Finanzas éticas y Agenda 2030. Más allá de la utopía: coherencia, participación y transparencia

El 17 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, fecha promovida por Naciones Unidas e importante para el tercer sector y movimientos sociales que se movilizan para exigir políticas públicas que frenen la pobreza en todo el planeta. Naciones Unidas, en su presentación de la campaña de este año, recuerda que la pandemia por el COVID19 no sólo ha significado la muerte de más de 3,7 millones de personas si no que está revirtiendo décadas de mejoras en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, como documenta el informe del Banco Mundial «Projected poverty impacts of COVID-19«, donde se expone que entre 71 y 100 millones de personas están siendo empujadas a la pobreza como resultado de esta crisis. Estas conclusiones son refrendadas también por el último informe presentado, en este mes de octubre, por Cáritas y Fundación FOESSA, “Análisis y Perspectivas 2021. Sociedad Expulsada y Derecho a Ingresos”, donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en nuestro país. En la presentación del informe, ambas entidades han señalado que “la pandemia está dejando un impacto muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias” y destacan que son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España.

La hoja de ruta que supone la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aporta una visión holística que muestra el impacto en las sociedades y en las personas de aspectos como salud, protección del medioambiente, igualdad de género, derechos humanos, etc., integrando tres dimensiones esenciales para el desarrollo sostenible como son la económica, la social y la ambiental. Si bien es destacable la importancia de esta agenda global, aprobada por la comunidad internacional para movilizar la acción colectiva hacia unos objetivos mínimos comunes, son numerosas las críticas internacionales que muestran los ODS como pura retórica, con metas idealistas y con “objetivos y metas que provienen de acuerdos, cumbres y conferencias internacionales fijadas hace años e incumplidos de forma sistemática”, como recordaba en el artículo referenciado Carlos Gómez Gil, profesor de la Universidad de Alicante, y donde abogaba por medidas efectivas de transformación para mejorar el castigado planeta y las condiciones de vida de sus habitantes.

En las estrategias de recuperación post COVID, retomando nuevamente el rumbo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, Naciones Unidas destaca que para avanzar en esa recuperación es necesario “transformar nuestra relación con la naturaleza, desmantelar las estructuras de discriminación que perjudican a las personas que viven en la pobreza y construir sobre el marco moral y legal de los derechos humanos que coloca la dignidad humana en el centro”. En este sentido, las finanzas éticas constituyen una verdadera herramienta de transformación social que, junto con otras iniciativas del ámbito de la economía social y solidaria, propone construir sociedades más justas superando la visión de las finanzas como meras captadoras de recursos y/o financiadoras de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y “destacando su papel generador de otras lógicas y procesos en la esfera económica”, como aporta en su artículo Cristina de la Cruz, de la Universidad de Deusto.

Las finanzas éticas asumen que, en nuestras sociedades actuales, no se puede plantear un modelo alternativo de actividad econó­mica que no tenga en cuenta la vulnerabilidad, la desprotección o la exclusión que, como vemos en los datos, son una realidad. Por eso, las finanzas éticas deben aplicarse a la realidad social, conociendo las emergencias sociales y proponiendo la construcción de una sociedad más justa, “acercando los recursos económicos a la realidad productiva y denunciando el alejamiento de la realidad que suponen las finanzas especulativas”, expone el economista José Ángel Suárez. En esta línea, el tercer informe sobre “Las finanzas éticas y sostenibles en Europa”, publicado a finales del 2020, mostraba la efectividad del sector en el apoyo a la economía real y sostenible, destacando que mientras los bancos convencionales destinan al crédito el 40% de los recursos que obtienen, movilizando el resto hacia la especulación financiera, el sector de banca ética europea invierte en empresas y personas autónomas 3 de cada 4 euros de su balance, invirtiendo el euro restante en fondos de inversión éticos.

Como explica el informe señalado, la coherencia es una de las claves de la actuación de las finanzas éticas. Las finanzas éticas no sólo miden su impacto sino también el impacto en sus carteras y exigen a las empresas en las que invierten los mismos comportamientos que se exigen a sí mismas. Son varias las entidades de intermediación financiera vinculadas a finanzas éticas que publican informes de impacto midiendo la contribución real de sus carteras e inversiones a los ODS, como GLS Bank (Alemania), Banca Etica (Italia y España), Oikocredit (Países Bajos/España) o UmwetlBank (Alemania). Estos balances van más allá de los informes de sostenibilidad publicados por entidades que, en ocasiones, muestran la reducción de su impacto ambiental directo (reducción en el uso de papel, uso de energías renovables en sedes, etc.), pero no se fijan en el de sus financiaciones e, igualmente, tampoco mencionan aspectos relacionados con formas de gobierno, remuneración de personas dirigentes o derechos humanos y trabajo, por mencionar algunos.  En este sentido, junto a la coherencia, la participación y la transparencia son otros dos valores fundamentales en este modelo alternativo. Transparencia en el origen y en el uso del dinero, alejándose, por ejemplo, de prácticas especulativas y uso de paraísos fiscales, pero también claridad en el crédito (información transparente de a quién se está financiando) y en la gestión empresarial. Participación porque, como señala Cristina de la Cruz, lo que las finanzas éticas promueven en cuanto a intermediación financiera es “un modelo de intermediación social de valores, solidaridad e inclusión social, articulados a través de redes ciudadanas densas” que, mediante el ahorro y el préstamo, sin renunciar a algunos derechos propios, como la garantía de devolución o incluso la retribución, es depositado en la entidad no por razones de maximización de la rentabilidad económica. Pero también se promueve la participación mediante modelos de gobernanza inclusivos, con entidades financieras participadas por la ciudadanía interesada.

Si las barreras que dificultan el cumplimiento de los ODS y, por tanto, de avanzar en la recuperación post COVID y la lucha contra la pobreza, tienen que ver con la distancia entre los compromisos adquiridos (políticos y empresariales) y la verdadera implementación de estos en las prácticas reales, es necesario asumir que no es suficiente con asignar a las finanzas el papel de captación y recaudación de recursos, si no que los comportamientos de las propias entidades financieras y sus carteras de inversión también son importantes y no sólo desde el punto de vista medioambiental. Sería bueno volver la mirada hacia un modelo económico y financiero de construcción colectiva, basado en las personas, que vaya más allá de las tendencias y beneficios a corto plazo, poniendo el dinero de la ciudadanía al servicio del bien común.