Finanzas éticas en 2026: cuatro temas clave en la agenda

Este 2026 arranca en un contexto global marcado por el aumento de los conflictos y una creciente sensación de incertidumbre social y económica. En este escenario, hablar de sostenibilidad, de economía social y de finanzas éticas sigue siendo necesario. Las finanzas éticas dejan de ser una alternativa para convertirse en una herramienta clave para fortalecer la resiliencia económica, financiar la cohesión social y avanzar hacia una sostenibilidad real. Ponemos el foco en algunos de los temas que seguiremos de cerca a lo largo del año.

Real Decreto para el fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas

El Real Decreto de fomento de las finanzas éticas se encuentra actualmente en fase de tramitación, tras la apertura del proceso de audiencia e información pública a finales de 2025 por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El objetivo del texto es establecer un marco de reconocimiento y promoción para aquellas entidades financieras vinculadas a la economía social que operan con criterios de impacto social y ambiental, transparencia y gobernanza democrática.

A lo largo de 2026 será clave seguir de cerca la evolución de este Real Decreto, tanto en lo relativo a su redacción definitiva como a su posterior aplicación. El debate abierto en torno al texto apunta a cuestiones relevantes para el sector, como la definición concreta de qué se entiende por finanzas éticas, los criterios objetivos que deberán cumplir las entidades para ser reconocidas como tales y el alcance real de las medidas de fomento previstas. También será necesario observar cómo se incorporan las recomendaciones de distintos organismos y hasta qué punto el marco final logra reforzar un modelo financiero coherente con sus principios fundacionales, evitando interpretaciones ambiguas o excesivamente amplias.

Ley Integral de Impulso de la Economía Social

El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, aprobado en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, a finales de 2025, y pendiente de culminar su tramitación parlamentaria, supone un paso relevante en la actualización y modernización del marco jurídico de la economía social en España. En 2026 será clave seguir cómo evoluciona esta normativa, qué modificaciones incorpora durante su tramitación y hasta qué punto logra traducir el reconocimiento institucional en medidas con impacto real para cooperativas, empresas de inserción, asociaciones y otras entidades de la economía social.

Desde la perspectiva de las finanzas éticas, el proyecto incorpora el reconocimiento de que el desarrollo de la economía social requiere condiciones adecuadas, entre ellas el acceso a financiación. Aunque el texto no regula instrumentos financieros concretos ni introduce medidas económicas específicas, sí refuerza el marco político y jurídico desde el que las administraciones públicas pueden promover apoyos y políticas de financiación acordes con los principios de la economía social. Este enfoque crea un marco más favorable para el despliegue de políticas públicas y herramientas financieras alineadas con los principios de la economía social, abriendo un espacio en el que las entidades de finanzas éticas pueden desempeñar un papel relevante en la consolidación de modelos económicos orientados al bien común.

Europa: Marco Financiero Plurianual y Plan de Acción de la Economía Social

El próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea se perfila como un elemento decisivo para el futuro de la economía social, las microfinanzas y las finanzas éticas. En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y por un desplazamiento de las prioridades presupuestarias hacia ámbitos como la defensa o la competitividad, el diseño del MFP será clave para determinar qué modelos económicos cuentan con respaldo estructural. Tal y como subrayan desde FEBEA, garantizar recursos específicos para la innovación social, la economía social y las finanzas éticas resulta esencial para sostener la cohesión, la inclusión y la justicia social en Europa. La experiencia de los últimos años demuestra que instrumentos basados en garantías públicas, como EaSI o InvestEU, han sido determinantes para reducir el riesgo de proyectos con alto impacto social y facilitar su acceso a financiación, por lo que el reto ahora es asegurar su continuidad y mejora en el nuevo marco presupuestario.

Este debate se cruza directamente con la revisión intermedia del Plan de Acción para la Economía Social, aprobado en 2021 como una hoja de ruta ambiciosa para fortalecer y ampliar este ecosistema hasta 2030. Desde Social Economy Europe advierten de que el contexto ha cambiado de forma sustancial desde su adopción y de que la economía social ha perdido peso relativo en la agenda política europea, algo que se refleja en las actuales negociaciones presupuestarias.

La revisión del Plan de Acción y el proceso del MFP ofrecen, por tanto, una oportunidad estratégica para renovar la ambición de la Unión Europea y reafirmar un modelo económico que combine dinamismo, innovación y reinversión en los territorios con prácticas democráticas y participativas. Desde la perspectiva de las finanzas éticas, este encaje será clave para que Europa apueste por instrumentos financieros coherentes con los valores que dice defender y capaces de dar respuesta a los retos sociales y económicos que se intensifican en el actual escenario.

Regulación de la sostenibilidad: las armas no pueden ser parte de la sostenibilidad

Otro tema clave de 2026 tendrá que ver con la evolución de la regulación europea en materia de sostenibilidad. Las tensiones geopolíticas y los discursos centrados en la seguridad han configurado un contexto en el que las finanzas sostenibles siguen siendo objeto de disputa. Desde las finanzas éticas, la posición es clara: las armas no pueden formar parte de la sostenibilidad. A lo largo del año será imprescindible seguir cómo evolucionan la taxonomía europea y los criterios ESG, detectar intentos de normalizar la inversión en el sector armamentístico bajo etiquetas supuestamente sostenibles y visibilizar el papel de las finanzas éticas como contrapeso frente al greenwashing y el social washing. Este debate no es técnico, sino profundamente ético y político, y conecta directamente con la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social.

El seguimiento crítico de estos debates será clave para evaluar si se avanza hacia una sostenibilidad real, basada en la justicia social, la cohesión y la democracia económica, o si estas prioridades vuelven a quedar relegadas frente a otras lógicas.