Aprobada la Directiva sobre Diligencia Debida: mitigar el impacto sobre DDHH y medio ambiente ya es una obligación

El Parlamento Europeo ha aprobado, el pasado 24 de abril, una directiva histórica sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad: Directiva sobre Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Esta directiva establece un marco riguroso para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos, laborales y ambientales en sus operaciones y cadenas de suministro. ¿Qué significa realmente esta directiva y cómo afectará a las empresas? Incorporar procesos de diligencia debida en sus cadenas de suministro y determinar sus efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medioambiente deja de ser una recomendación para convertirse en una obligación.

A pesar de que el texto final acordado ha quedado por debajo de las expectativas iniciales, las empresas deberán llevar a cabo una evaluación de riesgos para identificar posibles impactos negativos. Además, deberán implementar medidas preventivas y correctivas, ser transparentes en sus acciones y resultados, y enfrentar responsabilidades legales si no cumplen con sus obligaciones de diligencia debida. La participación de las partes interesadas también será clave.

La norma se aplicará de manera gradual hasta alcanzar a aquellas empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio mundial superior a 450 millones de euros. Además, la directiva también se aplicará a franquicias que operan en la Unión Europea. A pesar del mito de la amenaza para la supervivencia de las pymes, pequeñas y medianas empresas no entran directamente en la propuesta, aunque se verán afectadas como parte de la cadena de suministro. Según primeras estimaciones, esta nueva normativa afectará a menos de 5.500 empresas (por debajo del 1% del tejido empresarial de la Unión Europea). Para las empresas que no cumplan se prevé la denuncia pública y multas económicas de al menos el 5% de la facturación neta mundial para las faltas más graves.

Empresas españolas y Directiva de Diligencia Debida

Una vez completado el proceso formal de aprobación de la normativa, los Estados miembro tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. La nueva normativa plantea retos para las compañías españolas que se verán afectadas por esta directiva. Los resultados del último informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35”, referente al ejercicio 2022, revelan que la transparencia y rendición de cuentas en los aspectos sociales y medioambientales es deficiente en la mayoría de las empresas analizadas. Según el informe, la gestión de los impactos en los derechos humanos en las empresas del IBEX 35 es el aspecto peor valorado del análisis, por lo que aún queda mucho por recorrer para cumplir con la Directiva de Diligencia Debida.

El estudio indica que, aunque el 69% de las empresas analizadas afirman tener procesos de diligencia debida en derechos humanos, la calidad de la información proporcionada es «generalista y poco precisa y tiene un gran margen de mejora«. El impacto en los derechos humanos se produce, a menudo, a través de las actividades indirectas de las empresas. Aunque 24 de las empresas analizadas ofrecen información sobre los criterios de derechos humanos utilizados en la contratación de proveedores, solo 7 mencionan la realización de auditorías externas y únicamente 1 empresa detalla la frecuencia y realización de auditorías sin previo aviso.

La fiscalidad y la lucha contra la corrupción son los otros dos ámbitos donde la calidad de la información proporcionada por las empresas analizadas en bastante deficiente. Según las conclusiones de la investigación, la falta de transparencia en la información es especialmente relevante en áreas tan sensibles como los consejeros independientes, la evaluación de riesgos, los canales de denuncia, las actividades de lobby o la independencia de la auditoría externa.

La Directiva excluye al sector financiero

Frente a un creciente discurso que señala que normativas como esta  perjudican la competitividad de las empresas de la UE y supone una carga burocrática para ellas, la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) señala que la Directiva sobre diligencia debida proporciona a las empresas claridad jurídica, y establece unas condiciones equitativas en toda la UE. Para la entidad, estudios de la OCDE y de la Comisión Europea han seguido demostrando que las empresas que aplican la diligencia debida son más resistentes desde el punto de vista económico y están mejor preparadas para adelantarse a posibles riesgos.

Ejemplo de ello son las finanzas éticas. En los últimos diez años los bancos éticos han rendido el doble que el sistema bancario europeo convencional: más depósitos y más préstamos para la economía cercana, adoptando estrategias de apoyo para superar crisis como la vivida por la emergencia del COVID19. Todo ello con unos criterios sociales, ambientales y de gobernanza rigurosos y coherentes, que desbordan ampliamente la calificación “sostenible” de los actuales reglamentos y que, de manera coherente, evitan cualquier financiación vinculada a vulneraciones de derechos humanos.

En este sentido, las finanzas éticas continúan siendo pioneras con una autorregulación voluntaria, arraigada en sus valores y esencia. A pesar del papel crucial que desempeñan las finanzas, la Directiva aprobada excluye al sector financiero de llevar a cabo la diligencia debida con sus clientes. No obstante, se incluye una cláusula que obliga a la Comisión a considerar una posible iniciativa legislativa para el sector financiero dentro de un máximo de dos años. A pesar de ello, la aprobación de la CSDDD es un avance histórico para  la protección, respeto y reparación de abusos a los derechos humanos y al medio ambiente en el contexto empresarial.