Derecho al crédito desde la óptica del interés común

El vicepresidente de Banca Etica Popolare, Andrea Baranes, hablaba esta semana en una entrevista al diario Expansión sobre la dificultad de acceso al crédito de muchas personas, bien porque no son empresas tradicionales o porque no tienen las garantías requeridas. Destacaba que, a pesar de los fondos disponibles para dar respuesta a las consecuencias de la pandemia, hay muchas microempresas que no han podido acceder a esas ayudas. “Quizás, una pequeñísima empresa puede tener una dificultad momentánea de 5.000 ó 10.000 euros. Necesitarían un pequeño préstamo para continuar o relanzar su actividad, o en caso contrario cerrar. Por eso, en algunas situaciones, la diferencia puede estar en el microcrédito”.

Esta no es una situación nueva, precisamente un contexto de crisis económica anterior,  en la década de los 80, con altas tasas de desempleo y desigualdad, impulsó la creación de entidades que forman parte de REFAS (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias) y que comenzaron a financiar proyectos de empleo para personas excluidas del crédito bancario. Algunas siguen con su actividad tras casi 40 años, como Acció Solidària contra l’Atur, de Barcelona (1981) y el Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, de Granada (1984), y durante estas décadas se han ido sumando otras entidades en diferentes territorios del Estado, hasta alcanzar las 20 entidades que actualmente forman parte de la red.

Inclusión financiera mediante acceso al crédito

A finales del pasado año publicaron el informe “Inclusión financiera de colectivos en exclusión social mediante el acceso al crédito”, un estudio de impacto que pretende contribuir a ampliar la perspectiva desde la que afrontar el tema la inclusión financiera. Para ello aportan la experiencia de las entidades asociadas a REFAS, facilitando un acercamiento a la inclusión financiera más allá del ámbito bancario.

Durante el período objeto del estudio, 2018-2021, estas entidades otorgaron 1.941.846 euros a través de 364 ayudas reintegrables (pequeños préstamos sin interés) para empleo o emprendimiento, mayoritariamente a mujeres (59,84%), y más de la mitad personas con una edad entre 25 y 49 años, en su mayoría de nacionalidad española, pero con gran presencia de otras nacionalidades procedentes de América Latina, África u otros países europeos.

M.G. llegó a España hace cinco años procedente de Colombia, su país natal. A sus 40 años y sin estudios, la sucesión de trabajos precarios y un carácter emprendedor la motivó a poner en marcha un negocio propio donde desarrollar sus capacidades de organización y que le permitiera llevar una vida digna. No necesitaba una gran inversión pero sí la suficiente para tener que recurrir a un préstamo. No obstante, para el sistema financiero tradicional la trayectoria de M.G. no encajaba en su modelo de crédito (sin recursos económicos, sin avales y con un proyecto empresarial sin garantías para la banca tradicional). Una de las entidades sociales implicadas en el apoyo a M.G. le habló de Asociación Finanzas Éticas Castilla y León (entidad perteneciente a REFAS) y de su programa de ayudas reintegrables. “Nunca pensé que una entidad confiaría en mí y me prestaría el dinero que necesito siendo avalada sólo por una entidad social. La confianza que depositan en mi valía supone un impulso inmenso y no hace sino multiplicar las ganas que tengo de llevar a cabo mi proyecto”. Los 6.000 euros de la ayuda reintegrable concedida los invirtió en comprar un pequeño vehículo de segunda mano y un ordenador con los que poder poner en marcha su negocio, que gestiona desde hace ya 3 años.

La herramienta de las ayudas reintegrables y la gestión de estos fondos de emprendimiento pueden formar parte del ámbito de la acción social, en su faceta de oportunidad para personas excluidas tanto del sistema financiero tradicional como de prácticas financieras innovadoras. Pero también pueden suponer un apoyo a la puesta en marcha de proyectos colectivos, como cooperativas, dado que su concepción se enmarca también dentro del ámbito de la economía social y solidaria, y pueden impulsar iniciativas emprendedoras, alejadas del imaginario de emprendimiento tecnológico, que por su naturaleza social o cultural quizás tampoco tendrían cabida en los análisis de crédito tradicionales. Es el caso de la cooperativa murciana Vayatela, integrada por cuatro mujeres, dedicada a la confección textil y con una clara integración de la economía circular en su circuito productivo, a quien FonRedess (entidad que forma parte de REFAS) apoyó con una ayuda reintegrable para invertir en maquinaria y materias primas.

Derecho al crédito desde una perspectiva transformadora

Tal y como recogen las conclusiones del informe, para las entidades que forman parte de REFAS, el uso que se hace del término “derecho al crédito” en el enfoque dominante está marcado, entre otros, “por la rentabilidad que ofrece. Esto condiciona y limita el “derecho al crédito” para quien ofrezca garantías (económicas) de poder devolverlo. De hecho, se puede afirmar que los criterios económicos que condicionan el pulso de nuestras sociedades (garantías, solvencia, precio) dificultan el ejercicio real de los derechos en la esfera económica y perpetúan la exclusión financiera”. Por ello plantean como necesario el análisis del derecho al crédito desde la óptica del interés común, adaptando un enfoque transformador que incluya una dimensión colectiva (uso y creación de redes de solidaridad), política (redistribución económica y justicia social) y transformadora (democracia económica y cuidado de las personas y del planeta).

El trabajo de las entidades que forman REFAS, mediante la concesión de ayudas reintegrables a personas y colectivos excluidos del mercado financiero, así como a proyectos de emprendimiento viables y que no pueden acceder a financiación, es una de las muchas respuestas que se pueden articular y que configuran el panorama de actores y actuaciones del sector de los microcréditos en España. El enfoque desde esta red es hacerlo mediante una perspectiva transformadora, apoyando proyectos con una incidencia en la economía real, impulsan una economía al servicio de las personas, tejiendo red y construyendo alternativas de ámbito local, en cada uno de los lugares en el que están implantadas.