Regulación e inversión ética: un camino conjunto para reforzar el impacto positivo de la IA en la sociedad

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado múltiples sectores, pero también ha generado preocupación sobre sus implicaciones éticas y sociales. En respuesta a estos desafíos, la Unión Europea (UE) aprobó el pasado 2024 la Ley de Inteligencia Artificial, el primer marco normativo integral que establece límites y regulaciones para su uso en el continente. Pero también de manera paralela, iniciativas privadas, como la Collective Impact Coalition (CIC) for Ethical Artificial Intelligence, impulsada por la red World Benchmarking Alliance (WBA), buscan garantizar un uso responsable de la IA desde el sector empresarial.

El marco regulador europeo de la IA

A finales de 2023, las instituciones de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial, que fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio de 2024. El objetivo de esta ley es establecer condiciones y responsabilidades claras para desarrollar e implementar la inteligencia artificial, asegurando un uso seguro de la tecnología. Al mismo tiempo, busca aliviar las cargas administrativas y financieras para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes). La normativa establece un sistema de clasificación de riesgos en la IA, prohibiendo aquellas aplicaciones consideradas de «alto riesgo» o que puedan afectar gravemente los derechos fundamentales de las personas.

Las primeras prohibiciones de la ley europea de inteligencia artificial han entrado en vigor este mes de febrero. Según lo dispuesto por la nueva legislación, se prohibirán herramientas de IA que impliquen manipulación del comportamiento de las personas, explotación de vulnerabilidades (que aproveche las debilidades de las personas, como su edad, discapacidad o situación económica, para hacerles daño o afectar negativamente su comportamiento) o sistemas que puedan poner en peligro derechos o el bienestar de las personas. La ley también prevé regulaciones específicas para el uso de la IA en sectores sensibles como la sanidad, la educación y el empleo, con el fin de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Este enfoque regulador marca un hito a nivel global, ya que convierte a Europa en la primera región en establecer un marco legal para la inteligencia artificial. Sin embargo, la legislación no actúa sola: la acción de inversores responsables y entidades comprometidas con la ética es clave para reforzar el impacto positivo de la IA en la sociedad.

Inversores responsables: un factor clave 

En paralelo a la acción reguladora de la UE, la Collective Impact Coalition (CIC) for Ethical AI, lanzada en 2022 por la World Benchmarking Alliance (WBA), está desempeñando un papel en la promoción de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Este colectivo reúne a inversores y organizaciones de la sociedad civil para presionar a las empresas tecnológicas a adoptar principios éticos en IA. La WBA evalúa a empresas del sector mediante el Digital Inclusion Benchmark, una herramienta que mide el acceso universal a la tecnología, el uso confiable de la IA y la innovación responsable.

El papel de los inversores éticos es crucial en este contexto. La CIC for Ethical AI cuenta con el respaldo de 34 inversores que buscan alinear sus decisiones de inversión con valores de transparencia, equidad y derechos humanos. Al presionar a las grandes empresas tecnológicas para que adopten principios éticos en IA, los inversores responsables pueden generar un cambio estructural en el sector y fomentar un desarrollo tecnológico más equitativo. La CIC exige a las empresas que reporten sobre sus estrategias de IA y cómo mitigan riesgos asociados a sesgos algorítmicos, discriminación y privacidad.

Uno de los actores de la coalición es Etica SGR, entidad del Grupo Banca Etica. Este enero de 2025, Etica SGR ha anunciado su adhesión a la coalición CIC for Ethical AI con el objetivo de garantizar que las empresas en las que invierte adopten compromisos sólidos en ética de IA, con especial atención a los impactos en los derechos humanos. También la International Corporate Governance Network (ICGN), red de inversores internacionales a la que Etica SGR se unió en 2019, fomenta un diálogo constructivo entre inversores, empresas, políticos y legisladores, con el objetivo de crear valor en la gobernanza del mundo corporativo. La inteligencia artificial no ha estado ausente de sus reflexiones, proponiendo puntos de debate sobre el tema para consejos directivos e inversores.

Regulación e inversión ética, un camino conjunto

La aprobación de la Ley de IA de la Unión Europea es un avance significativo para garantizar el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial. Sin embargo, la regulación por sí sola no es suficiente: es esencial que inversores y empresas adopten un enfoque proactivo en la implementación de principios éticos.

En el sector financiero, la inteligencia artificial ayuda a mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la personalización de servicios. Permite analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y hacer predicciones más precisas sobre riesgos e inversiones, además de automatizar procesos repetitivos, lo que ahorra tiempo y reduce errores. También facilita la personalización de productos financieros y mejora la prevención de fraudes al detectar actividades sospechosas. Sin embargo, su uso presenta riesgos éticos, como la discriminación algorítmica si los sistemas están mal diseñados, la falta de transparencia en la toma de decisiones, la posible exclusión financiera de ciertos grupos o el uso indebido de datos personales.

El sector financiero tiene un papel importante en la construcción de una IA más justa y alineada con los derechos humanos. Es fundamental que el desarrollo de la IA en este sector se base en principios éticos para maximizar sus beneficios sin perjudicar a ciertos colectivos. A medida que la inteligencia artificial sigue evolucionando, la combinación de regulación e iniciativas que surjan desde el sector financiero e inversores será clave para garantizar que su desarrollo beneficie a la sociedad sin comprometer la ética ni los derechos fundamentales.