Plan de finanzas sostenibles: y lo social para cuando?

El 28 de marzo, el Parlamento Europeo dará el ok a la tramitación de la primera parte del Plan de Finanzas Sostenibles. Una primera parte que se tira adelante con grandes desavenencias con el conjunto de entidades de finanzas éticas y sostenibles en Europa. El Plan tiene como objetivo reorientar los flujos de capitales financieros a inversiones sostenibles para frenar el cambio climático y promover un crecimiento inclusivo. La primera parte consiste en una clasificación (taxonomía) de actividades económicas sostenibles sobre las cuales se construirán las medidas legislativas del Plan.

Para cumplir los Acuerdos de París, la UE calcula que se deben movilizar 270 billones de euros al año: 100 en energías, 90 en agua y residuos y 80 en el sector del transporte y la movilidad. La UE quiere involucrar al sector financiero, con un total de 100 trillones de euros en activos en circulación, para levantar este volumen de inversiones sostenibles. Para ello el Plan se plantea tres retos claves: en primer lugar poner en circulación información creíble sobre inversiones sostenibles. En segundo lugar incorporar los costes medioambientales generados por la actividad financiera en los balances de sus instituciones y en las cadenas de inversión. Y finalmente incrementar la transparencia y la conciencia de los inversores finales sobre los impactos medioambientales que su actividad genera.

Lo que se aprueba el próximo miércoles está dentro de la primera fase: una clasificación de actividades económicas en función de su grado de sostenibilidad y una obligatoriedad de las instituciones financieras de informar sobre las actividades que sus carteras financian. Así, con esta clasificación, los bancos y los fondos deberán informar qué nivel de sostenibilidad tiene su cartera en función de los proyectos que financia. Además esta información deberá venir verificada por certificadoras externas independientes autorizadas. Las actividades se clasificarán en: mitigadoras del cambio climático, favorecedoras de la adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos, transición hacia una economía circular y protectoras de la biodiversidad, etc .

Pero el plan sale con dos omisiones muy importantes defendidas por el Partido Popular Europeo (EPP), el partido de los Conservadores y Reformistas (ECR) y una parte importante de la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE): la inclusión de estándares sociales, y una definición de actividades no sostenibles, además restringe el objetivo del plan a inversiones dentro de la UE. Unas omisiones contra las que se han manifestado intensamente a nivel Europeo justamente las entidades del sector de las finanzas éticas y sociales especialmente el Grupo Banca Etica, Triodos Bank, la Global Aliance for Banking on Values, la Federación Europea y la ong Finance Watch.

En cuanto a la inclusión de estándares sociales, el documento establece una mínima salvaguarda sobre derechos laborales. Es decir, para optar a ser considerada como actividad sostenible se requiere que la actividad económica se desarrolle cumpliendo los principales tratados de la OIT. Sin embargo, se ha rechazado explícitamente la propuesta de incluir también la carta de los Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, los principios de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y los principios de la OCDE para las empresas multinacionales. Pero la taxonomía pospone a 2022 la posibilidad valorar la inclusión de ahondar más en estas cuestiones. Estos tratados internacionales son comúnmente aceptados y establecen estándares tan mínimos que su adopción como criterios mínimos excluyentes no debería arrojar ni la más mínima duda. Pero además, el texto debería ir más allá y aplicar el enfoque comúnmente aceptado de sostenibilidad, que incluye cuestiones sociales y por tanto la taxonomía debería abastar también a aquellas actividades que incorporan esta perspectiva en su campo de actuación. Podemos encontrar ejemplos notorios de malas prácticas sociales vinculadas a proyectos sostenibles ambientalmente que no deberían tener ninguna discriminación legal positiva: el alza de precios del maíz en el contexto de la crisis alimentaria en América Latina motivadas por prácticas especulativas financieras con el biocombustible, la vulneración de derechos de minorías vinculada a prospecciones de metales preciosos para baterías eléctricas en África o a la construcción de gasoductos (¿la energía de la transición?) en Chile o Colombia,  y muchas más.

Tampoco el documento satisface las demandas para frenar el cambio climático. Por ejemplo, entre las actividades sostenibles se consideran los proyectos orientados a mejorar la eficiencia energética en el uso de fuentes fósiles… como el carbón…Se menciona la exclusión de aquellas actividades que dañen significativamente el medioambiente (sólo el medioambiente) pero no se define qué significa esto. No hay una lista marrón de energías fósiles, nucleares o de extracción y almacenamiento de carbón.

Los argumentos sobre la necesidad imperiosa de reunir políticas contra el cambio climático y la agenda social  parece que ya no convencen a la mayoría parlamentaria europea ni al sector financiero convencional a pesar de unirse casi unánimemente a los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. Pero la falta de amplitud de miras de estas mayorías no alcanzan a ver que estas omisiones perjudican al propio sector: la propia agencia Bloomberg’s ha reiterado en numerosas ocasiones que los clientes de los bancos, las aseguradoras y las gestoras de fondos van a perder dinero si la UE no define lo que que entiende por actividades no sostenibles. Ante la falta de esta definición sin duda los diferentes estados van a acabar por completar por su cuenta la taxonomía generando divergencia y complicando por tanto las actividades económicas transnacionales. Todas las actividades financieras generan impactos por lo que no divulgar a los inversores esos impactos implica incrementar el riesgo y no establecer medidas para mitigarlos.

El sector de las finanzas éticas y sostenibles confían aún en ver incorporadas sus aportaciones en los próximos meses influyendo en el proceso legislativo que aún queda por delante. El Grupo Técnico de Expertos (TEG) que redactó las bases del plan tiene que publicar aún un conjunto de dictámenes, después del verano el Consejo de Europa tendrá que emitir su opinión y posteriormente Comisión, Consejo de Europa y Parlamento tendrán que concertar su posición final.  Además por el camino, en octubre la Comisión tendrá que presentar su plan de actuación que entre otras cosas incluye revisión a temas importantes como la directiva sobre información no financiera que requiere por ejemplo normativas respecto a la divulgación de los criterios ESG (Ambiente, Social y Gobernanza). Por lo que el rumbo aún se puede redirigir y los contralobistas de las finanzas sociales deberán emplearse a fondo.