El coste de no actuar: Naciones Unidas lleva la transición ecológica al terreno económico

En los últimos años se ha hecho visible un cambio en la visión política de la transición ecológica. Aunque la evidencia científica sobre el cambio climático es cada vez más contundente, las decisiones políticas no avanzan al mismo ritmo. Mientras algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, revierten compromisos y regulaciones ambientales, en espacios como la Unión Europea las políticas climáticas deben justificarse cada vez más por su contribución a la competitividad, la seguridad energética y la reducción de costes.

En este contexto se publica Hidden Assets: The economic and health case for climate and clean air action, una evaluación mundial elaborada por la Coalición Clima y Aire Limpio (Climate and Clean Air Coalition – CCAC), iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe analiza conjuntamente los efectos económicos, sanitarios y ambientales del cambio climático y la contaminación atmosférica y compara los costes de aplicar diferentes medidas con los beneficios que podrían generar.

Activos ocultos para las decisiones económicas

En su discurso de investidura, el 20 de enero de 2025, Donald Trump prometió «acabar con el Green New Deal» (el nuevo Pacto Verde) en favor del «oro líquido», en alusión al petróleo. Pocas horas después, una de sus primeras acciones ejecutivas fue firmar la orden ejecutiva «Unleashing American Energy« (Impulsar la energía estadounidense), destinada a eliminar regulaciones ambientales y de energía aplicadas durante el mandato anterior, impulsando la producción nacional de combustibles fósiles.

La orden sostiene que determinadas regulaciones habían dificultado el desarrollo de los recursos energéticos nacionales, reducido la creación de empleo y elevado el coste de la energía. También disolvió el grupo federal encargado de calcular el coste social de los gases de efecto invernadero, retiró sus estimaciones y planteó eliminar este indicador de las decisiones regulatorias. Además, estableció que los efectos globales de una medida deben diferenciarse de sus costes y beneficios dentro de Estados Unidos. Ese mismo día, mediante otra orden ejecutiva, Trump inició nuevamente la retirada estadounidense del Acuerdo de París.

Frente a este planteamiento, el informe del PNUMA amplía el perímetro de lo que se considera económicamente relevante. Los cálculos habituales reflejan con claridad cuánto cuesta introducir una regulación, transformar una fábrica o sustituir una fuente energética, pero no siempre incorporan con la misma precisión las enfermedades provocadas por la contaminación, el gasto sanitario, las jornadas laborales perdidas, las muertes prematuras o los daños climáticos evitados. De ahí la expresión Hidden Assets, que puede traducirse como «activos ocultos». El aire limpio, la salud colectiva y la estabilidad climática poseen un valor económico, aunque este no aparezca de manera inmediata en las cuentas de una empresa o en un presupuesto público.

Clima y contaminación, una misma política

El informe evalúa 25 soluciones aplicables a la energía, la industria, el transporte, la agricultura, los hogares y la gestión de residuos. Entre ellas se encuentran la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética, la reducción de fugas de metano, los sistemas limpios para cocinar y calentarse, el control de las emisiones industriales y del transporte o una gestión más eficaz de los residuos. Su principal conclusión es que las políticas climáticas y de calidad del aire deben diseñarse conjuntamente.

Ambas crisis comparten buena parte de sus causas, especialmente la combustión de fuentes fósiles, determinados procesos industriales y algunas prácticas agrícolas. Sin embargo, con frecuencia se abordan mediante normas, administraciones y presupuestos diferentes. Esta separación conduce, según el informe, a infravalorar los beneficios de la transición. Reducir el uso de combustibles fósiles no solo limita el calentamiento futuro: también puede mejorar inmediatamente la calidad del aire, reducir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aliviar el gasto sanitario y aumentar la productividad.

Los autores estiman que cada dólar invertido en el conjunto de las medidas podría generar alrededor de 15 dólares de beneficio económico y social. Una parte de esa estimación corresponde al valor atribuido a las vidas preservadas y a la mejora del bienestar. Pero incluso si se excluyen esos beneficios no comerciales y se contabilizan únicamente efectos observables, como el ahorro sanitario, la productividad o los daños materiales evitados, el retorno sería de unos cuatro dólares por cada dólar invertido.

La posición ambivalente de la Unión Europea

La Unión Europea sigue una orientación diferente a la estadounidense, aunque no exenta de tensiones. La Comisión ha situado la descarbonización dentro de su estrategia industrial y presenta el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal ) como una hoja de ruta para combinar competitividad y reducción de emisiones. Al mismo tiempo, ha incluido entre sus prioridades la simplificación regulatoria. El paquete Ómnibus presentado en 2025 propuso reducir el alcance de algunas obligaciones empresariales de información sobre sostenibilidad y diligencia debida para aliviar cargas administrativas. El debate reside en determinar dónde termina la simplificación y dónde comienza la pérdida de transparencia y capacidad de control.

El informe del PNUMA reconoce que la burocracia y la falta de coordinación pueden retrasar las inversiones. Sin embargo, concluye que los principales obstáculos para aplicar las soluciones no son tecnológicos, sino institucionales: financiación insuficiente, debilidad administrativa, escasa coordinación entre ministerios, falta de datos y dificultades para hacer cumplir las normas. Por tanto, simplificar procedimientos innecesarios puede facilitar la transición, pero debilitar los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas puede producir el efecto contrario.

Una cuestión de distribución

El informe también aborda la distribución de los costes y beneficios de la transición. El informe advierte de que las políticas deben facilitar el acceso de los hogares vulnerables a las tecnologías limpias, incorporar instrumentos financieros adecuados y atender sus efectos distributivos. Una actuación puede resultar rentable para el conjunto de la economía y, al mismo tiempo, imponer costes inasumibles a determinados grupos sociales.

Esta dimensión conecta la transición ecológica con los debates sobre justicia social, cuidados, fiscalidad y orientación del crédito. También plantea una pregunta central para las finanzas éticas: qué actividades deberían recibir financiación cuando se consideran conjuntamente sus retornos económicos, ambientales, sanitarios y sociales. El actual debate, no enfrenta simplemente ecología y economía. Enfrenta diferentes maneras de determinar qué tiene valor, quién soporta los costes y durante cuánto tiempo se calculan sus consecuencias. Una economía que solo contabiliza los costes empresariales inmediatos, pero no los costes colectivos de la contaminación, ofrece una imagen distorsionada de la realidad.