Indra, una de las empresas más protegidas del Estado español, de la cual éste es propietario de un 20%, registra una tasa de crecimiento en ventas del 455% de 1996 a 2015. Tiene una presencia muy significativa en todas las ramificaciones de la industria militar, y tiene presencia en muchos de los conflictos armados actuales, generando una controversia que algunas organizaciones y movimientos por la paz y antimilitaristas llevan años denuciando.

La empresa española copa el 19,4% de las ventas de defensa en el sector de vehículos terrestres, domina las ventas de defensa del sector espacial y acumula un 38,6% de las ventas de defensa del sector misiles –que le reportaron unos 66 millones de euros en 2016–, además de estar presente a los sectores naval, aeronáutico, y, obviamente, también en el electrónico-informático, donde acapara cerca de la mitad del total de las ventas de defensa y la mayor parte del mantenimiento y modernización de la electrónica de múltiples programas de armamento.

El Ministerio de Defensa español es uno de sus clientes principales, de mayo del 2017 a mayo del 2018, fueron adjudicados a Indra un total de 152 contratos del Ministerio, por un valor de más de 65 millones de euros.

Indra, armas para la guerra

Indra está implicada en la fabricación y mantenimiento de los sistemas de combate Leopard de Santa Bárbara Sistemas – General Dynamics, y los radares de los Eurofighters de BAE Systems, que después son adquiridos por Arabia Saudí, «un país en guerra abierta con Yemen y que lidera la coalición que está provocando una de las mayores catástrofes humanitarias«, asegura Ainhoa Ruiz, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

El 12 de abril de 2018, el gobierno de España firmó un acuerdo para la venta a Arabia Saudí de cinco corbetas, construidas por Navantia (otra empresa española a la que Indra provee de componentes), que podrían emplearse en la guerra de Yemen y en el bloqueo. Según han constatado numerosas organizaciones internacionales, Arabia Saudí comete con impunidad vulneraciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Indra, militarizar las fronteras y criminalizar los flujos migratorios

Indra participa en la militarización de las fronteras en diferentes dimensiones. En España, la principal industria que se lucra mediante contratación pública de la militarización de las fronteras es Indra, sobre todo en actividades de construcción de vallado y mantenimiento de instalaciones. Eso sin contar otros contratos que se han adjudicado a Indra en uniones temporales con otras empresas. “Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras, hambre y desigualdad, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo”, comenta Koldobi Velasco, activista de Alternativa Antimilitarista-MOC de Canarias.

Por ejemplo, el programa Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) ha tenido un coste de 236,8 millones de euros entre 2002-2018, de los cuales, casi la mitad han sido millones embolsados por Indra para el desarrollo y mantenimiento del sistema.

Por otro lado, Indra es una de las principales responsables de construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla, y ha sido responsable de la construcción de una tercera valla en la frontera española en Melilla. En 2005 se decidió aumentar la altura de la valla doble a 6 metros, así como instalar una tercera valla tridimensional, donde Indra tuvo un papel relevante.

Contra la #EuropaFortaleza estamos en la Junta de Accionistas de @IndraCompany para denunciar su implicación en la vulneración de ddhh y su lucro cn las guerras y militarización de fronteras

El Estado español al ser propietario del 20% es responsable y cómplice#DesarmandoIndra pic.twitter.com/mfsxCGumoS

— ffinanzaseticas (@ffinanzaseticas) June 25, 2020

Activismo accionarial en la junta de Indra

Este 25 de junio el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, organización que entre otras cosas investiga y denuncia las empresas y bancos que se lucran con el negocio de la guerra, la red europea Shareholders For Change y su entidad socia en el Estado Español la Fundación Finanzas Éticas, una de las actividades de la cuál es el activismo accionarial -intervenir en las juntas de accionistas de grandes empresas mediante la compra de algunas acciones para denunciar las malas prácticas de éstas; junto a diversas organizaciones y movimientos del Estado español e internacionales exigieron a Indra en su junta de accionistas que «pare su producción de armamento por su implicación en la vulneración de derechos humanos».

Con las medidas sanitarias por la COVID-19 todavía vigentes, la interveción se hizo por escrito, pero simultáneamoente se transmitió el mensaje en un directo. Según las organizaciones que participaron, para denunciar públicamente «la creación de material para armamento que es utilizado en guerras como la de Yemen, y para la militarización de fronteras, basada en criminalizar a las personas que huyen de la guerra y de la desigualdad».

En el acto se señaló que “frente a la presente situación de crisis que se ha dado por la Covid-19 a nivel mundial, cuando las verdaderas amenazas han demostrado ser la precariedad, la falta de investigación civil y las carencias de un sistema sanitario deficiente, las empresas de armas demuestran tener menos sentido ahora que nunca”.

«Pedimos la retirada de Indra del sector armamentista y de control de fronteras, reorientando sus actividades empresariales a áreas responsables con el cuidado y la sostenibilidad de la vida y del planeta. Poniendo la justicia social y medioambental en el centro», concluye la comunicación de las personas que intervinieron en la videoconferencia.