¿Simplificación o retroceso? El debate sobre el Paquete Ómnibus de la Unión Europea

La reciente aprobación por parte de la Unión Europea del denominado Paquete Ómnibus ha generado un intenso debate: ¿se trata de una necesaria simplificación administrativa o de un peligroso retroceso en materia de sostenibilidad y derechos humanos?

El 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea adoptó un conjunto de propuestas destinadas a simplificar las normativas de la UE con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre las empresas y fomentar la competitividad. Según la Comisión, estas medidas buscan liberar capacidad de inversión adicional y crear un entorno empresarial más favorable, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según estimaciones de la propia Comisión, estas reformas podrían generar un ahorro de 6.300 millones de euros en costes administrativos y movilizar hasta 50.000 millones de euros en inversiones.

Entre los principales cambios del Paquete Ómnibus se encuentra la simplificación de los informes que las empresas deben presentar sobre finanzas sostenibles, lo que hará más fácil y menos costoso acceder a financiación, especialmente para las pymes. También se ajustan las normas sobre sostenibilidad, concentrando las obligaciones en las empresas más grandes y aliviando la carga para las más pequeñas. Además, se clarifican las reglas de la taxonomía de la UE para que se apliquen de manera más uniforme en todos los países. Otro cambio importante es la mejora del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que busca reducir la burocracia sin afectar su eficacia en la lucha contra el cambio climático. Por último, se agiliza el acceso a programas europeos de financiación, como InvestEU, para que las empresas puedan obtener fondos más fácilmente.

Críticas y preocupaciones: ¿un paso atrás en sostenibilidad?

A pesar de los objetivos declarados, diversas organizaciones han manifestado su preocupación respecto al Paquete Ómnibus. La Plataforma de Empresas Responsables ha calificado la propuesta de «desregulación diseñada para desmantelar la responsabilidad de las empresas«. Según la plataforma, esta iniciativa podría debilitar pilares fundamentales del Pacto Verde Europeo, como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de Taxonomía. Además, señalan que la propuesta podría generar incertidumbre en los Estados miembros que ya han iniciado la transposición de estas normativas y recompensar a las empresas que no se han preparado para su cumplimiento. La plataforma insta a la Comisión Europea a proteger activamente estas leyes de responsabilidad corporativa, mantener el calendario oficial para su implementación y garantizar la transparencia en el proceso relacionado con el Paquete Ómnibus.

Presiones empresariales 

Desde hace años, las declaraciones y presiones del sector empresarial para relajar la regulación en materia de sostenibilidad en favor de la competitividad han estado a la orden del día. En febrero de 2024, un grupo de 73 líderes industriales de sectores como la energía, la automoción y la minería presentaron la Declaración de Amberes a la Comisión Europea. En este documento, se solicitaba un marco regulatorio más flexible que facilitara la inversión y redujera la carga burocrática, argumentando que las normativas existentes limitaban la competitividad de las empresas europeas.

Sin embargo, informes como el del Centro de Investigación sobre Multinacionales (SOMO) señalan una contradicción: muchas de las empresas que apoyaron la Declaración de Amberes han destinado una parte significativa de sus beneficios a dividendos y recompra de acciones, en lugar de invertir en sostenibilidad y transición ecológica. En uno de las investigaciones realizadas por SOMO se presentan algunos ejemplos. La multinacional Shell, entre 2010 y 2023, destinó el 97% de sus beneficios a dividendos y recompra de acciones. En ese mismo período, la compañía británica BP repartió dividendos que superaron sus beneficios netos, financiando estos pagos con deuda y TotalEnergies asignó el 86% de sus beneficios a dividendos. Con estos datos, el informe pretende demostrar que, aunque las empresas abogan por una menor regulación para facilitar inversiones sostenibles, en la práctica priorizan la retribución a sus accionistas sobre la inversión en sostenibilidad.

¿Hacia dónde se dirige la propuesta?

Las propuestas legislativas del Paquete Ómnibus han sido enviadas al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, que ahora deberán debatirlas y aprobarlas. Los cambios en la CSRD, CSDDD y CBAM entrarán en vigor una vez que ambas instituciones lleguen a un acuerdo y sean publicados en el Diario Oficial de la UE. La Comisión Europea ha solicitado a los legisladores que den prioridad a esta reforma.

El Paquete Ómnibus representa una decisión clave para el futuro regulatorio de la Unión Europea, pero no puede convertirse en una herramienta de desregulación que debilite la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. Para avanzar hacia una verdadera transición ecosocial, es necesario un marco normativo que garantice la responsabilidad empresarial y priorice el bienestar colectivo sobre los intereses financieros de corto plazo. La competitividad de las empresas debe construirse sobre bases sostenibles, con incentivos alineados con los objetivos climáticos y sociales de la UE. La transición ecológica solo será posible si la regulación mantiene su papel de garante de un futuro justo y resiliente para todas las personas y el planeta.