El Parlamento Europeo da un paso más hacia la supervisión de la responsabilidad social y medioambiental de las empresas

El Parlamento Europeo acaba de aprobar su propuesta para integrar los derechos humanos y el impacto medioambiental en la gobernanza de las empresas. Es decir, las compañías estarán obligadas a identificar y, en caso necesario, prevenir, interrumpir o mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente. También tendrán que vigilar y evaluar los efectos causados por sus socios en la cadena de valor, lo que incluye no sólo a suministradores, sino también a los encargados de ventas, distribución, transporte, almacenamiento, gestión de residuos y otros ámbitos.

En palabras de la eurodiputada Lara Wolters, encargada de la elaboración del informe del Parlamento Europeo, «el apoyo del Parlamento Europeo es un punto de inflexión en cómo miramos al papel de las empresas en la sociedad. Una ley sobre responsabilidad corporativa debe garantizar que el futuro es de las compañías que tratan a las personas y el medio ambiente de manera saludable –no de aquellas que basan sus ingresos en dañar al medio ambiente y en la explotación». Las nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la UE, de todos los sectores, incluido el financiero, con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros.

Debida diligencia: que las empresas operen de manera  responsable

Trabajo infantil, esclavitud,  explotación laboral, contaminación,  degradación medioambiental o pérdida de biodiversidad son algunas de las problemáticas que siguen existiendo a nivel global. A pesar de existir recomendaciones y directrices específicas mundiales, la ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por una gestión negligente de derechos humanos e impactos ambientales hace que haya muchas empresas que no aborden esos impactos. Según una encuesta de Pacto Mundial ONU España, realizada en diciembre de 2022 a 2.500 empresas del país, únicamente el 26% de las empresas españolas dispone de una política de derechos humanos y solo una de cada 10 empresas realiza la evaluación de impacto de la organización en estos derechos.

Por ello, en los últimos años, ha habido un creciente interés y debate sobre la necesidad de establecer regulaciones más estrictas en materia de debida diligencia de las empresas. La debida diligencia es un proceso de evaluación y análisis exhaustivo que se lleva a cabo antes de realizar una transacción comercial o tomar una decisión importante. Es una práctica común en los negocios y en las inversiones, y tiene como objetivo identificar y evaluar los riesgos, oportunidades y posibles consecuencias de una acción determinada.

Avances de la propuesta aprobada en el Parlamento Europeo

La propuesta aprobada ahora en el Parlamento Europeo establece, entre otros avances, que las empresas tendrán que desarrollar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5°C y, en el caso de aquellas empresas con más de 1.000 empleados, cumplir el citado plan tendrá repercusión en la parte variable de la remuneración de los ejecutivos.  Igualmente, establece la responsabilidad de los directores en la supervisión del desarrollo e implementación de los planes de transición climática obligatorios.

Por otro lado, la propuesta también requiere a las empresas a tomar medidas respecto a los afectados por su actividad, reduciendo los obstáculos de acceso a la justicia de los perjudicados (por ejemplo, ampliando el plazo de prescripción de los casos de abusos empresariales y ofreciendo asistencia financiera y jurídica a las víctimas) e introduciendo mecanismos de reclamación. También deberán facilitar información sobre su política de diligencia debida a los inversores, mediante su publicación en el punto de acceso único europeo (ESAP).

Aspectos de mejora

A pesar de los avances y la importancia de esta aprobación, desde la Plataforma por Empresas Responsables (red que agrupa a 19 organizaciones españolas de sociedad civil y que reclama una Ley de debida diligencia española) creen que existen aún varios aspectos que deberían incorporarse para que la Directiva de debida diligencia de la UE sea eficaz.  En este sentido, inciden en que el Parlamento Europeo ha optado por ignorar las protecciones medioambientales recomendadas por su propia comisión de Medio Ambiente y reclaman que la ley debería reforzar los propios objetivos de la UE en materia de «Pacto Verde». Igualmente abogan por incluir al sector financiero en la lista de sectores de alto riesgo, dada además su influencia, mediante la financiación, en todas las demás empresas.

Por otro lado, a pesar de los avances en los temas de acceso a la justicia y reparación, desde la Plataforma por Empresas Responsables solicitan que la Directiva incorpore un sistema efectivo de responsabilidad civil que incluya un conjunto de previsiones que permitan el acceso a la justicia efectiva de las personas y comunidades afectadas. Creen además que la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente no debe aplicarse únicamente fuera de las fronteras de la UE sino que también debe proteger a las personas trabajadoras, las comunidades y el medioambiente dentro de la UE.

Una vez aprobado el posicionamiento del Parlamento Europeo, las negociaciones finales para adoptar la Directiva está previsto que tengan lugar en el último semestre del año, durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Algunos países de la UE como Francia, Alemania o Noruega ya han adoptado legislación propia sobre debida diligencia empresarial. Por eso, desde la Plataforma por Empresas Responsables solicitan una ley en España que suponga una obligación formal de debida diligencia para las empresas españolas y para las que operen en el mercado español.