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Banca Armada

La financiación de las armas nucleares vuelve a crecer en un contexto de rearme global

Más de 300 entidades financieras siguen financiando la industria de armas nucleares.

De valorsocial
©Tim Wright, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

El último informe Don’t Bank on the Bomb 2026 Investing in the Arms Race, elaborado por PAX y la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), confirma un cambio de tendencia: la financiación de la industria nuclear militar vuelve a crecer. Una evolución que refuerza las advertencias que lanzaba el pasado año el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que señalaba el inicio de una nueva carrera armamentística nuclear en un contexto de progresivo debilitamiento de los sistemas de control de armamento.

El contexto internacional en el que se enmarca el informe está marcado por un aumento de las tensiones geopolíticas y por cambios relevantes en la doctrina nuclear de varias potencias. En marzo de este año, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia iniciará la producción de más ojivas nucleares, aumentando su arsenal nuclear por primera vez desde 1992. En paralelo, en Estados Unidos se ha abierto la puerta a la posible reanudación de pruebas nucleares (una opción anunciada en octubre de 2025) que cuestiona la norma internacional establecida por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. A ello se suma la expiración, en febrero de 2026, del New START, el último acuerdo vigente de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, lo que deja a ambas potencias sin limitaciones vinculantes sobre el tamaño de sus arsenales.

Portada del informe Don’t Bank on the Bomb 2026
Las empresas que construyen armas nucleares y sus financiadores

El informe identifica a 301 instituciones financieras con vínculos con 25 empresas implicadas en el desarrollo, producción, prueba o mantenimiento de tecnología relacionada con armas nucleares. La cifra supone un aumento respecto a las 260 entidades recogidas en la edición anterior. También crece el volumen económico asociado: 709.157 millones de dólares en acciones y bonos de estas empresas (195.000 millones más que en el análisis anterior), y 299.722 millones en préstamos y suscripción de valores (casi 30.000 millones más que en el análisis previo).

Las compañías analizadas no son únicamente fabricantes directos de armamento, sino empresas implicadas en el desarrollo, producción o mantenimiento de tecnología relacionada con armas nucleares. Entre ellas figuran empresas como General Dynamics, Honeywell International y Northrop Grumman, junto a otras como BAE Systems, Bechtel, Leonardo, Lockheed Martin y RTX, todas ellas con contratos multimillonarios relacionados con estos sistemas.

Entidades financieras españolas en el informe

España no es ajena a este flujo de capital. El informe recoge la presencia de cinco entidades financieras españolas que, en conjunto, han aportado un total de 7.215 millones de dólares a esta industria entre enero de 2023 y septiembre de 2025. La mayor exposición corresponde a Banco Santander, con 4.163 millones de dólares en préstamos y operaciones de suscripción a empresas como Airbus, Boeing o Leonardo. Por su parte, BBVA suma 2.498 millones de dólares en financiación vinculada a varias de estas mismas compañías. El informe también recoge la presencia de CaixaBank (La Caixa Group), que aparece tanto como prestamista como inversora, con 191 millones de dólares en préstamos y 72 millones en acciones y bonos, asociados a empresas como Babcock, Rolls-Royce o Boeing. A menor escala, figuran también Santa Comba, con 235 millones de dólares invertidos en Babcock International, e Ibercaja, con 56 millones de dólares en inversiones vinculadas a Rolls-Royce.

El informe introduce, no obstante, una matización relevante: la financiación a estas empresas no implica necesariamente que los recursos se destinen de forma directa a programas nucleares, dado que se trata de compañías con actividad en múltiples sectores. Aun así, advierte de que financiar una empresa supone respaldar su conjunto de operaciones y que no es posible garantizar que esos fondos no contribuyan, de manera indirecta, al desarrollo o mantenimiento de armamento nuclear.

Fuente: Don’t Bank on the Bomb 2026 – PAX e ICAN.
Elaboración propia con ayuda de Chat GPT
El retroceso en las políticas de exclusión

Una de las conclusiones más preocupantes del informe es la relajación de las restricciones éticas por parte de algunas entidades financieras europeas. Bancos y aseguradoras como Danske Bank, Allianz o SEB han modificado sus políticas para permitir o ampliar su exposición a empresas de defensa, justificándolo en la necesidad de reforzar la seguridad y la resiliencia.

El informe advierte, además, de la creciente influencia del sector armamentístico en el ámbito regulatorio europeo. En diciembre de 2025, la Comisión Europea publicó una comunicación en la que señalaba que la industria de defensa contribuye a la sostenibilidad en la medida en que refuerza la seguridad y la paz. En ese mismo documento se introdujo un cambio relevante en el marco de finanzas sostenibles de la Unión Europea: el concepto de “armas controvertidas” fue sustituido por el de “armas prohibidas”, limitando su alcance a cuatro categorías (minas antipersona, municiones en racimo, armas químicas y biológicas) y dejando explícitamente fuera a las armas nucleares.

Este cambio supone un giro significativo, ya que, pese a que muchas entidades europeas siguen considerando las armas nucleares dentro de sus políticas de exclusión, el nuevo enfoque comunitario reduce el perímetro de lo que se considera inaceptable en términos de inversión sostenible. El informe apunta a que esta evolución responde, en parte, a los esfuerzos de presión de la industria armamentística en los últimos años, y advierte de sus implicaciones: al redefinir los límites de lo “sostenible”, se amplía el margen para la financiación de actividades vinculadas al ámbito militar.

El documento recuerda que, de acuerdo con las directrices de Naciones Unidas y de la OCDE, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de identificar y mitigar los riesgos en materia de derechos humanos asociados a sus carteras. En este sentido, advierte de que la financiación de empresas vinculadas a la producción de armas de destrucción masiva contribuye a sostener una industria que plantea graves riesgos para la humanidad.

Como conclusión, el documento plantea una idea de fondo: cada inversión implica una elección con consecuencias. Las entidades financieras no solo tienen capacidad de influencia, sino también responsabilidad para orientar sus decisiones y promover cambios en las empresas en las que invierten. En este marco, la transparencia sobre los flujos de capital se presenta como un elemento clave para que ciudadanía y accionariado puedan exigir mayor coherencia y avanzar hacia un modelo económico que priorice la paz.

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