Las cuentas oscuras de la Corona española

Durante las últimas semanas, han salido a la luz alarmantes noticias sobre la monarquía. El 3 de marzo se hablaba de una supuesta donación que el entonces Rey de Arabia Saudí habría realizado a Juan Carlos I en 2012. Unos casi 100 millones de euros que estaban en cuentas en Suiza, sin declarar, a través de una fundación de la cual el actual rey, Felipe IV es el segundo beneficiario.

El tribunal de Ginebra está investigando este asunto. Cuando la información se hizo pública y se mediatizó a través del diario suizo Tribune de Genève, la Casa Real tuvo que admitir que ya tenía constancia de esta donación, dado que Corinna Larsen, afirmaba ser beneficiaria de más de 65 millones de euros por parte de Juan Carlos I y en 2019 sus abogados le habían comunicado su intención de denunciarle por amenazas y acoso. 

Muchas cuentas que rendir

El sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Hacienda, Gestha, asegura que “la presunta falta de declaración los bienes en el extranjero, la presunta titularidad de la fundación panameña y los supuestos 100 millones en cuentas en Suiza, podrían conformar una posible interposición de sociedades y testaferros con la utilización de paraísos fiscales para que las hipotéticas operaciones, de acreditarse ciertas, no sean conocidas”.

Y que, además, no es el único caso de cuentas en paraísos fiscales que maneja la monarquía española. En 2013 fue conocida la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Don Juan de Borbón dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas.

Posteriormente en mayo de 2016 a través de la filtración de más de 11,5 millones de archivos de los Papeles de Panamá, se publicó la implicación de algunos de los miembros de la Familia Real con el bufete de abogados Mossack Fonseca, que sirvió para ocultar cuentas “offshore” de sus clientes. 

Avui és 3 d’abril, dia mundial contra els Paradisos Fiscals. Data que recorda la filtració dels #PanamaPapers el 2016. Aquí va fil amb dades i arguments. En temps de #COVID2019 faran falta molts recursos. Alguns d’ells es troben als Paradisos Fiscals.#ForaParadisosFiscals pic.twitter.com/uE7x98yZfx

— Xavi Casanovas (@xcasanovasc) April 3, 2020

A pesar de todas las evidencias, el Rey emérito no figuraba como titular de cuentas en Suiza en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), enviado al juez en torno a las declaraciones del IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio y Bienes en el extranjero -en el en auto de sobreseimiento provisional, de septiembre de 2018, del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional sí que constaban-. Como afirman desde Gestha, eso permitió que no se investigara ninguna de aquellas presuntas propiedades y cuentas millonarias.

Las supuestas “renuncias”

Mientras, en plena crisis sanitaria por el coronavirus, Felipe VI, el segundo beneficiario de la fundación que recibió los 100 millones de la monarquía saudí, después de Larsen, anuncia que ha renunciado a la herencia millonaria de Juan Carlos de Borbón. Algo que se ha leído como “reconocer” que esta fortuna está en gran parte acumulada en fondos opacos y paraísos fiscales y que hay indicios racionales de que se haya cometido un delito contra la Hacienda.

Además, Juan Carlos I dejará de recibir su asignación de los Presupuestos Generales del Estado, que cuesta, anualmente 194.232 euros. 

Pero la realidad es que el Rey Felipe VI, como cualquier otra persona, no puede renunciar a una herencia futura, sólo podrá renunciar cuando ocurra el fallecimiento de su padre. De momento, únicamente puede comunicar públicamente que “en su día renunciará” a la controvertida herencia.

Respecto a que la retirada de la asignación próxima a los 200.000 euros anuales, hará que los gastos en los que incurra Juan Carlos I, tengan que ser sufragados con el patrimonio o rentas que obtenga.

Pero no se investiga

Los Técnicos de Hacienda han pedido en varias ocasiones a la Agencia Tributaria (AEAT) investigar a Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La última ocasión fue después que la Mesa del Congreso rechazase por tercera vez la creación de una comisión de investigación y después de que Corinna Larsen hubiese afirmado que la donación que recibió en 2012 desde una cuenta suiza fue un regalo del rey emérito.

Dado que, según ellos, la AEAT tiene el deber de abrir una investigación al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente, para evitar incurrir en una dejación de funciones, y que no existe ningún “escudo fiscal” para proteger a la familia Real.

Gestha aclara que la presunta falta de declaración los bienes en el extranjero (los supuestos 100 millones de la fundación panameña) podría conformar un presunto delito fiscal agravado en el último ejercicio no prescrito administrativamente, es decir, el IRPF 2015. Y que podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves e incluso podría determinarse un presunto delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

«Sería muy conveniente que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero». Artículo de nuestro compañero Carlos Cruzado, de #GESTHA, en @nuevatribuna https://t.co/5IZAsxQV58

— Por Justicia Fiscal (@XJusticiaFiscal) March 19, 2020

Afirman que hay declaraciones de varios implicados ante la Fiscalía suiza que conforman sospechas sólidas y suficientes para iniciar esta investigación tributaria sobre Juan Carlos I. E insisten en que el resto de los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero.

Esta es una demanda de gran parte de la sociedad, pero parece que la situación actual de crisis sanitaria y económica ha relegado este tema a la cola de las prioridades. De momento, toca restar a la espera de los resultados del trabajo las instituciones encargadas de las investigaciones.