¿Qué opina la población española sobre la transición ecológica?

El Observatorio de Transición Justa ha publicado su informe ejecutivo sobre la percepción de la población española respecto a la transición ecológica. Este estudio, basado en una encuesta realizada a 3.019 personas entre octubre y noviembre de 2023, revela datos significativos sobre la conciencia y actitudes de la ciudadanía hacia el cambio climático y las políticas medioambientales

El 83,4% de los encuestados reconoce la existencia del cambio climático, aunque se observa una ligera disminución en comparación con estudios anteriores. Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las temperaturas son los efectos más percibidos. Quizás por ello, el 68% de la ciudadanía consultada considera que la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad de actuación, mientras que tan solo el 4% señala que no es importante. Estos datos suponen un aumento en la percepción de la población española respecto a la importancia de actuar contra el cambio climático. Sobre todo entre las personas más jóvenes: la proporción de jóvenes menores de 30 años que apoya la lucha contra el cambio climático asciende al 78%.

Preocupación por el impacto económico de la transición ecológica

En términos generales, la mayor parte de la población considera que la transición ecológica es, a corto plazo, una oportunidad para nuestra sociedad (56%) y tan solo el 19% la considera una amenaza. No obstante, la población no parece percibir un impacto socio-económico claro de la transición ecológica, aunque sí parece ser más consciente del impacto positivo que puede tener el proceso en la salud y el medio ambiente. Así, en torno al 60% cree que el proceso de transición ecológica puede reducir la contaminación del aire, del agua, mejorar la salud y generar entornos más limpios. Sin embargo, se observa una notable preocupación por el impacto que puede tener sobre el coste de la vida. El 51% considera que los cambios de pautas de consumo que implica la transición ecológica pueden tener un impacto en su capacidad económica.

Los datos revelan un retroceso general entre la población en la disposición a adoptar comportamientos socialmente responsables con el medio ambiente en la vida cotidiana. Este retroceso se observa especialmente en aquellos cambios que pueden implicar un sobrecoste económico, como la disposición a pagar más impuestos, asumir el sobrecoste de la compra de un coche híbrido o eléctrico o la compra de productos ecológicos. En esta línea, también el informe destaca una tendencia a delegar la responsabilidad de la transición ecológica en las administraciones públicas, con un 92% de los encuestados atribuyendo a estas la gestión del proceso. No obstante,  el 77% considera que la ciudadanía debe tener un papel activo.

 

La mayor parte de la población aprueba las actuaciones públicas puestas en marcha para frenar el cambio climático (reciclaje, rehabilitación energética, sensibilización); y son las relativas a los
impuestos ambientales y la fijación de áreas de bajas emisiones las que cuentan con menos apoyo (41% y 58%, respectivamente). «De nuevo, se observa menor disposición hacia aquellas que de alguna manera afectan al poder adquisitivo de la ciudadanía o hacia las que limitan más directamente la cotidianidad de las personas, en este caso respecto a su movilidad urbana«, indica el informe.

Así, la población es más proclive a apoyar medidas de fomento de
determinados sectores a través de subvenciones, que a secundar medidas punitivas como la recaudación fiscal o las restricciones o prohibiciones directas. Por ejemplo, el 73% apoya las subvenciones a
la compra de vehículos eléctricos y sólo el 47% apoya la prohibición de vehículos contaminantes. Otro ejemplo: el 79% apoya las subvenciones a la ganadería ecológica y sólo el 41% apoya la
prohibición de macrogranjas.

Comunicación efectiva frente a discursos negacionistas

Por último, el informe destaca el crecimiento de un perfil de personas «inmovilistas», «un perfil al que prestar especial atención por ser el más reacio a las transformaciones que implica el proceso de transición ecológica, tanto en términos individuales como colectivos, y por las narrativas que pueden generar para generar confusión y desaliento, especialmente entre las personas menos informadas«, se indica en el estudio. Este perfil representa, actualmente, al 16% de la población.

Dados los datos, el informe subraya la importancia de una comunicación efectiva que genere confianza y seguridad a la población en torno a los beneficios que implica el proceso
de transición energética, con evidencias comprensibles y aplicables a la vida cotidiana. Ello ayudaría a combatir la desinformación, «caldo de cultivo para la generación de discursos negacionistas«, según el informe. Igualmente, el informe sugiere que para desarrollar políticas de actuación que obtengan un elevado consenso social es necesario «generar procesos de participación social orientados a la búsqueda de soluciones que impliquen un esfuerzo compartido. El empleo de modelos y escenarios, constituye una buena fórmula para atisbar futuros posibles y limitar el rango de incertidumbre en el que
nos movemos«.