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Sesenta y cinco propuestas de fiscalidad para los nuevos gobiernos locales

En pleno proceso de negociación para la conformación de los gobiernos locales, con algunos gobiernos importantes por definir como Madrid o Barcelona, rescatamos 65 ...

De valorsocial

En pleno proceso de negociación para la conformación de los gobiernos locales, con algunos gobiernos importantes por definir como Madrid o Barcelona, rescatamos 65 medidas de fiscalidad justa a nivel local. Un conjunto de medidas propuestas en abril  por la Plataforma por una fiscalidad justa. Lo que no se acuerde en estos pactos que se están fraguando en este momento puede quedar definitivamente en el tintero. Los objetivos de las medidas presentadas: perseguir el fraude, utilizar el IBI para facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el cambio climático. Lo que no se acuerde en estos pactos puede quedar definitivamente en el tintero.

Ahora que estamos en proceso de conformación de los nuevos consistorios es un buen momento para rescatar algunas propuestas dirigidas a las administraciones locales  que en periodo de generación de pactos no pueden pasar inadvertidas.

Entre ellas destacamos la propuesta de la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria para una fiscalidad más equitativa en el ámbito local.  Ayuntamientos importantes como Madrid y Barcelona cuyo gobierno aún está por definir

La plataforma presentó en total, un conjunto de 65 medidas -22 más que el pasado informe- que buscan reivindicar el papel de los municipios en la configuración de políticas fiscales. A pesar de ser la administración con menos capacidad de regulación y que depende en gran medida de las transferencias del Estado y las Comunidades Autónomas, lo cierto es que existen márgenes desde donde definir una política fiscal municipal concreta: estableciendo un tipo impositivo u otro en el marco de las leyes que regulan la hacienda local, definiendo bonificaciones para determinados supuestos o colectivos, instituyendo tributos propios, tasas o precios públicos dentro de la ley, o priorizando una partida u otra a través del gasto del presupuesto municipal. En cualquier caso, todas estas medidas deben ir acompañadas de una progresiva transferencia del poder municipal en la recaudación de impuestos, dotando a los municipios de las herramientas suficientes para definir su política impositiva. Así, por ejemplo, el informe apuesta por transferir completamente a los ayuntamientos la recaudación del Impuesto sobre Estancias Turísticas -un impuesto autonómico creado por la Generalitat de Cataluña-, transferir completamente la recaudación del Impuesto sobre Viviendas Vacias, o asegurar la participación de los municipios de más de 20.000 habitantes en los impuestos estatales.

El objetivo de las medidas es buscar cómo racionalizar la recaudación de impuestos de acuerdo con los criterios de justicia, cuidado del medio ambiente y solidaridad. En esta línea, por ejemplo, el informe presenta una serie de reflexiones en torno al Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y un conjunto de medidas que persiguen estos objetivos. Siendo este el impuesto municipal más importante desde el punto de vista de su recaudación, el informe apuesta por revisar los valores catastrales de los municipios cada 8 años, para que no haya un desajuste entre ellos. Hoy, la actualización del valor catastral no se hace al mismo tiempo en todos los municipios y permite que haya personas que paguen menos IBI por ser propietarias de un inmueble ubicado en un municipio que no ha revisado los valores catastrales durante mucho tiempo. Siguiendo este caso, el informe apuesta por aumentar la progresividad del impuesto e introducir mecanismos y ayudas, a través de bonificaciones, en aquellos casos de familias en riesgo de exclusión social, o en casos de desempleo, o que cobren prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional. Por otra parte, el informe busca desincentivar los pisos vacíos, exigiendo un recargo del 50% sobre los pisos que lleven más de un año en desuso. Y finalmente, apuesta por introducir bonificaciones del IBI a los inmuebles destinados a alquiler social o que favorezcan la eficiencia energética de estos.

Siguiendo en esta línea, el informe apunta en adaptar la recaudación del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) dentro del marco que permite la Ley de Haciendas Locales, multiplicando por 2 la cuota para vehículos muy contaminantes progresivamente, o aplicando una bonificación del 75% para motivar el cambio a vehículos eléctricos o híbridos.

También se insta a destinar más recursos personales y financieros a inspecciones que controlen las actividades económicas dentro del municipio, con el fin de luchar contra el fraude en el impuesto sobre la actividad económica (IAE) -el Ayuntamiento de Sabadell ha sido pionero en esta persecución, detectando grandes empresas que declaraban una superficie inferior a la real-. Del mismo modo, el informe opta por bonificar el emprendimiento responsable o en empresas que creen puestos de trabajo con contrato indefinido o que tengan en cuenta la equidad de género, etc. El informe propone medidas similares en otros impuestos, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU).

En todos los casos, se aboga por un control democrático de los presupuestos, medidas de transparencia y también garantizar la no colaboración con la elusión fiscal y el fraude fiscal, siguiendo la campaña de la Plataforma por una fiscalidad justa, social y solidaria, Zonas Libres de Paraísos Fiscales, que ya cuenta con 30 municipios adheridos en Cataluña y 80 en todo el estado.

Los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía. Su acción tiene un impacto directo en el día a día de los municipios y sus prioridades se contagian con suma facilidad a sus habitantes. Si el Ayuntamiento se preocupa por el cambio climático, por la vivienda o por el fraude fiscale, será fácil que sus habitantes asuman también como propios esos retos. Por eso estas administraciones locales son claves en el progreso social y en la lucha contra el cambio climático: adecuar sus políticas fiscales y sus herramientas impositivas tiene  que ser una prioridad para los nuevos consistorios. Los pactos municipales que estos días se están negociando deben prestar mucha atención a ello.

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