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Taxonomía verde: un gran avance para la UE hacia una economía sostenible

El 17 de diciembre se aprobó en Bruselas una regulación para las inversiones sostenibles. El texto de este reglamento europeo, que se enmarca dentro de ...

De Alba Crespo Rubio
Exterior del Banco Central Europeo en Frankfurt

El 17 de diciembre se aprobó en Bruselas una regulación para las inversiones sostenibles. El texto de este reglamento europeo, que se enmarca dentro de su “Plan de acción para financiar el crecimiento sostenible”, definirá y clasificará progresivamente qué actividades pueden definirse como sostenibles de una manera unificada.

¿En qué consiste?

La taxonomía cubre seis objetivos ambientales: mitigación climática, adaptación climática, uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos, transición a una economía circular, control de prevención de la contaminación y protección y restauración de ecosistemas saludables.

Esta clasificación tiene el objetivo, además de homogeneizar criterios, supervisar y controlar a los grandes sectores económicos en relación a sostenibilidad, de permitir a los inversores distinguir fácilmente las actividades que aporten a la economía verde y las que no, y actuar en consecuencia. Se prevee que así, el mercado financiero se decante positivamente hacia las empresas y productos que sí se acojan al cambio, advirtiendo y amonestando a las que no lo hacen.

Según el texto de la nueva taxonomía, “para que una actividad económica califique como ambientalmente sostenible, tendrá que: contribuir sustancialmente en uno de los seis objetivos ambientales como mínimo, no causar daños significativos (DNSH) a ningún otro objetivo ambiental, cumplir con las garantías sociales mínimas, cumplir con los criterios técnicos de evaluación para una contribución sustancial y DNSH.

La energía nuclear en discordia

El debate se obstaculizó entorno la energía nuclear, y eso ha dificultado la aprobación del documento regulador. Francia y Reino Unido encabezaron la postura en contra que se excluyese este tipo de energía de lo que se consideraba sostenible, pero con su retirada, el resto de miembros que les seguían no han constituido una mayoría, y finalmente se ha conseguido aprobar sin modificar este punto.

El Parlamento Europeo ha sido tajante: debido, sobretodo, a los residuos tóxicos que genera, “la energía nuclear no entra en los parámetros de lo que es una actividad ecológica o que contribuya al medio ambiente”. Esa era su conclusión, ya que con base en el criterio de “no hacer daño significativo”, incluso si respeta los umbrales de emisiones contaminantes, no es sostenible porque los desechos nucleares no cumplen los criterios para la gestión de los “desechos no reciclables”.

Reacciones

La organización internacional Finance Watch, considera que “se alcanzó un acuerdo positivo y equilibrado en las negociaciones entre las instituciones de la UE, que muestra el compromiso de la UE de trabajar hacia un sistema financiero que sirva a las personas y al planeta”. Resalta, además, el amplio alcance que tendrá esta regulación, obligando a más transparencia a participantes del mercado financiero y divulgación de sus datos.

Aun así, coincide con otras organizaciones como FEBEA y GABV que una de las principales falencias es la cuestión social: es ya casi un acuerdo generalizado que la sostenibilidad incorpora en si misma temas más allá de lo ambiental. Pero en este caso no se han tenido en cuenta. El acceso a la vida digna a través de la alimentación, el derecho a la vivienda, la lucha contra la pobreza energética, o salarios y condiciones laborales justas son criterios y aspectos que no se han incluido en este acuerdo.

Las eurodiputadas que han estado presentes en la negociación sobre la taxonomía verde, Sirpa Pietikainen del PPE y Simona Bonafè del grupo socialdemócrata resaltan -respectivamente- “el punto de inflexión” que implica este acuerdo en la lucha contra el cambio climático, y el hecho que la “desinversión en combustibles fósiles se integre en la definición de sostenibilidad”.

Uno de los retos será darle seguimiento y evaluación a la efectividad de la taxonomía para promover las inversiones sostenibles, ya que ese es uno de los impactos que se pretendían generar con su aprobación.

 

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