Conflictos armados, gasto militar y sistema financiero

El aumento del gasto en defensa se ha convertido en una constante en los últimos años. Gobiernos de todo el mundo, también en Europa, destinan cada vez más recursos a políticas de seguridad y defensa, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y la proliferación de conflictos armados. Este incremento no es solo una cuestión presupuestaria: va acompañado de un cambio de discurso que presenta el rearme como una respuesta necesaria, inevitable y ampliamente compartida.

Los datos disponibles confirman que el número de conflictos armados activos se mantiene en niveles históricamente altos. Según el Uppsala Conflict Data Program (UCDP), en 2024 se registraron 61 conflictos armados en los que participó al menos un Estado, la cifra más elevada desde que existen registros sistemáticos, en 1946. De ellos, 11 alcanzaron la categoría de guerra, con más de 1.000 muertes relacionadas con el conflicto en un solo año. Aunque no todos estos conflictos son de alta intensidad ni se desarrollan a gran escala, el dato refleja una violencia organizada persistente en múltiples regiones del mundo. Guerras prolongadas como la de Ucrania, el genocidio de Gaza o la situación en Sudán conviven con numerosos conflictos de menor visibilidad, pero igualmente sostenidos en el tiempo. Este escenario de conflictividad elevada forma parte del telón de fondo sobre el que se construyen las políticas de seguridad actuales.

El gasto militar alcanza máximos históricos

En paralelo, el gasto militar global ha experimentado un crecimiento continuado durante la última década. Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en 2024 el gasto militar mundial alcanzó aproximadamente 2,7 billones de dólares, el mayor aumento interanual desde el final de la Guerra Fría. Europa ha sido uno de los principales motores de este incremento. El gasto militar europeo creció alrededor de un 17 % en 2024, impulsado tanto por la guerra en Ucrania como por una revisión generalizada de las políticas de defensa. En el conjunto de la Unión Europea, los Estados miembros destinaron en torno a 343.000 millones de euros a defensa, acercándose al umbral del 2 % del PIB que marca la OTAN como referencia. España se inscribe también en esta tendencia. En la última década, el gasto militar se ha más que duplicado en términos absolutos y el Gobierno ha anunciado su intención de avanzar hacia el objetivo del 2 % del PIB, adelantando plazos inicialmente previstos.

Pero, más allá de las cifras, ha habido un cambio significativo en el marco discursivo que acompaña al incremento del gasto en defensa. La seguridad ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda política, y el rearme se presenta cada vez más como una respuesta inevitable a un entorno internacional incierto, más que como una decisión política sujeta a debate. En este contexto, el aumento del gasto militar deja de ser una opción entre otras y se plantea como una necesidad derivada del contexto geopolítico, reduciendo el espacio para cuestionar prioridades o explorar enfoques alternativos de seguridad. Las implicaciones sociales, económicas y éticas queda en segundo plano.

Seguridad, competitividad y economía

El discurso de la seguridad se entrelaza además con argumentos económicos. La industria de defensa se presenta como un sector estratégico, generador de empleo, innovación tecnológica y competitividad industrial. El énfasis creciente en la seguridad y el rearme no es neutro. En el ámbito europeo, este enfoque aparece con fuerza en el debate sobre sostenibilidad y competitividad, donde se plantean tensiones inéditas, como la consideración de la industria armamentística dentro de marcos pensados originalmente para promover la transición ecológica. Este giro no es menor: implica redefinir qué actividades se consideran prioritarias, qué sectores merecen apoyo público y qué inversiones se consideran legítimas en nombre de la seguridad y la estabilidad económica.

Todo este entramado no podría sostenerse sin el sistema financiero. El gasto militar público se apoya en mecanismos como la deuda, los mercados financieros y la intermediación bancaria, mientras que la industria armamentística requiere crédito, inversión y servicios financieros para operar y expandirse.

El enfoque de las finanzas éticas frente a este escenario

En este contexto de rearme y normalización del gasto en defensa, las finanzas éticas introducen un enfoque claramente diferenciado sobre el papel del sistema financiero. Su punto de partida es que no todo es financiable, incluso cuando determinadas actividades se presentan como estratégicas o necesarias desde el punto de vista político o económico. A diferencia de la banca convencional, el modelo de las finanzas éticas incorpora criterios explícitos de exclusión, junto con criterios positivos de impacto social y ambiental. Estos criterios no se aplican de forma coyuntural, sino que forman parte de su identidad y de su gobernanza.

Uno de los elementos más claros y compartidos dentro del sector de las finanzas éticas es la exclusión del armamento. Esto incluye tanto la financiación directa de empresas fabricantes de armas como la inversión indirecta a través de fondos, bonos o productos financieros vinculados al sector. Esta exclusión se fundamenta en varios principios: la incompatibilidad del armamento con la protección de los derechos humanos, el impacto directo de las armas en los conflictos armados y la violencia; y la imposibilidad de generar un impacto social positivo a partir de actividades diseñadas para la destrucción.

El actual debate europeo sobre sostenibilidad, competitividad y seguridad plantea nuevos retos para las finanzas éticas. La posible consideración de la industria armamentística como sector estratégico, o incluso su encaje en marcos vinculados a la sostenibilidad, genera tensiones evidentes con los principios del sector. Ante este escenario, las finanzas éticas no plantean una respuesta técnica, sino política en el sentido amplio del término: reivindican que la sostenibilidad no puede desvincularse de la paz, los derechos humanos y la justicia social, y que ampliar los marcos de financiación sin revisar sus impactos supone vaciar de contenido los propios conceptos que se pretende proteger.

Desde esta óptica, las decisiones financieras adquieren una dimensión clave. Dónde se invierte, a qué sectores se destinan los recursos y qué actividades se priorizan contribuye a definir qué modelo de sociedad se refuerza y qué riesgos se asumen como aceptables. En un contexto en el que el incremento del gasto en defensa se presenta como inevitable, las finanzas éticas recuerdan que toda decisión financiera es una decisión con consecuencias. No ofrecen soluciones simples ni respuestas cerradas, pero sí establecen límites claros y abren espacios de reflexión sobre el papel del dinero en la construcción de seguridad, paz y bienestar. En ese sentido, las finanzas éticas no solo operan como una alternativa financiera, sino también como una herramienta crítica para pensar el modelo económico y social que se está consolidando.