De la igualdad formal a la soberanía económica: el desafío pendiente de las mujeres

El pasado 5 de marzo se presentó en Bilbao el informe “Finanzas y desigualdades de género. ¿Dónde estamos una década después?”, una investigación impulsada por Finantzaz Haratago, con la participación de Oikocredit Euskadi, Asociación Finanzas Éticas Euskadi y Economistas Sin Fronteras. El estudio retoma el diagnóstico realizado hace diez años en Euskadi para analizar cómo han evolucionado las desigualdades de género en el ámbito financiero y económico, identificando avances, persistencias y nuevos desafíos. La presentación corrió a cargo de Cristina de la Cruz, investigadora sénior del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y profesora de la Universidad de Deusto.

Para comprender la profundidad de estas desigualdades es necesario mirar el recorrido histórico que ha marcado la relación de las mujeres con el dinero, la propiedad y la autonomía económica. El 2 de mayo de 2025 se cumplieron 50 años del fin de la licencia marital en España, una institución que simbolizaba la subordinación económica de las mujeres al marido. Durante décadas, las mujeres casadas necesitaban autorización para abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato o emprender una actividad económica. Su eliminación supuso un hito en el reconocimiento de la igualdad jurídica.

Medio siglo después, el avance normativo es evidente. España cuenta con uno de los marcos legales más desarrollados en materia de igualdad y ha legislado ampliamente sobre participación económica, acceso al crédito y protección frente a la discriminación. Sin embargo, la igualdad legal sigue sin traducirse plenamente en igualdad real, debido a estructuras económicas y sociales que continúan limitando la autonomía financiera de las mujeres.

El estereotipo financiero

La desigualdad financiera contemporánea no se explica únicamente por factores económicos. Responde también a estructuras simbólicas, culturales e institucionales que continúan organizando de forma desigual la relación de mujeres y hombres con el dinero, el crédito y la propiedad. Uno de los pilares de la desigualdad económica de género es el estereotipo persistente de la supuesta falta de formación financiera de las mujeres. Sin embargo, esta idea responde más a una construcción cultural profundamente arraigada que a una realidad empírica. El lenguaje cotidiano lo ilustra con claridad. Las mujeres suelen hablar de “llegar a fin de mes”, de gestionar los gastos del hogar o de equilibrar el presupuesto familiar. Sin embargo, ese conocimiento práctico rara vez es reconocido como competencia financiera. La cultura financiera dominante asocia el saber económico a conceptos como inversión, riesgo o rentabilidad, tradicionalmente vinculados al universo masculino.

Se consolida así una división simbólica de roles financieros. Por un lado, las mujeres se ocupan de la gestión de la escasez y de la operativa cotidiana. Por otro lado, los hombres se sitúan en la esfera de la abundancia y de la inversión estratégica. Esta distribución simbólica tiene consecuencias materiales claras. La brecha de pensiones en España continúa rondando el 30%, reflejo acumulado de trayectorias laborales más precarias, salarios más bajos y carreras profesionales interrumpidas por el peso de los cuidados.

Además, persiste el llamado “mito de la cultura financiera”. Numerosos estudios muestran que, incluso controlando variables como educación, renta o edad, más del 60% de la brecha financiera entre mujeres y hombres permanece sin explicación técnica. La menor percepción de bienestar financiero no responde, por tanto, a una simple falta de conocimientos, sino a un entramado estructural de desigualdades. A ello se suman factores como la asunción mayoritaria del trabajo de cuidados y la denominada “tasa rosa”, que introduce sobrecostes en productos y servicios dirigidos a mujeres, estimados en torno al 7%.

