“Recursos hay, pero mal distribuidos”, Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal en Oxfam

En la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla, del 30 de junio al 3 de julio 2025, España y Brasil lanzaron una coalición para impulsar la tributación de las grandes fortunas. La iniciativa busca que quienes más riqueza concentran contribuyan de manera justa a financiar políticas públicas y desarrollo sostenible. No es la primera vez que se plantea este debate: ya en la cumbre del G20 del pasado año, Brasil intentó liderar una propuesta similar que no ha acabado de prosperar.

Conversamos con Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal en Oxfam, organización que destaca la importancia de esta iniciativa y enfatiza que no se trata solo de un debate técnico, sino una cuestión de justicia fiscal y de voluntad política

En la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla se anunció la creación de una coalición para impulsar una mayor tributación a las grandes fortunas. ¿Cómo valoráis desde Oxfam esta iniciativa?

Para nosotros fue uno de los grandes logros de la conferencia de Sevilla, uno de los avances más importantes. Y hay que entenderlo en el contexto político actual: un anuncio así, en otro momento, no tendría el mismo valor. La conferencia fue el broche final para ratificar un acuerdo ya negociado —el Compromiso de Sevilla— que llegó con 192 países ratificándolo. La conferencia no era tanto para negociar, sino para mostrar posicionamiento político y liderazgo de algunos países. España, como anfitrión, quiso que no se quedara solo en un documento, sino que hubiera garantías de que podían ponerse en marcha acciones. Y ahí surge la Seville Platform for Action (SPA), donde distintas instituciones presentaron iniciativas. Una de las que tomó más fuerza fue la liderada por España y Brasil sobre la tributación de los superricos.

El año pasado, durante la presidencia de Brasil en el G20, se abrió por primera vez el debate sobre la concentración de riqueza y la necesidad de gravar a los más ricos. ¿Qué continuidad tiene la propuesta presentada ahora en Sevilla con aquella agenda del G20?

Esta es una agenda nueva que cobró fuerza cuando el año pasado Brasil asumió la presidencia del G20 y logró que los líderes mundiales apoyaran un acuerdo histórico donde, por primera vez, se reconoció que la concentración y el crecimiento de la desigualdad de riqueza son un problema para la sostenibilidad y para el crecimiento, y que había que generar una agenda compartida para gravar a los más ricos. Ese acuerdo fue histórico. Pero con la presidencia de Sudáfrica este año debería haberse dado continuidad y no está siendo fácil. La cumbre de líderes del año pasado ya tuvo lugar después de que Trump ganara las elecciones —aunque aún no había asumido la presidencia—, y en el contexto actual del G20 avanzar en consensos concretos es mucho más difícil.

Esto plantea que no será tan fácil lograr avances en el G20, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo se celebrará en Estados Unidos, en diciembre de este año. Pero eso no impide que haya países que compartan esta preocupación y tengan voluntad de seguir adelante. La declaración de la iniciativa liderada por España y Brasil recoge ese compromiso. España ya había apoyado mucho a Brasil durante su presidencia del G20 y recoge el testigo. Si el G20 no es el marco, no se quiere tirar la toalla: significa buscar las vías para poner en marcha esta agenda a nivel nacional, regional e internacional. Esa es la voluntad política de la iniciativa de Sevilla: aunque algunos países bloqueen, no es la única vía, y se hace una llamada a otros a sumarse.

¿Se están sumando más países a la coalición? ¿Qué países podrían sumarse a esta iniciativa?

Lo que hemos escuchado de los gobiernos de Brasil y de España es que están trabajando en lo que supondría esa agenda concreta: cuáles serían las puertas de entrada para planteársela a distintos países y, a partir de ahí, convocar una primera reunión con varios que ya tengan cercanía o interés. La idea es sumar países de América Latina, Europa, África y Asia. En Sevilla, Sudáfrica anunció que se sumaba. Su presidente ha creado un comité extraordinario sobre concentración extrema de riqueza, con expertos como Joseph Stiglitz, que presentará propuestas en el marco del G20, aunque no como documento oficial, sino como iniciativa del gobierno sudafricano. Tenemos a Brasil, que abrió la posibilidad en el G20; a España y Brasil, que dicen “no tiramos la toalla”; y a Sudáfrica, que quiere generar contenido y posiciones de expertos. Además, en Francia hay un debate muy potente sobre tributación a los superricos frente a programas de austeridad, lo que muestra que es un tema presente en varios países.

Esperamos que, en América Latina, países como Chile, Colombia, Uruguay o México puedan sumarse. También esperamos que haya otros países africanos como Ghana y Kenia, en los que ya ha habido algún interés. En Asia, Sri Lanka ya está planteando iniciativas para avanzar en esta dirección. Hay interés en varios lugares, y también esperamos que más países europeos se unan.

España impulsa esta coalición, pero no ha cumplido sus compromisos en cooperación al desarrollo. ¿No es contradictorio?

