Nueva denuncia en la Junta de Accionistas de INDRA: ¿aumento de beneficios a costa de conflictos armados?

Una rápida búsqueda en cualquier buscador de internet sobre la Junta de Accionista 2022 de la empresa INDRA, no deja lugar a dudas: la noticia es el cese de cinco consejeros. «Indra da un vuelco en su consejo con el cese de cinco consejeros«, «Golpe de mano del Gobierno en Indra» o «Atropello en Indra…«, podemos leer en algunos titulares de grandes medios. No obstante, en esa Junta de Accionistas pasó algo más. Koldobi Velasco, en representación de más de una veintena de colectivos  sociales, intervino, un año más, para denunciar el aumento de beneficios de la empresa a costa de actividades económicas que tienen vínculo con guerras y sufrimiento de personas. (abre en una nueva pestaña)

De enero a marzo de 2022, la empresa aumentó sus beneficios netos un 76% con ganancias registradas de 39 millones de euros en el primer trimestre del año, doblando el volumen de contratos de seguridad y defensa (98%). A nadie se le escapa que ese aumento de beneficios en este primer trimestre del año tiene clara relación con el inicio del conflicto bélico en Ucrania. Por eso, para los colectivos implicados en la campaña #DesarmandoIndra, la Junta de Accionistas es una oportunidad de denunciar ante el accionariado de INDRA que una parte de los beneficios de la empresa son a costa del sufrimiento, las víctimas y las muertes que provocan los conflictos armados en el mundo.

«Además de lucrarse del negocio de las armas, que alimenta y necesita de las guerras, Indra es una de las empresas más destacadas en España y a nivel europeo en la militarización de fronteras, un fenómeno que impacta en la vida, cuerpos y derechos de las personas desplazadas por la fuerza que, entre otras violencias, huyen de las violencias que generan las guerras» ha señalado Koldobi Velasco en su intervención. Según la campaña Banca Armada, Indra dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de defensa electrónica que, entre otras cosas, se utilizan para la militarización de fronteras. De hecho, se encuentra entre las diez multinacionales que se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenar la migración.

También ha estado presente la lucha contra el cambio climático en el discurso ante las personas accionistas. «La industria militar tiene importantes impactos medioambientales indirectos, desde la extracción de materias primas para la fabricación de las armas, la contaminación por las actividades industriales de las cadenas de suministro, y el montaje final de los nuevos equipamientos militares«, ha señalado la activista durante su mensaje. Según calcula una investigación elaborado por el Centre Delàs, las cinco principales empresas militares y de seguridad españolas generaron 694.000 toneladas de CO2 en el año 2019. A pesar de que Indra afirma que “integra la sostenibilidad en su modelo de negocio”, las emisiones de las principales empresas militares y de seguridad del Estado a las que hace alusión la mencionada investigación, estuvieron lideradas por INDRA.

Junto a los beneficios por armamento, el negocio por la militarización de las fronteras y el impacto medioambiental, los vínculos de INDRA con el poder político también han sido abordados en la intervención de Koldobi Velasco.  En su discurso ha denunciado que «por los órganos de dirección de la empresa han pasado al menos 26 casos de puertas giratorias. Si a esto le añadimos que se encuentra en el top 5 de empresas que más dinero recibe del Gobierno español, a través de adjudicaciones relacionadas con el control migratorio, podemos deducir una posición privilegiada en el sector. Una posición que le ha ganado algunos contratos millonarios adjudicados a dedo por parte de distintos gobiernos en España«. Ex ministros y diputados de diferentes partidos (como Juan Carlos Aparicio-PP, Miguel Sebastian-PSOE, Antonio Cuevas-PSOE, etc.), e incluso el ex presidente Felipe González, han formado parte de los consejos asesores y de dirección de la entidad. A ello se suma que, en febrero de 2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública, anunció la compra de más acciones de Indra, dando pasos para cumplir con el acuerdo del Consejo de Ministros de alcanzar el 28% de acciones de la empresa.

Tras denunciar todos estos aspectos, los colectivos también han incluido un conjunto de peticiones a la compañía. Entre las demandas, se ha solicitado la no colaboración de la empresa en la investigación, producción y el suministro de armas o dispositivos de militarización de fronteras, la paralización de los procesos de lobby tanto en la UE como en España y renunciar a proyectos con fines militares que contribuyan a violar los derechos humanos. Igualmente, solicitan al Gobierno español, como accionista de un 28% de las acciones de la compañía, el cumplimiento de los derechos humanos, vetando la producción de tecnología que podría ser utilizada en contextos de vulneraciones de derechos y violencia.

En el turno de respuestas, la compañía ha señalado que «INDRA no es una compañía de armamento«, si no que presta servicios en el ámbito de la consultoría de negocio, consultoría tecnológica y formación destinada a cualquier sector.  En este marco, según la intervención de la empresa, la compañía opera en el sector de defensa, «que es un componente crucial de la seguridad. Y la seguridad es la conducción previa a la sostenibilidad«.

Pese a la respuesta, desde los colectivos participantes en la campaña #DesarmandoIndra se sigue considerando importante realizar este tipo de acciones que muestran, ante las personas y entidades accionistas, el desacuerdo de parte de la ciudadanía por el enriquecimiento de empresas a costa de negocios que implican la participación en guerras y conflictos armados.

Las entidades y colectivos adheridos a la campaña #DesarmandoIndra son: Alternativa Antimilitarista MOC, Fundación Finanzas Éticas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG), Desarma Madrid, Ecologistas en Acción, Regularización Ya, Baladre, Red Canaria en defensa de los derechos de las personas migrantes, La Guerra Empieza Aquí (Ongi Etorri Errefuxiatuak), Mujeres de Negro de Madrid, Solidary Wheels, Caminando Fronteras, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Plataforma 12D, Universitat Internacional de la Pau, Caravana Abriendo Frontera, Armiarma Talde Feminista Antimilitarista, Asociación Finanzas Éticas Castilla y León, Bake Ekintza Antimilitarista, Campaña Banca Armada, Setem Catalunya, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, FondRedess, Institut de Drets Humans de Catalunya.