Un impuesto a la banca para hacer frente a la inflación

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana un impuesto a compañías energéticas y bancos con el que pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años que, según el Gobierno, reforzarán el programa de ayudas a la ciudadanía frente a la inflación. Este impuesto, “temporal y excepcional” en el caso de los bancos, irá dirigido a entidades con ingresos superiores a más de 1.000 millones de euros, lo que afectaría a las diez principales entidades bancarias españolas: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca, Kutxabank y Cajamar.

En la zona euro está previsto que, en este mes de julio, el Banco Central Europeo (BCE) inicie la subida de los tipos de interés. Se trata del primer incremento del BCE desde 2011, con el objetivo de frenar la inflación. El pasado mes de junio, los analistas de S&P Global Rating realizaron una encuesta a 85 bancos europeos de 23 países con el fin de analizar el impacto de las potenciales subidas de tipos. En dicho estudio, la agencia de calificación señalaba que la mayoría de bancos europeos ya había informado de incremento en sus márgenes de interés y auguraba como previsión que el aumento de los tipos daría un impulso a los beneficios de la banca europea en 2022 y 2023.

Repartir los dividendos por el aumento de los tipos de interés

Poniendo el foco en esos beneficios, con el anuncio del nuevo impuesto a la banca, el Gobierno español busca, según su presidente, repartir los dividendos extraordinarios que obtendrá el sector bancario derivados de las inminentes subidas de los tipos de interés. “Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”, ha indicado Pedro Sánchez. Por ello, la futura medida gravará los beneficios extra obtenidos en 2022 y en 2023 por parte de los bancos y se estima que recaudará 1.500 millones por cada año.

El objetivo del Gobierno español es que la tasa anunciada esté lista para implantar a finales de este año, a través de una proposición de ley que se debatiría en el Congreso después del verano, pero que aún debe negociar y presentar con sus socios en el gobierno de coalición, Unidas Podemos. Por ello, los detalles concretos del nuevo impuesto aún se desconocen, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado gestiones para para prohibir a las entidades financieras que repercutan el coste fiscal a sus clientes. “En la norma, tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad”, ha indicado la ministra en una entrevista radiofónica.

Reacción negativa del sector bancario

Tras este anuncio, el mismo martes 12 julio, las entidades bancarias presentes en el Ibex 35 – índice bursátil de referencia de la bolsa española – sufrieron una fuerte caída, perdiendo más de 5.300 millones de euros de su valor en bolsa. Caixabank fue el valor más castigado con un desplome superior al 8%, su mayor caída desde marzo de 2020. Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) emitió un comunicado en el que su portavoz, José Luís Martínez Campuzano, cuestiona los supuestos beneficios bancarios tras la subida de tipos, “es difícil anticipar cómo evolucionarán los resultados de los bancos tras la subida de tipos oficiales”. Por ello, califica como “sorprendente” el anuncio del nuevo impuesto y cree que “puede entorpecer la capacidad de las entidades de generar capital y acceder a financiación, lo que podría limitar su capacidad de seguir dando financiación a la economía en las mejores condiciones posibles”. La AEB también señala en su nota que “la creación de impuestos específicos a sectores concretos genera una inseguridad que va más allá del sector afectado. Especialmente cuando se alejan de la norma internacional, en un momento en que atraer inversión es clave para seguir creando riqueza”.

En 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe (A fair and substantial contributios by the finantial sector) donde señalaba distintas modalidades de impuestos posibles a la banca como una forma de recuperación de las ayudas aportadas a estas entidades tras la crisis del 2008. Tras la emisión de dicho informe diferentes gobiernos pusieron en marcha impuestos temporales de ese tipo, como como Francia, Alemania o Reino Unido. El pasado mes de mayo, también el gobierno húngaro ha anunciado la aplicación de un nuevo impuesto sobre las ganancias extraordinarias a los bancos y empresas del país.

De momento habrá que esperar para ver cómo concreta el impuesto el gobierno español y su repercusión.