Paraísos fiscales: Pandora Papers y agenda global

La primera semana de octubre amanecimos con el enésimo escándalo sobre paraísos fiscales. En otro gran trabajo llevado a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los llamados Pandora Papers nos revelan la utilización de cuentas y sociedades offshore por parte de grandes fortunas, entre ellas líderes políticos de todo el mundo y personalidades del mundo del deporte y la cultura. Esta filtración es la última de una larga cola que incluye, entre otras, los Paradise Papers, el Lux Leaks, los Panama Papers… en las que se desgrana la utilización de paraísos fiscales por parte de personas acaudaladas y grandes empresas siempre con el fin de minimizar el pago de impuestos. Resulta bastante descorazonador comprobar que una parte de los que podemos considerar como ganadores del juego económico entiendan que tienen que hacernos perdedores a todo el resto, escamoteando recursos esenciales y legítimos para el funcionamiento de nuestras sociedades.

Los paraísos fiscales son el gran sumidero por el que se escapa una gran parte de los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, entre ellos los hospitales y centros de salud públicos que han supuesto la primera línea del frente durante la crisis sanitaria del COVID. Pero también los sueldos del personal docente, de servicios de emergencia como los que han operado en la catástrofe de La Palma, los fondos necesarios para afrontar el cambio climático, la puesta en marcha de planes de empleo para jóvenes, la financiación del gasto social y un largo etcétera. Todo ello está seriamente amenazado por el expolio de los paraísos fiscales. El coste anual de este expolio es de 427.000 millones de dólares que los gobiernos de todo el mundo pierden al año en ingresos fiscales, y que se dejan de poder utilizar para combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Este importe equivale al salario anual de una enfermera cada segundo, todos los días. Si hablamos de España, diversos expertos junto al poco sospechoso Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que el equivalente al 10% del PIB de España se encuentra oculto o aparcado en paraísos fiscales. Pero son no sólo los poseedores de grandes fortunas quienes utilizan los paraísos fiscales, sino que también lo hacen muchas grandes corporaciones. Un informe publicado recientemente por la Agencia Tributaria revela que 93 filiales de grandes empresas españolas operan desde Luxemburgo, donde obtienen unos ingresos de 2.800 millones de euros, y únicamente tributan a un tipo efectivo del 2,9% sobre sus beneficios. Malta es otra jurisdicción donde están radicadas 27 filiales de estas empresas y tributan tan sólo por el 4,1% de sus ganancias.

¿Cómo se soluciona esto? En primer lugar, llamando a las cosas por su nombre. La UE podría y debería jugar un papel esencial en poner coto al agujero negro de los paraísos fiscales. Pero para ello resulta imprescindible que ponga orden dentro de casa y deje de obviar al elefante dentro de la habitación. Porque ese elefante tiene nombres muy claros: Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Chipre, Malta. Esos son cinco de los grandes agujeros negros de la fiscalidad internacional. Sin embargo, la UE ha decidido desde el primer momento que su listado de paraísos fiscales no puede incluir a ningún país miembro. No sólo eso, sino que en la reciente actualización de este listado la UE decidió retirar a la única jurisdicción que quedaba con un tipo impositivo del 0% sobre los beneficios empresariales, Anguila, y a las Seychelles, una jurisdicción implicada en los Pandora Papers. De esta forma, la lista negra de la UE resulta cada vez más irrelevante e ineficaz y se va convirtiendo en una herramienta de lavado de cara que permite a las personas y empresas más ricas seguir escapándose sin pagar su parte justa de impuestos. Para que el listado europeo de paraísos fiscales realmente pudiera servir como una pieza clave para la erradicación de este tipo de territorios debería incluir a aquellas jurisdicciones con tipo impositivos nulos (del 0%) o muy bajos, y también las que no permiten conocer mediante registros públicos quiénes son los verdaderos propietarios últimos y reales de cuentas bancarias y sociedades offshore. Con este tipo de registros, ya no habría posibilidad de esconder el dinero en paraísos fiscales como los casos que los Pandora Papers revelan. Al fin y al cabo, estas son las dos principales características que los defraudadores buscan en un paraíso fiscal: que no haya que pagar impuestos, – ninguno o casi ninguno -, y el secretismo y la opacidad, que resulte muy difícil saber qué personas o qué empresas tienen allí cuentas y operaciones.

Los niveles mínimos de tributación, en concreto de las empresas, es uno de los aspectos esenciales de las negociaciones internacionales que se han estado desarrollando durante la última década bajo el auspicio de la OCDE y el G20. La idea de fondo de este debate es que el establecimiento de un tipo efectivo mínimo mundial al que las empresas tengan que tributar desincentivará que las empresas desvíen beneficios artificialmente hacia paraísos fiscales y pondrá freno a la competencia fiscal desleal entre países. Pero para ello resulta imprescindible que ese tipo mínimo resulte suficiente, no sea demasiado bajo, y que sea diseñado de tal forma que también los países en desarrollo puedan beneficiarse. La administración Biden propuso exigir que las empresas deberían pagar no menos de un 21% de sus beneficios en impuestos. Sin embargo, el acuerdo al que se ha llegado por el momento establece ese mínimo en un 15%, similar al tipo legal que ofrecen países como Irlanda, Suiza y Singapur, protagonistas estelares de la carrera a la baja en la fiscalidad empresarial. Aún queda cierto margen de maniobra y este no es el único aspecto que se está discutiendo, pero en el momento actual las expectativas de que estas negociaciones iban a suponer una transformación en el marco global de tributación empresarial quedan realmente lejanas.

Si desde siempre la existencia de los paraísos fiscales ha resultado una obscenidad, lo es mucho más en la situación actual. En un mundo golpeado por una pandemia resulta más esencial que nunca poder contar con los recursos necesarios para atender a los más vulnerables y garantizar una recuperación justa. Por ello, los titubeos de los actores políticos a la hora de poner coto a la competencia fiscal internacional resultan inadmisibles. Mientras sigan existiendo los paraísos fiscales, las perspectivas vitales de millones de personas seguirán amenazadas.