Seguridad, precio y sostenibilidad: el trilema de REPSOL que choca con la realidad de la crisis climática

El jueves 25 de mayo, REPSOL, la mayor empresa petrolera española, celebró su Junta de Accionistas. Entre los asistentes, una representante de Greenpeace. Cinco acciones de Fundación Finanzas Eticas, miembro fundador de la red europea Shareholders for Change, permitían la delegación de la representación en la conocida organización ecologista, dentro de las actividades de activismo accionarial de la Fundación. En el turno de preguntas abierto a las personas accionistas, la representante de Greenpeace preguntaba por varias cuestiones sobre la responsabilidad de REPSOL en aspectos vinculados a la crisis climática actual, temas no abordados en la amplia exposición anterior sobre los resultados de la compañía en 2022.

El beneficio neto de REPSOL en 2022 fue de 4.251 millones de euros, un 70% más que en 2021. En la Junta de Accionistas se aprobó un aumento de la remuneración en efectivo de las acciones en un 11%, enfatizando el consejero delegado Josu Jon Imaz que la política retributiva de dividendos de REPSOL “está entre las más atractivas de la Bolsa española y del sector. Y nuestro compromiso es con la generación de valor para el accionista”. María Prado, la representante de Greenpeace presente en la reunión, aludió ante el Consejo de Administración a los beneficios millonarios que se presentaban mostrándolos como resultado del daño irreparable que las acciones de la compañía están causando al planeta.

La entidad ecologistas recordó en la Junta de Accionistas que no sólo Greenpeace sino entidades internacionales como Oil Change International o Climate Action +100 han analizado los planes estratégicos de la compañía y su hoja de ruta hacia la descarbonización, concluyendo que no cumplen casi ninguno de los criterios de alineación con los Acuerdos de París. Por ello, desde Greenpeace se hizo alusión a las prácticas publicitarias de blanqueo ecológico que pretenden dibujar a la compañía como climáticamente responsable cuando es la empresa española más contaminante en CO2 (en el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, Descarbonización 2023, REPSOL encabeza el ranking de empresas más contaminantes que operan en España). Igualmente, también se resaltó la incoherencia de presentar planes de descarbonización junto a un aumento de la producción de petróleo por parte de la empresa en un 22% para 2030.

En este sentido, la intervención quiso recordar el desastre ambiental producido a inicios de 2022 en Perú. En enero de 2022 un juez declaró a REPSOL responsable del derrame de, al menos, 6.000 barriles de petróleo en el océano frente a la costa central de Perú. El vertido afectó a dos reservas naturales protegidas y afectó a la biodiversidad y los medios de vida de cientos de pescadores y familias. “La multa de 17 millones a la que se enfrenta Repsol y la demanda civil por valor de 4.300 millones de euros por el desastre ecológico puede ayudar a paliar los costes de la limpieza, pero hay cosas y cambios en los ecosistemas y en la vida de la gente que no tienen remedio ni vuelta atrás”, expuso la representante de Greenpeace.

Tras esta exposición, las preguntas concretas de la organización ecologista versaron sobre la necesidad de cambiar el modelo de negocio de la empresa, basado en combustibles fósiles y en una rentabilidad millonaria, hacia otro modelo sostenible para el planeta y las personas y no sólo con los beneficios económicos.

Respuesta de REPSOL: seguridad de suministro y precios, no solo sostenibilidad

En su respuesta, el consejero de la compañía Josu Jon Imaz quiso hacer un juego de palabras con el nombre de una de las organizaciones representadas, aludiendo a lo ético de la producción del petróleo y el gas que el mundo necesita. La intervención del consejero Imaz fue en la línea de lo subrayado por el renovado presidente Antonio Brufau y siguió la senda de lo ya expuesto por Imaz en su intervención en el Foro de Davos a inicios de este año: el trilema seguridad, precio y sostenibilidad.

Josu Jon Imaz reiteró que Europa está fracasando con la descarbonización al poner todo el foco en la sostenibilidad. Abogó por una transición inteligente, basada en el realismo, para asegurar el suministro, precios justos y evitar el cierre de empresas. “¿Qué es eso de que en este país no podamos producir aquí gas natural y tengamos que traerlo de EEUU? ¿Dónde está la mirada en la huella de CO2 en este proceso? Es ético producir el petróleo y gas que el mundo necesita porque de otro modo las industrias van a tener que cerrar, los empleos industriales se van a perder, Europa va a perder los niveles de bienestar”, contestó el consejero ante las demandas de Greenpeace. Para Imaz, la descarbonización tiene que ir acompañada de seguridad en el suministro y precio. “Los tres aspectos son importantes, no solo la sostenibilidad”, indicó.

El CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi al frente de la COP28

Esta acción de activismo accionarial se produce en la misma semana que se ha hecho pública la carta de eurodiputados y congresistas de EEUU en la que demandan al secretario general de la ONU, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos que intervengan para que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos retire el nombramiento del Sultan Al Jaber como presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) que celebrará a finales de año en ese país. Al Jaber es director ejecutivo de la Abu Dhabi National Oil Company, una de las mayores empresas de petróleo del mundo. Su designación como presidente de la COP28 provocó que, en enero de 2023, más de 450 organizaciones de todo el mundo pidieran su dimisión como presidente de la COP28.

Ahora, en el escrito de políticos europeos y estadounidenses, además de reiterar la petición de retirar el nombramiento de Al Jaber, piden nuevas políticas de control de la participación empresarial en las COP (Conferencias de países firmantes) con objeto de limitar la influencia de las industrias contaminantes en las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Así, por ejemplo, abogan por exigir a las empresas participantes la presentación de una auditoría que muestre su participación en acciones de lobby (grupos de presión), contribuciones en campañas y financiación a asociaciones y organizaciones activas en temas de energía y clima.

“No podemos permitir que los intereses especiales creen más obstáculos en la lucha contra el cambio climático”, advierte el senador estadounidense Sheldon Whitehouse. «La presidenta von der Leyen debe trabajar para hacernos comprender si los intereses de la industria de los fósiles cuentan más que la vida de todos nosotros «, indica la eurodiputada francesa Manon Aubry .

El trilema que REPSOL expone en sus últimas intervenciones va en la línea del discurso de las grandes compañías energéticas: la seguridad de acceso al suministro y los precios deben estar por encima de los discursos ecologistas. Un discurso que choca con los beneficios millonarios de la compañía, su presencia en paraísos fiscales (el último informe de Oxfam muestra que REPSOL es una de las empresas españolas que mantiene filiales en un mayor número de paraísos fiscales) y  con la realidad de la gran crisis climática que nos envuelve.