La evidencia empírica recopilada por los miembros de Finance Watch, que participan activamente en la protección del consumidor y el asesoramiento sobre la deuda, confirma los estudios que indican que los ciudadanos vulnerables (como hogares de bajos ingresos, desempleados, enfermos, marginados sociales, etc.) están particularmente en riesgo de ser víctimas de tales abusos. Las personas que ya están afectadas por otros elementos que condicionan o interrumpen su vida (como desempleo inesperado, enfermedades físicas y / o mentales, problemas relacionados con el envejecimiento, la muerte de un pariente cercano, responsabilidades de padres solteros, divorcios, etc.) se ven desproporcionadamente afectadas por la negligencia en el cobro de deudas.
La regulación de la UE debe garantizar que las condiciones de autorización y control de los administradores de crédito estén armonizadas en todos los Estados miembros, de conformidad con los principios de protección del deudor y las normas GDPR. Crear un campo de juego equitativo parece aún más urgente ya que varios países de la UE no protegen suficientemente los ingresos de los prestatarios para garantizar un nivel de vida digno. Sin la introducción de un ingreso mínimo protegido contra la incautación, está en riesgo la Dignidad Humana de los deudores, uno de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La desinformación de los deudores y la implementación de prácticas comerciales desleales son comunes. Éstas incluyen la omisión de información durante una venta, la tergiversación de información comercial en las estrategias de comercialización, facilitando las malas prácticas como la amenaza de la incautación (ilegal) de bienes muebles.
Los Estados miembros de la UE deberían tener una lista las acciones que los administradores de crédito tienen prohibido emplear cuando se trata de deudores y seguir un conjunto de estándares mínimos de la UE para el servicio de crédito. Además, se debe proporcionar un documento de notificación de deuda estandarizado antes de que comience cualquier cobro de deudas, con el objetivo de apoyar a las personas a través del laberinto de información oculta sobre los derechos de los consumidores.
Además, el apoyo de asesoramiento profesional, independiente y gratuito sobre la deuda debería estar disponible para toda la ciudadanía de la UE. Actualmente, el asesoramiento sobre la deuda en Europa todavía está bastante fragmentado, lo que exacerba la falta de información que los ciudadanos tienen sobre sus derechos. Está ampliamente aceptado que éste puede desempeñar un papel crucial, ya que beneficia a todos los actores involucrados: ayuda a las personas sobreendeudadas a enfrentar una carga de deuda insostenible o problemas económicos que, a su vez, aumentan las posibilidades de que los acreedores sean reembolsados.
En resumen, la Comisión Europea debe proteger urgentemente a los prestatarios europeos modificando la directiva propuesta sobre los administradores de crédito (votación prevista para marzo de 2020) e incorporando estas protecciones en la revisión esperada de la directiva de crédito al consumo. No existe una justificación económica o ética para las prácticas de cobro de deudas que empujan a los ciudadanos de la UE a la pobreza y amenazan su derecho a la dignidad.