Nos toca seguir pidiendo mayor compromiso y cumplimiento de los compromisos también en cooperación. Pero eso no quita que reconozcamos este avance. No es lo uno o lo otro: hay que reconocer la relevancia de este paso en el contexto actual y, al mismo tiempo, exigir en otros ámbitos. No es la primera vez que el Gobierno español hace declaraciones en este mismo sentido, como cuando Pedro Sánchez dijo en Davos que había que acabar con los paraísos fiscales delante de inversores. Vemos medidas en esa línea, pero también tenemos que exigir coherencia en otros espacios, como en la Unión Europea o en negociaciones sobre fiscalidad corporativa.

Cuando hablamos de gravar a los ultrarricos, ¿de qué niveles de riqueza hablamos?

Depende de cada país. En Estados Unidos se puede hablar de patrimonios por encima de 100 millones; en Sudáfrica tendría que definirse con umbrales más bajos. La idea es poner en común experiencias, ver a qué perfiles de contribuyentes se dirige, qué problemas hay para acceder a la información y qué condiciones administrativas o políticas hacen falta. España tiene 20 años de experiencia con el impuesto al patrimonio; Brasil parte de cero. Cada país tiene un perfil de concentración de riqueza distinto, y las soluciones no son iguales. Por eso esta iniciativa busca compartir avances técnicos y experiencias, pero también generar condiciones políticas y sociales favorables.

¿Podrías dar un ejemplo que ilustre esa desigualdad fiscal?

En países como España un contribuyente de renta media puede estar pagando en tipos efectivos lo mismo que alguien con patrimonios mucho más altos. Gabriel Zucman ha demostrado que los milmillonarios del planeta pagan de media un tipo efectivo del 0,5 % sobre su riqueza. Eso es muy poco comparado con lo que paga un trabajador o trabajadora corriente. En la práctica, los más ricos pagan menos, y eso rompe la progresividad del sistema: cuando se llega al 0,001 % más rico, la progresividad desaparece y se genera una élite ultrarrica y ultrapoderosa.

Que alguien con muchísimo patrimonio pague muy poco comparado con quien apenas llega a fin de mes es lo que lo que la ciudadanía no entiende. Pensar que es más fácil recortar servicios públicos que pedir a quien más tiene que contribuya más. Y no tiene sentido: en España son pocas personas las que poseen patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares. ¿Por qué cuesta tanto pedirles que aporten un poco más cuando al resto de la ciudadanía se le pide más esfuerzo o se le anuncian recortes en pensiones y políticas públicas? Eso es lo que está generando un cambio de percepción.

Una de las posibles dificultades de esa tributación a rentas muy altas es el riesgo de movilidad del capital. ¿Qué medidas pueden evitar que los superricos trasladen su riqueza a otros países?

Hay varias. Mayor transparencia y un registro global de activos. Impuestos de salida (exit tax) para quienes trasladan su riqueza. Ampliar los plazos para que sigan contribuyendo después de cambiar de residencia fiscal. Y acuerdos más amplios, como a nivel de la Unión Europea, para que haya un estándar compartido. En España, con el impuesto al patrimonio, ha aumentado el número de declarantes y la recaudación. Las fugas existen, pero son mínimas. Son las mismas amenazas que escuchábamos cuando se hablaba de cambios en la tributación corporativa: se decía que las empresas se irían, pero el coste de irse es muy alto y no es un riesgo tan grande como se plantea.

¿Qué papel puede jugar la ciudadanía y la sociedad civil?

La presión de la ciudadanía es muy importante. La razón por la que gobiernos como el de Brasil están impulsando estas iniciativas es que cuentan con una alta aceptación ciudadana. El caso de Francia ahora es un buen ejemplo: la ciudadanía francesa está diciendo que no cede ante las presiones de austeridad ni ante la idea de que no hay alternativas. La alternativa es que haya una imposición a los superricos. Por tanto, la ciudadanía puede conseguir que el coste de no implantar este impuesto a grandes fortunas sea muy alto para los gobiernos.

¿Qué impacto tendría esta iniciativa en la financiación del desarrollo?

Ahora se dice que no hay recursos, pero no puede haber una falacia más grande: recursos hay, lo que pasa es que están mal distribuidos y no contribuyen de forma adecuada. Cada hora, por la inercia del sistema financiero, 30 millones de dólares fluyen del sur global al norte global. Hay que redistribuir esa riqueza para fortalecer los fondos públicos y destinar parte a la cooperación. Los retrocesos en financiación al desarrollo que se están dando en muchos de los países en estos momentos no tienen que ver con el hecho de que no haya fondos, sino con una falta de voluntad política. Muchos recortes son más ideológicos que presupuestarios y de nuevo ahí la ciudadanía es muy importante.

¿Cuáles son los próximos pasos en esta agenda?

En septiembre se debería estar trabajando ya en una agenda más concreta, y me consta que algunos gobiernos han empezado a acercarse para definirla. Espero que en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York escuchemos compromisos importantes de jefes de Estado. Es un proceso nuevo que necesita tiempo, porque no es lo mismo liderar algo dentro del G20 que empezar desde cero. Hay que seguir presionando, pero también entender que esto necesita un tiempo para cocinarse entre los gobiernos y que todo lo que suceda alrededor en el G20, así como las presiones en el G7 sobre las multinacionales norteamericanas, ayuda cada vez más a comprender la urgencia de esta agenda.