Una Ley de vanguardia, referencia internacional de la economía social española

Acaba de celebrarse hace unos días, un importante acto en Madrid  y lo cierto es que esto hubiera sido inimaginable hace apenas unos pocos años: ministras y ministros, representantes del Congreso, agentes sociales, delegaciones internacionales  y decenas de delegaciones de empresas  y organizaciones de la economía social de todo el Estado juntas, en el Auditorio del Museo Reina Sofía. Todo lo anterior, ya nos sugiere que algo importante se estaba celebrando, y así es: 11 años de la primera  ley española de economía social, la famosa Ley 5/11 que nos ubicó en el firmamento del reconocimiento político estatal.

Una ley que supuso un  cambio de inflexión en cómo nos ve la sociedad  y cómo nos vemos a nosotros mismos, que dio el espaldarazo definitivo a CEPES en su papel de interlocución política y social, dotándonos de seguridad jurídica, con un marco normativo estable: “una ley para colocar a la economía social en la Agenda política del país”, en palabras de su presidente Juan Antonio Pedreño.Y, como todo acontecimiento  político, la ley de 29 de marzo de 2011, es fruto de un arduo y extenso trabajo de todo el sector de la economía social al poder presentar, varios años antes, un texto consensuado a los  poderes públicos  y conseguir además la unanimidad de todo el arco parlamentario de la época.

Tanto nuestra legislación como nuestra realidad empresarial es de vanguardia

Más de 2 millones de empleos, 43.000 empresas y un 10% del PIB son las cifras que hoy podemos presentar con orgullo a cualquier otro ciudadano europeo y del mundo, porque tanto nuestra legislación como nuestra realidad empresarial es de vanguardia: España preside la representación de la Economía Social europea,  siendo el único Estado europeo en desarrollar una estrategia país para la economía social, por lo que está en el origen de todas las Declaraciones, Pactos y Planes que se aprueban en la UE a favor de la Economía Social.

Crisis económicas, sanitarias o de seguridad nos están golpeando en estos últimos años y, en cada momento, la economía social se muestra como una solución que propone una forma de hacer empresa inclusiva y sostenible, que da primacía a la creación y mantenimiento de empleo de calidad, a la igualdad de oportunidades, a la diversidad, a la cohesión social y al desarrollo de los territorios. Por tener esa capacidad de respuesta a los desafíos el sector ha ido ganando respeto y reconocimiento tanto político como social. Ya no somos un grupo residual o periférico, sino que estamos en todos los sectores de actividad económica, en todos los grupos de población, tanto en el mundo rural como en el urbano, ubicándonos en el centro de las soluciones.

Palanca para ser sectores protagonistas de la transición ecológica y digital

En estos momentos CEPES negocia con el Ministerio de Trabajo y Economía Social la  2ª Estrategia de Economía Social 2022-2027 y la Comisión Europea acaba de aprobar el Plan de Acción Europeo de la Economía Social. Todo ello debemos aprovecharlo como palanca para ser uno de los sectores protagonistas de la transición ecológica y digital, siempre bajo  criterios de justicia, inclusión, equidad y diversidad. La Economía Social ha sido declarada por el Gobierno español como una de las 9 políticas palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y no sería justo en el reconocimiento anterior dejar atrás a las comunidades autónomas y a sus organizaciones representativas que, desde principios de este siglo,  fueron alcanzando cuotas de reconocimiento en el Dialogo Social y abrieron el camino de una gran parte de los logros de esta última década.

La Comunidad Autónoma de Andalucía que en 2002 fue la más precoz, seguida de la Región de Murcia en 2009 fueron las primeras  a la hora de conseguir el reconocimiento  político  que ponía en valor el papel de la economía social en el desarrollo de sus territorios y además marcaba una hoja de ruta en las políticas públicas, incluidos sus  presupuestos autonómicos, que incidían transversalmente en todos los Departamentos de Gobierno. Estos llamados “Pactos o Acuerdos por la Economía Social” se han extendido posteriormente a comunidades autónomas como Galicia, Baleares, Navarra o Asturias y se encuentran en fase de aprobación los de Euskadi, La Rioja, Aragón y Cataluña. Todo un logro que incluso permeabilizó en algún momento a Diputaciones provinciales y ayuntamientos con distintos nombres pero con el mismo espíritu.

También esos acuerdos, han sido la referencia para América Latina y El Caribe, quienes han visto en el ejemplo de la integración la fórmula idónea para incidir en las políticas a favor de la economía social, desde la interlocución de “una sola voz”. Sin duda, la cooperación y la democracia que nos caracteriza se retratan en este tipo de alianzas, donde todas las familias del sector confluyen para alcanzar objetivos comunes en favor de las mayorías.

Retos a afrontar

Toda la construcción jurídica y política de estos años en España debe ayudarnos  para afrontar algunos  de los retos que afrontaremos en la próxima década:

• estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos, democratizando el acceso a las tecnologías de personas y empresas;
• atraer el talento joven a nuestras empresas y en especial promover el emprendimiento entre jóvenes y mujeres;
• promover empleos de calidad, servicios sociales de proximidad, y una soberanía alimentaria y energética impulsada por  finanzas éticas y alternativas de base cooperativa;
• incrementar nuestra presencia en el Dialogo Social;
• acompañar a las administraciones públicas en la construcción de un nuevo mercado de contratación pública responsable;
• desarrollar  y mejorar  la medición, gestión  y evaluación del impacto social que alcanzan las acciones de nuestras empresas;
• impulsar iniciativas de innovación social promoviendo tanto la   cooperación entre nuestras empresas como en alianza con las administraciones públicas;
• reforzar nuestra identidad como referentes de Democracia, Participación y Justicia Social;
• liderar social y empresarialmente la carrera contra el cambio climático, la preservación de nuestros ecosistemas y el replanteamiento del modelo de desarrollo, mediante propuestas empresariales sostenibles que pongan a la persona en el centro de la vida.
• promover  de manera más activa y eficaz el papel que las mujeres y la igualdad tienen en la consecución de los retos anteriormente mencionados.

Retos que desde hace tiempo ya son GLOBALES  y a los que tendremos que aprender a superar en cooperación con otras organizaciones y entre territorios. Ninguno de los anteriores se supera con un solo “para Andalucía” o para “España”. Alcanzarlos, como bien marcan  los ODS y la Agenda 2030, y hacerlos sostenibles en el tiempo nos exige eliminar conceptos  que aprendimos de pequeños como el de FRONTERA “política, económica o étnica” y aprender a utilizar otros como “COMUNIDAD, PLANETA Y COOPERACION”.

• José Ariza Reyes es Director de la Fundación Escuela de Economía Social