198 entidades europeas reclaman que el paquete Ómnibus no debilite las finanzas sostenibles

En un momento en el que la Unión Europea se debate entre mantener su ambición en sostenibilidad o ceder a presiones por la simplificación normativa, un total de 198 firmantes —entre inversores, empresas, proveedores de servicios y organizaciones de la sociedad civil— han hecho público un manifiesto conjunto este 1 de julio de 2025. Su mensaje es claro: el paquete normativo conocido como Ómnibus I, impulsado como iniciativa de simplificación por las instituciones europeas, no debe suponer un retroceso en los estándares que sustentan el marco de finanzas sostenibles de la UE.

La declaración, coordinada por redes como Eurosif (European Sustainable Investment Forum), IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) o GRI (Global Reporting Initiative ), subraya que los pilares del sistema europeo de finanzas sostenibles —el Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)— son esenciales para que Europa alcance sus objetivos económicos y ambientales. Entre los firmantes figuran entidades financieras como el Grupo Banca Etica o Triodos Bank, así como otros actores internacionales.

Por qué preocupa el Ómnibus I

El contexto que motiva esta declaración es la propuesta del paquete Ómnibus I, una iniciativa dirigida a simplificar la regulación europea, pero que, según los firmantes, podría acabar diluyendo normas clave para la transparencia empresarial, la responsabilidad en la cadena de suministro y los compromisos climáticos. El documento advierte de que la supuesta simplificación no debe significar una reducción del alcance ni de la ambición de las normas vigentes. “Al promover la transparencia y una conducta empresarial responsable, estas normas son un motor de la competitividad y el crecimiento, así como de la creación de valor a largo plazo y de los retornos para los inversores”, indica el texto.

Las organizaciones firmantes insisten en que las normas actuales reorientan las inversiones hacia los sectores y tecnologías que impulsan los objetivos del Clean Industrial Deal europeo, contribuyen a la armonización de los mercados de capitales de la UE y refuerzan la resiliencia y la capacidad de las empresas para anticipar y gestionar los riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad.

Las recomendaciones de los 198 firmantes

El manifiesto no se limita a una crítica al paquete Ómnibus. Los firmantes plantean una serie de recomendaciones concretas para garantizar que la simplificación no erosione la esencia de las normas. Así, el manifiesto plantea que cualquier simplificación del marco normativo debe preservar el principio de doble materialidad de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), clave para garantizar que las empresas informen no solo sobre los riesgos que los factores ambientales, sociales y de gobernanza suponen para su negocio, sino también sobre el impacto de sus propias actividades en la sociedad y el entorno. Los firmantes defienden que los European Sustainability Reporting Standards mantengan su interoperabilidad con estándares internacionales como los del ISSB, GRI y TNFD. Además, piden que el umbral de aplicación del CSRD se mantenga en empresas de más de 500 empleados, con un posible periodo de transición para las de entre 500 y 1.000 empleados, para no generar retrocesos ni desigualdades entre compañías.

Otra de las propuestas centrales es la defensa de un enfoque de debida diligencia basado en riesgos, tal y como recoge la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), alineado con los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE. El manifiesto subraya la importancia de exigir planes de transición climática con objetivos científicos, evaluados como una obligación de medios y no de resultados, y alerta sobre los peligros de imponer límites en la cadena de valor que puedan dificultar el acceso a información clave entre empresas e inversores, poniendo en riesgo la transparencia y la eficacia de las estrategias de sostenibilidad.

El riesgo de un paso atrás

El documento también alerta de que volver a un marco previo a la CSRD supondría ignorar los aprendizajes extraídos. Además, creen que reducir el alcance de la CSRD podría penalizar a las empresas que ya se han adelantado en la adopción de estas normas, y generar brechas de información que afecten a la toma de decisiones de los inversores. El manifiesto recuerda que más del 50 % de las empresas europeas con entre 500 y 1.000 empleados ya han comenzado a prepararse para el CSRD y desean mantenerse dentro de su ámbito de aplicación.

Otro punto de fricción es la propuesta de limitar la responsabilidad en la cadena de valor solo al primer nivel de proveedores. Los firmantes señalan que los riesgos más significativos en materia ambiental y de derechos humanos suelen encontrarse en eslabones más profundos de la cadena, por lo que reducir la debida diligencia a los proveedores directos sería un error y fomentaría el cumplimiento meramente formal, en lugar de una gestión real de riesgos.

Un mensaje a los responsables políticos

El texto concluye reclamando un entorno regulatorio claro y estable, imprescindible para que las empresas responsables y los inversores puedan contribuir a una economía europea competitiva y sostenible. “Mantener los elementos esenciales del marco europeo de finanzas sostenibles es clave para ofrecer la transparencia y certeza necesarias para crecer y descarbonizar al mismo tiempo”, afirma el documento. El documento permanece abierto a nuevas adhesiones hasta el 29 de agosto de 2025.