REAS presenta el Informe de Auditoría Social 2025: un retrato preciso de la economía social y solidaria

La Economía Social y Solidaria (ESS) vuelve a ofrecer una radiografía precisa y reveladora de su realidad. REAS Red de Redes ha publicado el Informe Estatal de Auditoría/Balance Social 2025, un ejercicio de transparencia que, por undécimo año consecutivo, permite observar cómo se comportan las entidades del sector en ámbitos como la equidad, el trabajo digno, la sostenibilidad ecológica o el reparto de la riqueza. A la publicación del informe general se suma, además, un análisis específico con perspectiva feminista, que profundiza en los avances logrados por las organizaciones que integran la red.

El informe estatal analiza los datos de 731 entidades de todo el país, que en conjunto representan a 177.321 personas vinculadas entre trabajadoras, socias, voluntarias y miembros de órganos de gobierno. Esta dimensión humana revela la capacidad del sector para generar empleo, fortalecer comunidades y sostener proyectos que combinan actividad económica y transformación social. La diversidad jurídica y funcional de las entidades es también significativa: el 31% son cooperativas de trabajo asociado, seguidas de asociaciones, que representan el 27%, y fundaciones, que suponen un 10% del conjunto. La actividad económica que desarrollan es igualmente plural. La educación y la investigación concentran el 19% de las entidades participantes, seguidas de la salud y los cuidados, con un 13%, y de áreas como el asesoramiento, la vivienda y la gestión del entorno, cada una con un 11% de presencia. A pesar de esta diversidad, se trata mayoritariamente de organizaciones pequeñas y medianas: la mediana del sector es de 24 personas implicadas y 6 trabajadoras.

Participación interna y condiciones laborales

Uno de los elementos más característicos que arroja el informe es el peso de la participación interna. En 2024, 8.337 personas participaron en decisiones organizativas y 10.431 en decisiones estratégicas, cifras que muestran que la participación es un componente estructural del funcionamiento cotidiano de las entidades. Esta implicación convive con unas condiciones laborales sostenidas. El sector emplea a 19.337 personas, de las cuales un 67,93% son mujeres, y mantiene una brecha salarial del 0,79% (p.24). El salario medio anual bruto es de 25.795,24 euros, con diferencias mínimas entre mujeres y hombres. El ratio salarial de 1,71 entre la retribución más alta y la más baja confirma, además, una estructura retributiva ajustada que busca evitar desigualdades internas. Estos datos se complementan con prácticas internas que ponen el cuidado en el centro: un 82,2% de las entidades cuenta con espacios de atención emocional y cuidado de las personas trabajadoras, lo que evidencia una cultura organizativa comprometida con la salud y la vida cotidiana de las personas trabajadoras.

El informe también permite observar cómo las entidades distribuyen el valor económico que generan. Entre las 723 organizaciones que aportan información económica, los ingresos agregados ascienden a 857 millones de euros, con un peso mayoritario de la actividad económica directa —ventas de bienes y servicios— que representa el 55,35% del total. El 70,68% de las entidades cerró el ejercicio con excedentes y, entre ellas, la gran mayoría destinó esos resultados a reservas, ya fuera total o parcialmente, como parte de sus políticas de sostenibilidad económica.

Análisis con perspectiva feminista

La Auditoría Social se complementa desde hace años con un análisis específico con perspectiva feminista, una línea de trabajo que REAS impulsó para profundizar en cómo se distribuye el poder, el empleo, los cuidados y la participación dentro de las organizaciones. Desde 2019, este enfoque permite observar con mayor precisión las dinámicas internas de género y aportar matices que enriquecen la lectura general. Según este análisis feminista, el 54,3% de las personas implicadas en las entidades son mujeres, que además representan un 67,93% de las trabajadoras. La participación en los procesos de decisión muestra dinámicas que conviene observar: las mujeres representan el 62,01% de quienes participan en decisiones organizativas y el 59,02% en decisiones estratégicas. Cuando se ajustan estas cifras al peso laboral, el informe confirma esta tendencia: el 62,68% de quienes participan en decisiones estratégicas son mujeres, por debajo de su proporción en el empleo, y el 66,78% en decisiones organizativas, una cifra algo más cercana pero todavía inferior a su presencia en las plantillas. Estos datos sugieren que, aun con mayorías femeninas en el sector, sigue siendo necesario observar cómo se distribuyen las responsabilidades y el poder interno.

La lectura conjunta del informe estatal y del feminista permite no solo comprender la situación actual de la ESS, sino también identificar los retos señalados en ambos documentos. El informe estatal destaca la necesidad de mejorar y afinar las herramientas e indicadores que sustentan la auditoría, así como de consolidar series históricas que permitan evaluar la evolución del sector con mayor precisión. El informe feminista, por su parte, identifica retos específicos: incorporar indicadores más precisos para captar desigualdades sutiles, medir el uso del tiempo y la parcialidad laboral, y profundizar en el análisis de cómo se distribuye el poder dentro de los órganos de decisión.

Ambos documentos coinciden en que el sector avanza, pero también en que debe seguir perfeccionando sus herramientas para fortalecer un modelo verdaderamente transformador. La Auditoría Social confirma así que la ESS no solo rinde cuentas, sino que utiliza esa rendición como herramienta de mejora y compromiso político. En un contexto de desigualdades crecientes, urgencia climática y precarización laboral, estas entidades muestran que otro modelo económico no solo es posible, sino que ya está en marcha.