¿Puede haber finanzas sostenibles sin dimensión social?

En los últimos años, la Unión Europea ha impulsado un ambicioso marco de finanzas sostenibles con un objetivo claro: orientar el dinero hacia actividades que contribuyan a la transición ecológica y social. Reglamentos, taxonomías y nuevas obligaciones de transparencia han tratado de poner orden en un mercado donde, a veces, lo “sostenible” ha sido más una etiqueta que una realidad verificable.

La Comisión Europea presentó en noviembre de 2025 su propuesta de revisión del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), y actualmente el texto se encuentra en fase de debate entre las instituciones europeas (Parlamento y Consejo), donde se negocia la versión final de la norma. En este contexto, FEBEA junto a France Activa, entidad miembro de la federación, hacen un llamamiento a los responsables políticos de la UE: lograr un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la social es clave para construir un sistema financiero que realmente apoye a la economía social europea y dirija el capital hacia donde pueda generar el mayor impacto positivo.

Sostenibilidad: mucho más que medio ambiente

Cuando hablamos de sostenibilidad, solemos pensar en cambio climático, emisiones o transición energética. Pero la sostenibilidad, en su concepción más completa, integra otros pilares. La visión amplia de sostenibilidad nace con el concepto de desarrollo sostenible, formulado en el informe de Comisión Brundtland (1987), conocido como Our Common Future, de Naciones Unidas. Este documento definía el desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones”, incorporando desde su origen una visión que va más allá de lo puramente ambiental. A partir de los años 90 y 2000 (Cumbre de Río, agendas internacionales), se consolida la idea de que la sostenibilidad tiene tres dimensiones interdependientes: la ambiental, la social y la económica (que luego evoluciona hacia gobernanza en el marco ESG). Por tanto, esta concepción no es nueva ni marginal. Forma parte del propio marco internacional de desarrollo sostenible impulsado por Naciones Unidas y está integrada en el enfoque ESG que guía la regulación financiera europea.

Esto implica que una actividad económica no puede considerarse verdaderamente sostenible si genera desigualdades, vulnera derechos laborales, debilita comunidades o no contribuye al bienestar colectivo. La sostenibilidad, por tanto, no es solo una cuestión de carbono. Es también una cuestión de derechos, de equidad y de cohesión social. Pese a este planteamiento, el desarrollo normativo europeo ha avanzado de forma desigual. Mientras que la dimensión ambiental cuenta con herramientas desarrolladas (como la taxonomía verde), la dimensión social sigue siendo difusa.

No existe hoy una definición clara y operativa de qué se considera “sostenibilidad social”. Tampoco hay criterios homogéneos que permitan evaluar el impacto social de las inversiones con el mismo rigor con el que se mide, por ejemplo, la huella de carbono. En ausencia de definiciones claras, el concepto de sostenibilidad social queda abierto a interpretaciones amplias. Esto abre la puerta a lo que ya se empieza a denominar “social washing”: productos financieros que se presentan como socialmente sostenibles sin que exista una base sólida que lo respalde.

El riesgo del “social washing”

En este contexto, y en pleno proceso de revisión del SFDR, la red FEBEA, junto a France Active, hace un llamamiento a las instituciones europeas para reforzar la dimensión social de la sostenibilidad y garantizar un marco regulatorio claro, ambicioso y coherente. «La sostenibilidad social carece de ambición clara y de un marco operativo sólido que evite el «social washing». Esta situación puede socavar directamente la capacidad de las instituciones financieras éticas y alternativas, cuyo mandato principal es social, para participar de manera significativa en la arquitectura europea de finanzas sostenibles”, indican en su posicionamiento. Esta alerta apunta a una paradoja: aquellas entidades que más han trabajado históricamente en impacto social pueden quedar desdibujadas en un sistema que no sabe medir ni reconocer adecuadamente ese impacto.

La revisión del SFDR llega, además, en un momento de tensiones políticas. Por un lado, crece la presión para simplificar la regulación en nombre de la competitividad. Por otro, se amplía el debate sobre qué actividades pueden considerarse sostenibles, en un contexto marcado por nuevas prioridades geopolíticas y económicas. En este escenario, el debate sobre el concepto es importante porque se corre el riesgo de que la sostenibilidad se convierta en una categoría cada vez más amplia, pero también más débil. Si todo puede ser sostenible, el término pierde, sobre todo, pierde credibilidad.

¿Cómo se define lo social?

El debate actual pone sobre la mesa una cuestión clave: cómo se define la sostenibilidad social. Desde el ámbito de las finanzas éticas y la economía social, la respuesta pasa por situar en el centro aspectos como los derechos humanos y laborales, la reducción de desigualdades, la cohesión social, el acceso a bienes básicos como la vivienda o la salud y el fortalecimiento del tejido económico local. No se trata de añadir una dimensión más al marco existente, sino de dotar de contenido real a una parte esencial de la sostenibilidad que, hasta ahora, ha quedado en segundo plano.

La revisión de la normativa europea representa una oportunidad para corregir este desequilibrio. Introducir definiciones claras, criterios específicos y herramientas de medición para la sostenibilidad social es una condición necesaria para que el sistema funcione. El objetivo de las finanzas sostenibles no es solo reducir emisiones, sino contribuir a una economía que sostenga la vida en todas sus dimensiones. Y eso, necesariamente, incluye lo social.