Trump, aranceles y desigualdad fiscal: ¿quién paga realmente?

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha agitado los mercados y acaparado titulares con su nueva política arancelaria. El 1 de febrero de 2025 anunció aranceles del 25% a México y Canadá, y del 10% a China. Dos meses después, proclamó el “Día de la Liberación” y extendió un arancel universal del 10% a todas las importaciones que entran a Estados Unidos. El 9 de abril, dio un nuevo giro: pausó 90 días los aranceles recíprocos, excepto a China, país al que impuso un arancel del 125%. Esta cadena de anuncios, rectificaciones y subidas ha desatado una gran incertidumbre global, desestabilizando los mercados financieros internacionales y generando un constante ruido mediático.

Más allá de este alboroto y del impacto inmediato sobre países exportadores, conviene analizar cómo afectan los aranceles a los hogares estadounidenses y, especialmente, a los sectores más vulnerables. Lejos de ser neutra, la agenda proteccionista de Trump amenaza con profundizar la desigualdad social. Los aranceles, sumados a otras reformas fiscales, incrementarán las diferencias mediante un esquema tributario cada vez más injusto.

¿Quién paga los aranceles?

En términos recaudatorios, los aranceles anunciados suponen la mayor subida de impuestos desde 1993, con un incremento aproximado de 157.400 millones de dólares en ingresos federales en 2025, equivalente al 0,52% del PIB, según la Tax Foundation. Sin embargo, su impacto es desigual: los aranceles funcionan como un impuesto indirecto que recae principalmente sobre los consumidores y las empresas que dependen de bienes importados, encareciendo productos como electrodomésticos, automóviles o alimentos. La Tax Foundation estima que la carga fiscal adicional por hogar será de 1.190 dólares anuales en 2025, con una reducción media del 1,2% de la renta disponible.

Desde una perspectiva de justicia fiscal, lo más relevante es el carácter regresivo de los aranceles. A diferencia de los impuestos progresivos sobre la renta, que gravan más a quienes más ganan, los aranceles afectan por igual a todos los consumidores. Esto impone una carga proporcionalmente mayor para las rentas bajas, que destinan más porcentaje de sus ingresos al consumo. Así, aunque el impacto absoluto sea similar, el esfuerzo relativo es mucho mayor para los hogares con menos recursos. 

Menos ingresos progresivos, más desigualdad

Trump ha presentado los aranceles como una fuente alternativa de ingresos para compensar las rebajas fiscales que benefician sobre todo a las rentas más altas y grandes corporaciones. Sin embargo, análisis independientes muestran que la recaudación real será mucho menor de lo previsto. El Tax Policy Center estima que los aranceles generarán unos 3,3 billones de dólares en una década, la mitad de lo proyectado por la Casa Blanca, y que el efecto neto sobre el déficit será negativo si se consideran las pérdidas de recaudación por menor actividad económica y las represalias comerciales.

En realidad, los aranceles no corrigen el desequilibrio fiscal, sino que lo agravan. Desde 2017, la estrategia fiscal republicana ha priorizado reducciones impositivas para las rentas altas y las grandes corporaciones, trasladando el peso de la recaudación a trabajadores y consumidores. La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA), aprobada en 2017, redujo la tasa corporativa del 35% al 21% y benefició mayoritariamente a las personas  más ricas. Aunque fue presentada como una forma de estimular la economía, un estudio del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) revela que el 65% de sus beneficios favorecieron al 20% más rico, mientras el 60% de los hogares de menores ingresos apenas recibieron un 12% de las ventajas.

Esta tendencia continúa. En febrero de 2025, Trump retiró a EE. UU. del acuerdo global de impuesto mínimo del 15% a multinacionales negociado en la OCDE. Una decisión -justificada como defensa de la «soberanía económica»-que beneficia a empresas como Apple o Amazon, que han eludido hasta 100.000 millones en impuestos mediante paraísos fiscales, según Fair Tax Mark. Al debilitar la cooperación internacional, Trump no solo favorece la elusión fiscal empresarial, sino que fuerza a otros países a competir bajando sus propios impuestos, erosionando la recaudación global y obligando a gobiernos a recurrir a tributos regresivos, como el IVA o los aranceles, para compensar pérdidas.

Un diseño fiscal al servicio del 1% más rico

Paralelamente, el Congreso debate ahora si extender medidas de la TCJA que expiran en 2025, como el límite de deducción SALT (límite de 10.000 dólares para deducir impuestos estatales y locales), una norma que afecta principalmente a contribuyentes de altos ingresos en estados como California o Nueva York. Eliminar ese tope, como propone Trump, beneficiaría casi exclusivamente al 5% más rico, con un coste de 100.000 millones anuales. Mientras tanto, otras propuestas como la exención fiscal para propinas y horas extras, aunque populares, tienen poco impacto. Solo una minoría de trabajadores estadounidenses reciben propinas, y según estimaciones, el 37% de estos empleados ganan tan poco que no deben pagar impuestos federales sobre la renta 

La combinación de aranceles, rebajas impositivas a las élites y desmantelamiento de la fiscalidad global está redefiniendo la justicia tributaria en Estados Unidos. Según la Tax Foundation, si se prorrogan todas las medidas, en 2035 el 1% más rico verá aumentar sus ingresos después de impuestos en un 1,9%, mientras que el 20% más pobre experimentará un incremento del 1,8%. Esto indica que, aunque todos los grupos obtienen beneficios, los mayores porcentajes recaen en los tramos altos de renta. 

Esta divergencia se agrava con los aranceles: mientras las empresas trasladan entre el 50% y el 100% de su coste a los consumidores , según la Reserva Federal, las multinacionales aprovechan vacíos legales para eludir hasta el 40% de estos gravámenes mediante reubicaciones y ajustes contables, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El resultado es un círculo vicioso: menos ingresos progresivos, más dependencia de tributos regresivos y un Estado incapaz de financiar servicios públicos. 

En definitiva, los aranceles de Trump no son solo una herramienta de presión comercial. Representan la culminación de una política fiscal injusta que desplaza la carga a quienes menos pueden pagar y amplía la brecha de la desigualdad. Como resume Gabriel Zucman, economista de Berkeley: “El sistema fiscal estadounidense, que antes se consideraba un modelo para compartir la riqueza del país, es hoy un ‘nuevo motor de la desigualdad«. Trump ha convertido los impuestos en un arma de doble filo: reduce los tributos a los más ricos y los sustituye por mecanismos regresivos. La pregunta es si este diseño fiscal sobrevivirá a la próxima crisis económica o si será su detonante.