nosotros no teníamos referentes de proyectos similares en nuestro entorno. Es cierto que, en nuestro caso, al asumir el liderazgo del proyecto desde la propia Junta Vecinal es más fácil, aunque le resta horizontalidad que intentamos paliar mediante la invitación a los vecinos a participar en un grupo de trabajo para desarrollar las ordenanzas municipales del proyecto. Esto hace que la gente defienda y entienda el proyecto como suyo. Es otra forma dar voz y voto”, explica Diego Martín, miembro de la Junta Vecinal de Agés.

El desconocimiento y llegar a acuerdos son principales obstáculos

Para Santiago Campos, de Energética, el principal obstáculo es el societario, “dedicarle tiempo a llegar a acuerdos entre las partes respecto a temas difíciles como la propiedad, el reparto de la producción, de los costes, la ubicación y la cesión de uso, los sistemas de compensación de aportaciones, los sistemas de almacenamiento, etc”. Son posibles aspectos problemáticos que hay que aclarar y dejar recogidos en acuerdos. Para Rosario Alcantarillas, de la Escuela de Economía Social, también puede suponer un obstáculo a veces el desconocimiento de estos procesos por parte de algunas administraciones. “No saben bien cómo hacerlo, que un ayuntamiento también puede formar parte, hay miedos jurídicos y administrativos a la hora de dar permisos, ceder terrenos, ceder cubiertas, participar. Son procedimientos que no se han hecho hasta ahora. Hay cesiones de cubiertas a 25 años, pero otras administraciones, ante el miedo, las ceden a 4 años”.

La financiación que requiere este tipo de instalaciones no es a priori una dificultad. Se trata de instalaciones con unos requerimientos de inversión entre los 50.000 y los 100.000 euros, que cuentan con algunas subvenciones que pueden cubrir una parte del presupuesto y, además, los plazos de amortización son cortos. En algunos casos el proyecto requiere de fondos propios, aportados por la propia ciudadanía que participa o por la administración local, si es ella la que lidera el proceso. En otros casos el carácter social de la iniciativa propicia también el uso de herramientas de financiación colectiva como el crowdfunding o el crowdlending. Muchas de estas iniciativas están vinculadas a la economía social por lo que tienen en las finanzas éticas, y su apuesta por el cambio de modelo energético y social, una aliada para la financiación.

Mucho más que beneficios individuales

Aunque el beneficio económico individual es el que más puede llamar en algunos casos a constituir este tipo de iniciativas, los beneficios comunitarios pueden ser mayores. “Tiene que haber un beneficio individual, que puede ser algo de ahorro en la factura de la luz, pero las comunidades energéticas tienen un potencial enorme más allá de la propuesta de autoconsumo compartido, tiene que haber un beneficio colectivo. Este modelo puede ser una puerta abierta a otros modelos de participación y gestión con una visión más global. El reto es empoderar a la ciudadanía. Si es ella quien impulsa y toma las decisiones, las grandes corporaciones no podrán controlar todo este sector”, señala Rosario Alcantarillas.  Así estas comunidades energéticas pueden ser la puerta abierta a otros usos de energía compartida como rehabilitación energética de edificios, movilidad compartida, energía térmica, etc., incluidos procesos de solidaridad con familias con menos recursos.

Para Santiago Campos, junto al impacto social, el principal beneficio de la figura de las comunidades energéticas es sin duda el ambiental. “Se trata de una producción de cercanía, que integra las energías renovables en el día a día y acompaña la demanda a la generación de energía. Se es más consciente del ritmo de producción, pongo la lavadora cuando hay sol, por ejemplo”. Para Diego Martín, es importante el ejemplo de estas comunidades para que “vaya calando el concepto de soberanía energética y opciones alternativas de consumo”.

¿Pueden las comunidades energéticas ser una alternativa a los grandes macroproyectos de plantas solares y eólicas que afectan a muchas poblaciones rurales? “Es la alternativa “, señala Santiago Campos, “es el modelo a seguir. Pero junto a ello es necesario algo muy importante: sensibilizar sobre la necesidad de reducir el consumo. Si redujéramos un 15% de nuestro consumo energético no haría falta opciones de las que se habla como la quema de gas y se reduciría de manera importante el precio de la electricidad. Es clave sensibilizar sobre la eficiencia, el ahorro y la austeridad en el consumo de energía”.