Los mensajes de alerta frente al cambio de modelo: burocracia, Agenda 2030 o pérdida de competitividad.

«Stop Agenda 2030. La competencia desleal nos revienta» «Derogación Agenda 2030. Por unos precios justos» son algunos de los lemas incluidos en pancartas de las recientes protestas del sector agrícola. En los últimos tiempos, las reacciones frente a los avances normativos o consensos en materia de protección ambiental o derechos sociales aluden habitualmente a retrocesos económicos globales, pérdida de competitividad empresarial, burocracias excesivas o incluso a pérdida derechos para determinados sectores. Las últimas movilizaciones agrarias ofrecen un ejemplo claro. Pancartas y declaraciones en contra de una Agenda 2030 cuyo contenido aboga, entre otros, por salarios dignos, sostenibilidad de los sistemas de producción o la adopción de medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios. Retos, todos ellos, seguramente deseables (y desconocidos) por aquellos que reclaman su abolición.

Pero no es la agricultura el único sector alarmista. En la última Junta de Accionistas de REPSOL, celebrada en 2023, Josu Jon Imaz, consejero delegado de la compañía, interpelado sobre la responsabilidad de REPSOL en aspectos vinculados a la crisis climática actual, reiteraba unas declaraciones que ya había compartido en el Foro de Davos: «Es ético producir el petróleo y gas que el mundo necesita porque de otro modo las industrias van a tener que cerrar, los empleos industriales se van a perder, Europa va a perder los niveles de bienestar”. Apelar a discursos sobre pérdida de industrialización, pérdida de competitividad o retroceso económico se está convirtiendo en una herramienta común entre lobbies empresariales con objeto de ralentizar y minimizar las obligaciones en materia medioambiental o social.

Otro ejemplo reciente lo hemos tenido estos días. El acuerdo político para el lanzamiento de la Directiva de diligencia debida medioambiental y de derechos humanos corporativos (CSDDD por sus siglas en inglés) fue alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo el 14 de diciembre de 2023 . Este acuerdo debía ser ratificado por los Estados miembros el viernes 9 de febrero 2024. Pero la votación fue aplazada para permitir a la presidencia europea belga encontrar una solución a la abstención propuesta por Alemania. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, y el ministro de Justicia, Marco Buschmann, manifestaron su rechazo a la normativa europea alegando que va más allá de la propia ley de responsabilidad corporativa que rige en Alemania desde 2023 y que añade más cargas burocráticas a las empresas. La abstención de Alemania ha llevado a otros países (Suecia, Finlandia, Austria y quizás Italia) a abstenerse también. Si no hay mayoría cualificada, la legislación no se aprueba.

¿Qué propone la Directiva? «Entre otras cuestiones, las grandes empresas multinacionales tendrán que hacer frente a los riesgos para las personas, las comunidades y el medioambiente, vinculados a sus operaciones y a sus relaciones comerciales. Además, las víctimas podrán exigir responsabilidades a las empresas ante los tribunales de la UE si se ven perjudicadas por sus actividades«, explican en la web de Plataforma por Empresas Responsables, red que aboga por esta normativa tanto en España como a nivel europeo. Por ejemplo, casos como el vertido de petróleo frente a las costas de Perú por responsabilidad de Repsol estarían cubiertos por la directiva de debida diligencia y la empresa tendría que asumir los costos del daño medioambiental.

Para intentar frenar los razonamientos catastrofistas, diferentes organizaciones aportan datos que contrarrestan las reflexiones y predicciones más pesimistas. Desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa se hacen eco del estudio «Expected economic effects of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)” publicado por la Cámara de trabajadores y empleados de Viena el pasado año. Como indican desde el Observatorio, «según esta investigación los cuestionamientos a los efectos económicos de la Directiva suelen pecar de un enfoque cortoplacista, estático y reduccionista, que resalta y magnifica los presuntos costes directos a corto plazo, sin considerar las ventajas directas e indirectas (a través de la cadena de valor), a medio y largo plazo; así como la interacción de las mismas y la reducción de externalidades negativas«. Según el estudio, el coste de implementar sistemas de debida diligencia medioambiental y de derechos humanos no debería suponer una pérdida de competitividad para las empresas europeas, ya que gran parte de ellas ya incorporan este tipo de consideraciones en sus estrategias de negocio y gobernanza. Igualmente, tampoco la Directiva contribuye a desindustrializar la Unión Europea, al contrario: puede contribuir a corregir fallos de mercado, por ejemplo, mediante la penalización de las malas prácticas en terceros países.

El avance hacia nuevos modelos provoca muchas veces reacciones catastrofistas por parte de quien siente que pierde privilegios. No obstante, cuestiones como la desigualdad, el avance del cambio climático o el incumplimiento de derechos humanos requieren cambios del actual modelo económico. Cambios respaldados por una amplia mayoría de ciudadanía que considera, por ejemplo, que el cambio climático es un grave problema para el mundo y que debe acelerarse la transición hacia una economía más ecológica.

Por eso, es necesario introducir en la agenda pública el debate sobre el modelo económico actual que tiene su base en el crecimiento, la productividad y el reparto desigual de beneficios. Y mostrar otros modelos que incorporan cuestionamientos al crecimiento y productividad constantes, nuevos sistemas de gobernanza y de reparto de beneficios, colocando a las personas en el centro de la economía. Finanzas éticas y economía social forman parte de esos modelos, con ejemplos que funcionan, y que pueden ser un camino sobre el que trabajar.