Naciones Unidas advierte de la distancia entre el reconocimiento de la economía social y su aplicación efectiva

La economía social y solidaria ha ganado reconocimiento en las políticas públicas y los acuerdos internacionales, pero estos avances todavía no se traducen de manera generalizada en una aplicación efectiva y resultados duraderos. Esta es la principal conclusión del nuevo informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, publicado a finales de julio. El documento examina los avances en la aplicación de la Resolución 79/213, dirigida a promover la economía social y solidaria como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para elaborarlo, Naciones Unidas ha recabado alrededor de 40 contribuciones de Estados, organismos internacionales y otras partes interesadas.

Desde la aprobación de la resolución, numerosos países han incorporado la economía social y solidaria a sus políticas como una herramienta para responder a desafíos relacionados con el empleo, los cuidados, la vivienda o la transición ecológica. Sin embargo, Naciones Unidas señala una distancia importante entre este reconocimiento y su aplicación: se han adoptado numerosas medidas de apoyo, pero todavía existe poca información sobre sus resultados concretos para las entidades, las personas trabajadoras y las comunidades.

España, entre los países destacados por sus avances

El informe sitúa a España entre los países que han reforzado su apuesta por la economía social. Destaca la aprobación de una reforma de la legislación sobre economía social, cooperativas y empresas de inserción, así como el alcance del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de la Economía Social y de los Cuidados (PERTE). Según los datos aportados por España, este proyecto ha movilizado más de 2.500 millones de euros y ha contado con la participación de más de 4.400 entidades. El documento también recoge la incorporación de la economía social a las políticas de educación, economía circular, lucha contra la pobreza energética y acción climática.

Naciones Unidas subraya asimismo los avances realizados para medir el peso del sector. La primera cuenta satélite oficial de la economía social, publicada en 2026, estima que esta generaba en 2023 el 4 % del valor añadido bruto y el 5,8 % del empleo total en España. En el ámbito internacional, el país ha impulsado, junto con Brasil y Colombia, el Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria, una plataforma en la que participan alrededor de 30 Gobiernos para reforzar la cooperación y el seguimiento de los compromisos multilaterales.

Estadísticas insuficientes y financiación poco adaptada

Pese a los avances registrados en España y otros países, la falta de datos continúa siendo una de las principales debilidades. Las estadísticas siguen siendo fragmentarias, utilizan definiciones diferentes y, en muchos casos, contabilizan organizaciones registradas sin determinar si continúan activas. También escasea la información sobre su gobernanza, las condiciones de trabajo, la supervivencia de las entidades y los resultados para las personas trabajadoras, socias y usuarias.

La financiación constituye el otro gran desafío. Aunque los Gobiernos y las instituciones financieras han puesto en marcha nuevas medidas de apoyo, Naciones Unidas advierte de que pocas entidades financieras consideran la economía social y solidaria un ámbito diferenciado, que requiere instrumentos asequibles y adaptados a la naturaleza, la diversidad y las distintas etapas de desarrollo de sus organizaciones. El informe señala, además, que sigue faltando información sobre las condiciones en las que se concede esa financiación, las entidades que finalmente la reciben y los resultados obtenidos.

Mayor presencia en la agenda internacional

El reconocimiento de la economía social y solidaria también se ha extendido a importantes acuerdos internacionales. Por ejemplo, el Compromiso de Sevilla, aprobado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en 2025, instó a facilitar a sus entidades un apoyo financiero y no financiero adaptado a sus necesidades. Ese mismo año, la declaración de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Doha, reconoció su contribución a la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la transformación social.

Esta mayor presencia en la agenda internacional contrasta, sin embargo, con la limitada incorporación de la economía social y solidaria a los instrumentos de planificación del propio sistema de Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la principal excepción, ya que la ha integrado de manera más clara en su planificación, su actividad estadística y sus proyectos de cooperación.

Ante esta distancia entre reconocimiento y aplicación, el secretario general recomienda reforzar los marcos jurídicos e institucionales, mejorar las estadísticas y facilitar el acceso a la contratación pública, los mercados, la tecnología y una financiación adaptada. También plantea integrar la economía social y solidaria en las políticas de empleo, cuidados, vivienda, agricultura y sistemas alimentarios, energía y desarrollo territorial, así como otorgarle un papel relevante en la agenda internacional posterior a 2030. El reto, en definitiva, es convertir el respaldo político en medidas y recursos capaces de producir resultados concretos para las organizaciones, las personas y los territorios.