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Open Generation: la sociedad civil propone enmiendas al ‘decretazo’ de los fondos Next Generation EU

La Plataforma Open Generation vehicula las enmiendas que ponen el foco en las carencias que el decreto-ley del Gobierno para la ejecución de los ...

De Alba Crespo Rubio
Imagen de la campaña de la plataforma #OpenGenerationEU

La Plataforma Open Generation vehicula las enmiendas que ponen el foco en las carencias que el decreto-ley del Gobierno para la ejecución de los Fondos Next Generation EU

El jueves 28 de enero, en un pleno extraordinario del Congreso, se validó el Real Decreto Ley 36/2020, que marca las líneas para la ejecución del fondo europeo Next Generation EU para la recuperación económica post-pandemia, que será la mayor partida en ayudas y préstamos de la historia de la UE. El texto se aprobó a finales de diciembre de 2020 bajo el nombre «medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan ‘España Puede’ de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

El Real Decreto Ley en cuestión ha sido criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil organizada como la plataforma ciudadana Open Generation EU, el Observatori del Deute en la GlobalitzacióEcologistas en Acción u OMAL, entre otras.

El proceso

Y Open Generation –plataforma que reúne actores de la sociedad civil, expertas y periodistas-, a contrarreloj por los tiempos que ha impuesto el proceso (en abril se tiene que presentar a la UE la propuesta final desde España), recogió el conjunto de críticas y demandas para redactar un documento de enmiendas al Plan que quieren tramitar vía los partidos políticos de la cámara, a quienes ya han hecho llegar las enmiendas y con quienes ya han empezado las conversaciones.

Con eso, buscan una mejora en las garantías de transparencia y acceso a la información en la gestión de los fondos Next Generation EU. Su posicionamiento es que la urgencia por la crisis sanitaria “no debe ser una excusa para que 140.000 millones se otorguen de manera opaca y poco distribuida”. Y que hace falta “incluir criterios, procesos y órganos supervisores que garanticen la transparencia para saber quién y para qué se conceden estos históricos fondos tan necesarios”.

La plataforma ciudadana propuso a los partidos no convalidar directamente el Real Decreto Ley y votar a favor de tramitarlo como proyecto de ley con carácter de urgencia (8-14 días) para poder presentar enmiendas y mejoras elaboradas desde la sociedad civil. Gracias a eso, hay la posibilidad de incorporar algunas de las demandas de las organizaciones y movimientos sociales.

Reivindicación central: la transparencia

Como cuentan en su página web, los Next Generation EU son unas “ayudas vitales y urgentes para una gran parte de la sociedad; empresas, PYMEs, autónomos y economía social”, y el “acceso en igualdad de condiciones y la transparencia en el reparto de estos fondos es clave”.

Pero hasta ahora, el texto “apenas menciona garantías de transparencia y acceso a la información, dejando muchos cabos sueltos y poco definidos, además de muchas incógnitas sobre cómo se podrá acceder a ellos”. Cuentan que “se puso sobre mesa sin información previa ni debate público, que centra toda la responsabilidad en el Gobierno y que a todas luces no garantiza los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso”.

En consecuencia, por ejemplo, ya se ha colado el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), un instrumento creado para gestionar los fondos mediante la colaboración público-privada que favorecerá las empresas, dándoles peso en el reparto. Es un precedente peligroso y que va en detrimento de una gestión totalmente pública o, como señalan desde la campaña #MoneyWatchers, dejando fuera las opciones de un modelo público-comunitario. Opciones que garantizarían más transparencia y una rendición de cuentas más ajustada.

Las propuestas que se recogen en las enmiendas, son entre otras la centralización de la información que vaya surgiendo en un Portal de Transparencia único, acompañado de más recursos para la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon), o instaurar la figura de la acción pública/popular para poder recurrir contratos públicos y subvenciones.

También que haya una publicidad activa, es decir, que se hagan públicos los documentos y los registros, y que haya informes trimestrales de seguimiento de cómo vaya avanzando la gestión. Y en la línea de que estos fondos estén al alcance de todas, piden que la sociedad civil pueda participar en los Foros y en la Comisión que se creen, “siendo públicas y de libre acceso (en el «Diario de Sesiones» del Congreso) todas las reuniones”.

Además, a falta de los todos detalles desde Europa, como alertan desde Open Generation, “estas ‘ayudas’ pueden acabar generando una deuda a futuro que pagará la ciudadanía, cuando pase la pandemia, con más recortes y austeridad a partir del momento en que se restablezca el Pacto de Estabilidad Europeo, previsto para junio de 2021″. Un ejemplo es el rescate de Bankia (solo devuelta en un 14,7 %), que acabó suponiendo austeridad y recortes de servicios públicos como la educación o la sanidad, más vitales si cabe en un contexto como el actual.

Mientras tanto…

Ecologistas en Acción y el ODG también llevan meses analizando el contenido del Plan para el reparto de los fondos y trabajando a gran velocidad para, por un lado articular la crítica sobre la gestión y alertar de los peligros de adjudicaciones poco equitativo; y por otro lado elaborar herramientas (formaciones, documentos, guías) para que desde la Economía Social se pueda acceder al máximos de ayudas, burlando una burocracia hecha a medida de las grandes empresas.

Y ya han saltado las primeras alarmas. Como la noticia que Iberdrola ha presentado una cartera de 150 proyectos al Ejecutivo dentro de las manifestaciones de interés que ha ido lanzando el Gobierno español desde finales del año pasado con el fin de identificar áreas de interés en diferentes programas para el reparto de los fondos Next Generation.

Los proyectos de Iberdrola que en total sumarían 21.000 millones de euros en inversión propuestos en el marco de unas ayudas que promueven la transición energética hay que contrastarlos con el hecho que esta empresa es, tal como indica este informe de Greenpeace, “enemiga de las renovables”. Por qué? Porque pese a su imagen verde, sólo produjo con renovables únicamente el 14,99% de su electricidad, mientras que su principal negocio (el 85% de su producción) son el gas, el uranio y el carbón. Además hasta ahora ha atacado el desarrollo de las renovables en España porque afecta a sus intereses económicos influyendo en la legislación para que favorezca la energía sucia.

Y no es la única: Ferrovial, Airbus, Petronor,… también han dado los primeros pasos para optar a una parte de las ayudas, tanto a través de los programas centralizados, como del proceso que corresponde a las Comunidades Autónomas.


La propuesta de Open Generation vehiculada a través de estas enmiendas presentadas a los grupos parlamentarios busca evitar esto, garantizando “un proceso accesible para grandes y pequeños (PYMES, autónomos, economía social y solidaria) y auditable para la ciudadanía”. Porque como analizan, son unos presupuestos “astronómicos” que quizás, en términos de inversión pública, “son la última oportunidad para acometer -como indica el mismo Plan España Puede-, la transición económica y social necesaria.

 

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