El 24 de septiembre volvemos a las calles exigiendo «Justicia por el Clima»

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están en juego.

A finales de agosto de este año, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) hacía público el avance de los resultados del Grupo de Trabajo I. Este documento advierte que «las decisiones que tomen las sociedades ahora determinarán si nuestra especie prospera o simplemente sobrevive a medida que avanza el siglo XXI». Así, mientras se buscan respuestas urgentes frente a la COVID-19, se están tomando decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta. Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2, lo que requiere de decisiones políticas valientes, que introduzcan cambios ambiciosos de forma urgente. Estamos en un momento clave para evitar una crisis mucho más virulenta que la que el mundo ha experimentado con la COVID-19.

La sordera de los gobiernos a las reducciones marcadas por la ciencia es una actitud injustificable que condena durante siglos la vida en el planeta, ya que, como señala el propio IPCC, la naturaleza podrá evolucionar con el tiempo a un nuevo equilibrio, pero la especie humana no. Cada revisión del panel climático fuerza a establecer objetivos más ambiciosos debido a la falta de medidas. Cabe recordar cómo se van incumpliendo uno tras otro los compromisos climáticos. Por ejemplo, las propias Naciones Unidas lanzaban en 2015 una campaña para exigir que el año 2020 marcara un pico de emisiones. En aquel momento Patricia Espinosa, presidenta de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), declaraba: «La ciencia afirma que lograr el objetivo de temperatura a largo plazo requiere que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo para 2020 y se reduzcan a cero en este siglo». La Organización Meteorológica Mundial advierte de que existe al menos un 40 % de posibilidades de que se supere un incremento de la temperatura global superior a 1,5 ºC antes de 2026, lo que llevará a la desaparición de importantes ecosistemas y el agravamiento de fenómenos meteorológicos extremos.

Tras 25 convocatorias de cumbres climáticas, el descenso de las emisiones no llega. El año 2020 marcó un máximo histórico en las emisiones globales y, a pesar de los efectos del parón de la COVID–19, la tendencia de 2021 sigue el mismo patrón. Mientras tanto, el planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y terribles consecuencias. De hecho, este año será el tercero más cálido jamás registrado. El 12 de diciembre de 2020 se cumplieron cinco años de la adopción del Acuerdo de París, un acuerdo internacional que pretendía darle un sucesor al Protocolo de Kioto en la lucha internacional para el descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las diferencias entre protocolo y acuerdo son notables, pero, sobre todo, este último instaura una nueva óptica de las negociaciones internacionales, al definir un proceso basado en la voluntariedad de los países y no en la aceptación de las medidas indicadas por los paneles científicos. Un proceso que está fallando en limitar las emisiones globales de GEI en 2030 y que conducirían a un calentamiento global muy superior a los 3,7 ºC. En 2020 estaba prevista la cumbre de Glasgow y siguen pendientes muchas de las discusiones con las que finalizaba la COP25 en Madrid. Llega la COP26 acumulando retrasos importantes, entre ellos solventar las discusiones pendientes como el desarrollo del artículo 6, que define los mecanismos y mercados de carbono, y cuya aprobación podría suponer una minoración de los objetivos ya endebles, además de acumular un largo historial de vulneraciones sociales y ambientales. Una falta de ambición que es de todos y cada uno de los estados que forman la COP.

Como en el caso de España, que lleva años emitiendo GEI por encima del límite establecido. En virtud de la Decisión 2002/358/CE sobre el reparto comunitario de esfuerzos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, a nuestro país se le permitió incrementar sus emisiones en un 15% respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012, en lugar de tener que reducirlas como la mayoría de Estados de la Unión Europea. Lejos de respetar este límite, España incrementó sus emisiones hasta en un 22,8% durante ese tiempo, alcanzando un 51% en 2006, y hasta un 54% en 2007. Solo el impacto de la posterior crisis económica se tradujo finalmente en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad. Los planes del Gobierno de España continúan muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden para cumplir los acuerdos climáticos internacionales. Tanto el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) como la Ley de Cambio Climático, establecen una reducción de emisiones del 23% para 2030 respecto a 1990, muy lejos del 55% que el país debería asumir para contribuir, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad histórica, a limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar los peores efectos del cambio climático.

Una realidad que nos impulsó a Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Greenpeace, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Oxfam Intermón para presentar una demanda climática contra el Gobierno de España. Los litigios climáticos se han multiplicado en los últimos años en todo el mundo. Sentencias recientes como la dictada por la justicia holandesa contra Shell o las de Francia y Alemania respectivamente son una muestra de cómo los tribunales de todo el mundo están fallando a favor de la lucha climática y, en los dos últimos casos, contra la falta de ambición de los Gobiernos. Además, aunque los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos no reconocen el derecho al medioambiente, hace tiempo que los más altos tribunales internacionales sí reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos.

Por todo ello, el próximo 24 de septiembre el llamamiento de Huelga Mundial por el Clima de Fridays for Future en España se centrará en demandar ante la justicia la protección de los derechos de todas presentes y futuros, para lo que es fundamental hacer todo lo necesario para cumplir con las indicaciones de la ciencia.

Ante la incapacidad de la COP26 y de los países de proteger el futuro cumpliendo con la ciencia la respuesta de la ciudadanía debe de pasar por apelar a todas las instituciones, incluida la justicia. Esperamos que el próximo viernes sean muchas las personas que vuelvan a las calles reclamando Justicia por el Clima.