Los idus europeos de mayo 2019 ¿Oportunidad para poner las finanzas al servicio de las personas y el planeta?

Las elecciones europeas se acercan y tras diez años de crisis la tendencia a la desregulación bancaria vuelve a imponerse en la agenda política empujada por los grandes lobbies financieros. Mientras tanto, la ciudadanía nos empeñamos en volcar nuestra mirada en la política local sin darnos cuenta que si queremos cambiar las reglas de juego de la banca, el lugar apropiado para hacerlo es Europa

En pocos meses, gran parte de los más de 500 millones de ciudadanos europeos (a excepción de los británicos, a pesar de seguir en la UE a día de hoy) serán nuevamente llamados a las urnas para unas nuevas elecciones europeas. Tradicionalmente, a nuestros políticos se les llena la boca con la palabra “Europa” pero les cuesta explicar a sus votantes el trabajo concreto que realizan nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Es curioso que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo europeo, a pesar de no ser elegida por los ciudadanos suele contar con una mayor cobertura mediática de su trabajo. Nuestros políticos suelen lamentarse de los bajos niveles de participación en las elecciones europeas (y, de hecho, se suelen hacer coincidir con elecciones locales, autonómicas o generales porque en caso contrario los porcentaje de participación serían muy limitados). A la vista de esto, podemos plantearnos la pregunta siguiente ¿no conseguirían aumentar el interés de la ciudadanía en las elecciones europeas si se explicase mejor el trabajo de los eurodiputados en relación a las materias sensibles para la ciudadanía española?

Cada vez la sociedad cuestiona más el ordenamiento jurídico en materia económico-financiera, los procesos legislativos y sobre todo el resultado de los mismos: la ciudadanía quiere una economía más humana, más social, cuya buena marcha beneficie al conjunto de los ciudadanos. La percepción, como mínimo, es que las actuales estructuras económicas (y por consecuencia financieras, cosa que desarrollaré a continuación) benefician a una minoría enriquecida en detrimento del llamado “99%” o mayoría de la población. Por tanto, nos encontramos con los fenómenos paralelos de una sociedad muy desencantada con el trabajo de las instituciones públicas y a la vez una alarmante pérdida de legitimidad de los procesos democráticos (elaboración de leyes, elección de gobernantes y gestión de la res pública en general).

La mayor parte de nuestros conciudadanos ignoran que en materia económica, y aún más en cuestiones relativas a la regulación de los mercados financieros y las instituciones bancarias que Europa lleva la voz cantante. Como experto en regulación financiera europea opino (creo que con bastante criterio) que hasta un 90% del volumen de normas que rige la actividad de las instituciones financieras se determinarían en el ámbito comunitario, quedando una parte muy marginal de las normas asignada a las instituciones de los países miembros.

¿Hipotecas? ¿Preferentes? ¿Rescates bancarios? ¿Finanzas Sostenibles? ¿Fondos de Garantía de Depósitos? ¿Planes de pensiones privados? Todas y cada una de estas cuestiones se definen en gran medida a través de Reglamentos y Directivas Europeas -estas últimas se adaptan al marco legislativo nacional en el plazo de 2 años- y una miríada de guías de cumplimiento, documentos de “preguntas y respuestas” y estándares técnicos. Concretamente, este último grupo de normas es muy importante pero increíblemente obtuso y su proceso de elaboración es aún menos transparente que las Directivas y Reglamentos.    

Como planteaba antes, numerosos ciudadanos no pueden evitar plantearse cuestiones como ¿sirven las leyes que rigen nuestra economía y finanzas al interés público, o más bien a intereses de empresas privadas y grandes fortunas? ¿De qué sirve acudir a las citas electorales y conceder nuestro voto a partidos políticos que no son capaces de resolver los problemas de la ciudadanía? o ¿por qué los políticos no legislan para el interés de la mayoría de ciudadanos, que son quienes les votan y por tanto eligen para sus puestos de responsabilidad?

Seguramente muchos de vosotros hayáis seguido series como House of Cards, o incluso visto alguno de los documentales que se han difundido en los últimos años en los que se pone el foco sobre los “lobbies” o grupos de presión, especialmente activos en Washington y Bruselas.  

Según cifras publicadas por el Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO), los lobbies financieros invirtieron más de 120 millones de euros anuales y cuentan con un ejército de 1.700 lobbistas para amoldar la legislación comunitaria a las necesidades de la gran banca.

Ésta es una cuestión sobre la que se discutió largo y tendido en los meses posteriores a las elecciones europeas de 2009. Las instituciones europeas estaban gestionando una situación crítica con instituciones financieras sistémicas “too big to fail” a las que los gobiernos nacionales inyectaron masivamente dinero público para evitar que llevasen al colapso a la totalidad del sistema financiero global.

Se comprobó que la inadecuada regulación de los bancos se debía en parte a la influencia de los lobbies financieros, que promovieron una agenda desregulatoria que les permitiese asumir mayores riesgos. Los servicios financieros no tributan por IVA, al contrario que el resto del sector servicios. Además, el sector financiero ha recibido ayudas públicas no reembolsadas, a pesar de tener beneficios históricos en los últimos años en el caso Español. El grueso del sector financiero, además, está muy desconectado de la economía real; y sobretodo local, de PYMES y proyectos alineados con valores de sostenibilidad ambiental y social: esta economía parece interesarles menos que el sector inmobiliario y créditos al consumo; sectores que generan menor empleo, son menos continuos en el tiempo y en definitiva generan menor valor añadido para la sociedad. La regulación actualmente existente poco hace para incentivar un cambio de paradigma de la gran banca. Estos son simplemente unos pocos ejemplos de la situación privilegiada de la gran banca respecto del resto de sectores económicos y ciudadanos de a pie.

Fue en ese momento de urgencia que un grupo de diputados europeos se dieron cuenta de la necesidad de un contrapoder que ayudase a reequilibrar la balanza hacia el lado del interés público. En sus propias palabras, un “Greenpeace de las Finanzas”. Es en ese momento que nace Finance Watch, proyecto financiado en parte por la Comisión Europea y que cuenta con la Fundación Finanzas Éticas como miembro. Finance Watch, que empezó su andadura en 2011, recrutó especialistas venidos de la industria financiera con profundos conocimientos del negocio bancario para ponerse a la altura del ejército de lobbistas de la gran banca. Si bien este combate pudiera evocarnos el pasaje bíblico de David contra Goliat, de esta historia también concluimos que es una lucha necesaria y justa.

Volviendo al argumento con el que comenzábamos, los ciudadanos perciben (y sienten en sus propias carnes) que la regulación financiera está sesgada a favor de la gran banca. Dado que la Unión Europea es el principal actor en la regulación de los bancos, las instituciones europeas podrían recuperar parte de la legitimidad perdida resistiéndose al cortejo de los lobbies financieros y facilitar un cambio de paradigma a través de la normativa bancaria: debemos cambiar las reglas de juego de la banca y el lugar apropiado para hacerlo es Europa. De lo contrario, costará mucho que los ciudadanos vean las elecciones europeas como el camino para el cambio que desean.