La campaña #DesarmandoIndra denuncia en la Junta de Accionistas los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra

El pasado 26 de junio, la campaña #DesarmandoIndra, impulsada por más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, intervino en la Junta General de Accionistas de Indra, celebrada en la sede de la compañía en Alcobendas (Madrid). Durante la intervención, los colectivos denunciaron los vínculos de la empresa con el negocio del armamento, la militarización de fronteras y su colaboración con empresas que se benefician del genocidio en Gaza y de la ocupación y el apartheid israelí.

La acción se enmarca en una iniciativa de sensibilización y denuncia social que busca poner en evidencia el papel de Indra en el contexto global de rearme y belicismo. La intervención, llevada a cabo en el turno de participación de accionistas, estuvo a cargo del activista Enrique Quintanilla, quien, en nombre de los colectivos, trasladó un mensaje claro: “Indra continúa aumentando sus beneficios a costa de la guerra, los conflictos armados y el sufrimiento de la población civil”.

Beneficios al alza gracias al negocio de la guerra

Indra, empresa participada en un 28% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cerró el ejercicio 2024 con un beneficio neto de 278 millones de euros, un 35% más que el año anterior. El crecimiento de su área de Defensa ha sido uno de los motores principales de este incremento, con un aumento del 26% en sus ingresos. La tendencia continúa en 2025: solo en el primer trimestre, su actividad militar creció un 18%, alcanzando una cartera de pedidos superior a los 8.000 millones de euros.

Desde la campaña #DesarmandoIndra se subraya que este crecimiento está directamente relacionado con la producción y venta de armamento, así como con el desarrollo de sistemas de control fronterizo que contribuyen a un modelo de exclusión y vulneración de derechos.

Las denuncias de la campaña

Durante la intervención, los colectivos pusieron especial énfasis en los contratos de Indra con empresas militares israelíes. La compañía mantiene alianzas estratégicas con Israel Aerospace Industries, responsable de los drones Heron 1 y TP, utilizados en ataques sobre Gaza y Cisjordania. Además, participa en el desarrollo del lanzacohetes múltiple móvil SILAM, un programa de 700 millones de euros junto a Elbit Systems, la mayor empresa militar de Israel, proveedor esencial del ejército israelí.

Indra también ha desarrollado infraestructuras civiles en territorio israelí, como el sistema de peaje inteligente de la autopista Ayalon de Tel Aviv. Desde la campaña señalan que estos proyectos contribuyen a sostener un modelo de apartheid y colonización que facilita la movilidad de la población israelí mientras restringe la de la población palestina.

Otro de los puntos destacados por la campaña fue la implicación de Indra en la militarización de fronteras. La compañía provee tecnologías de vigilancia, control y detección —radares, sensores, sistemas de inteligencia artificial— que, según denunciaron, refuerzan un modelo de gestión de fronteras basado en la exclusión y la disuasión. “Mientras se restringe la movilidad de quienes huyen de la guerra o del hambre, se lucran las empresas que venden las herramientas para su contención”, señalaron desde la campaña durante la intervención.

Además del impacto en los derechos humanos, la denuncia también puso el foco en el impacto medioambiental de la industria armamentística. Según destacó Enrique Quintanilla, la militarización y el negocio de la guerra no solo alimentan los conflictos, sino que desvían recursos clave que deberían destinarse a una transición ecológica justa y contribuyen al deterioro ambiental. Indra está identificada entre las cinco empresas del sector militar español con mayores emisiones, un dato que, según los colectivos, se mantiene invisibilizado en los balances oficiales.

Las respuestas de Indra

Durante la Junta, José Vicente de los Mozos, presidente de Indra, respondió a las cuestiones planteadas por la campaña. Señaló que “todas nuestras tecnologías son duales, es decir, de uso tanto civil como militar” en relación con la implicación de la empresa en el sector armamentístico. Ante los señalamientos sobre el papel de Indra en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la guerra, De los Mozos afirmó que “no es un tema de guerra, la tecnología está avanzando a gran velocidad. Es el cambio disruptivo de las nuevas tecnologías”. Por último, respecto a la colaboración con empresas israelíes, explicó que “tenemos un plan de contingencia para aquellos componentes que dependemos de la industria israelí dar una solución con empresas europeas o españolas”.

Llamamiento a los accionistas

En un contexto global de incremento del gasto militar, la campaña subrayó la preocupación por la denominada “financiarización de la guerra”, en la que los conflictos se convierten en oportunidades de rentabilidad para las empresas, al margen del interés público o la legalidad internacional. Según la campaña, este modelo no solo perpetúa los conflictos, sino que desvía recursos clave para una transición ecológica justa y agrava la huella ambiental.

La intervención concluyó con un llamamiento a los accionistas y directivos de Indra a que la compañía cese su participación en la producción y suministro de armamento y abandone el desarrollo de tecnologías que contribuyen a la militarización de fronteras. “Indra no puede seguir siendo cómplice, por acción u omisión, de crímenes de guerra o genocidio como los que se investigan en la Corte Penal Internacional”, afirmó Quintanilla.

Acciones en Barcelona y continuidad de la campaña

De forma paralela, en Barcelona, activistas de la campaña realizaron una intervención artística frente a la sede de Indra en la ciudad, con el objetivo de visibilizar los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y el genocidio en Gaza.

La campaña #DesarmandoIndra está impulsada por organizaciones como Fundación Finanzas Éticas, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Alternativa Antimilitarista MOC, WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), Ecologistas en Acción y Desarma Madrid, entre otras. Las entidades anunciaron que seguirán desarrollando acciones de denuncia y sensibilización para alertar sobre el impacto del negocio de la guerra en los derechos humanos y el planeta.