La arquitectura de la exclusión financiera

El sistema financiero contemporáneo tampoco es neutro y la desigualdad también se reproduce en el propio diseño de los productos financieros. Gran parte de la industria continúa construyendo sus productos sobre la base de un modelo de cliente masculino estándar. Los bancos están diseñados para un perfil de cliente que dispone de ingresos regulares, carrera profesional ininterrumpida y acumulación patrimonial progresiva. Sus mecanismos de evaluación del riesgo se han construido históricamente sobre trayectorias laborales lineales, estables y continuas. Sin embargo, muchas mujeres presentan trayectorias laborales fragmentadas debido a periodos de cuidados, trabajos a tiempo parcial o mayor exposición a la precariedad. Estas trayectorias son interpretadas por los sistemas de evaluación financiera como señales de riesgo, cuando en realidad reflejan la organización social del trabajo y la distribución desigual de los cuidados.

Esta lógica se vuelve especialmente visible en el ámbito del emprendimiento. Diversas investigaciones muestran que las mujeres tienen aproximadamente un 30% menos de probabilidades de obtener un préstamo bancario para iniciar un negocio. Además, sus proyectos (especialmente cuando se sitúan en el sector servicios) tienden a ser percibidos como extensiones del ámbito doméstico o como actividades de carácter casi aficionado. Esta percepción reduce el acceso al capital y encarece las condiciones de financiación, a pesar de que las empresas lideradas por mujeres presentan, en muchos casos, menores tasas de morosidad.

Esto genera una escasez de instrumentos financieros adaptados a las trayectorias vitales y laborales de muchas mujeres. El resultado es una forma de exclusión estructural que se manifiesta en mayores dificultades de acceso al crédito, condiciones financieras menos favorables y menor acumulación patrimonial.

 

El velo digital

En la era del big data, la discriminación financiera se ha desplazado progresivamente de la ventanilla bancaria al servidor de datos. Las decisiones sobre solvencia económica se toman cada vez más a través de sistemas automatizados cuyo funcionamiento resulta opaco incluso para las propias instituciones que los utilizan. Estos algoritmos se entrenan con datos históricos, lo que implica que las desigualdades del pasado pueden convertirse en reglas implícitas para las decisiones del presente. Las trayectorias laborales discontinuas, vinculadas en gran medida al trabajo de cuidados, son interpretadas como falta de fiabilidad económica. La ausencia de historial financiero profundo (resultado de décadas de exclusión legal y social) se traduce en una puntuación de riesgo elevada.

Aunque la legislación prohíbe la discriminación directa por sexo, los sistemas algorítmicos pueden reproducirla mediante variables indirectas: patrones de consumo, códigos postales, interrupciones laborales o niveles de renta. La consecuencia es una discriminación estructural difícil de detectar y aún más difícil de impugnar jurídicamente. Este fenómeno genera además una forma silenciosa de exclusión: la autoexclusión. Muchas mujeres ni siquiera solicitan determinados productos financieros porque anticipan su rechazo. Se trata de una percepción alimentada por un sistema que, durante décadas, ha naturalizado jerarquías económicas y simbólicas.

Hacia la soberanía económica

La autonomía económica de las mujeres no puede limitarse a la mera capacidad de gestionar el gasto cotidiano. Implica avanzar hacia una verdadera soberanía económica, entendida como la capacidad de controlar y decidir estratégicamente sobre los recursos financieros. Para ello, la igualdad de trato no puede basarse únicamente en leyes de acceso formal. Es necesario transformar las estructuras que generan exclusión. En primer lugar, resulta imprescindible avanzar hacia una auténtica justicia algorítmica mediante auditorías obligatorias de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el ámbito financiero. En segundo lugar, es necesario promover modelos de finanzas éticas que dejen de penalizar las trayectorias laborales vinculadas al trabajo de cuidados. Finalmente, cualquier reforma del sistema financiero debería situar en el centro la sostenibilidad de la vida y no exclusivamente la maximización del beneficio.

50 años después del fin de la licencia marital, el desafío ya no es únicamente garantizar el acceso formal de las mujeres al sistema económico, sino construir un modelo financiero que haga posible su plena autonomía. Solo entonces podrá hablarse verdaderamente de soberanía económica.