“Voz y propiedad”: el informe del Ministerio de Trabajo que reivindica más participación de las personas trabajadoras

¿Deben las personas trabajadoras participar en las decisiones estratégicas de las empresas? ¿Puede la democratización de la empresa convertirse en una herramienta frente a la desigualdad, la precariedad o la crisis climática? ¿Qué papel pueden desempeñar las cooperativas y la economía social en este contexto? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan el informe Two Promises to Those Who Work: Voice and Ownership (“Dos promesas para quienes trabajan: voz y propiedad”), elaborado por un comité internacional de personas expertas e impulsado por la Vicepresidencia Segunda, Yolanda Díaz, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España.

El documento, publicado este 2026 y presentado por la socióloga belga Isabelle Ferreras, parte de un elemento poco conocido tanto fuera como dentro de España: el artículo 129.2 de la Constitución española. Este artículo establece que los poderes públicos deben promover “las diversas formas de participación en la empresa”, fomentar las cooperativas y facilitar el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad de los medios de producción.

El informe sostiene que existe una contradicción entre los valores democráticos y la organización tradicional de muchas empresas. “Es una contradicción fundamental de nuestro tiempo que, mientras el ideal democrático de participar en el gobierno de la propia vida cotidiana se reconoce en la esfera política, las relaciones laborales […] siguen configurándose jurídicamente como relaciones de subordinación”, indica el documento. A partir de ahí, el comité, integrado por doce especialistas internacionales, analiza hasta qué punto este mandato constitucional se ha desarrollado realmente y plantea propuestas para ampliar la participación laboral y democratizar las estructuras empresariales.

Un debate que afecta a Europa

Aunque el informe se centra en España, muchas de las cuestiones que plantea atraviesan actualmente el debate europeo: la concentración del poder económico, la pérdida de calidad democrática, la transición ecológica, la sucesión en las pequeñas empresas o el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. El comité sostiene que las sociedades europeas afrontan una “policrisis” caracterizada por el aumento de las desigualdades, la precarización y la desafección democrática. Frente a ello, propone reforzar dos dimensiones fundamentales dentro de las empresas: la “voz” de las personas trabajadoras y el acceso a la “propiedad”.

El documento sitúa además este debate en relación con la competitividad europea. Sus autores consideran que la participación laboral puede favorecer la innovación, la productividad y la estabilidad económica, en línea con algunos de los debates abiertos actualmente en la Unión Europea y recogidos, por ejemplo, en el Informe Draghi (2024).

España, por detrás de otros países europeos

Uno de los diagnósticos centrales del documento es que España sigue rezagada respecto a otros países europeos en participación de las personas trabajadoras dentro de las empresas. “La mayoría de los países europeos, además de reconocer derechos de información y consulta, reconocen legalmente el derecho de las personas trabajadoras a estar representadas en los consejos de administración de las empresas y a participar en las decisiones estratégicas en el ámbito de la gobernanza corporativa (…). En 13 países europeos, estos derechos se aplican tanto a empresas privadas como a empresas públicas. España forma parte de una minoría de seis países donde estos derechos solo están reconocidos (de forma débil) en las empresas públicas”, señala el informe.

Según el comité, esta situación no solo tiene implicaciones democráticas, sino también económicas. Aunque España dispone de un sistema dual de representación laboral mediante comités de empresa y sindicatos, así como mecanismos de participación institucional en organismos públicos, la ausencia de un mandato legislativo que garantice la representación de las personas trabajadoras en los órganos estratégicos de dirección de las empresas privadas coloca a España en una situación de desventaja significativa. De hecho, el documento afirma que la ausencia de una legislación más avanzada en este ámbito “puede obstaculizar el progreso de la economía española”.

El reconocimiento explícito a la economía social

El informe reconoce de manera explícita a las cooperativas y otras entidades participativas como modelos avanzados de democracia económica, dedicando un apartado específico a analizar cómo empresas de la economía social ya aplican, en la práctica, los principios recogidos en el artículo 129.2 de la Constitución española. También subraya que estas organizaciones integran mejor objetivos sociales, económicos y ambientales y tienden a reducir desigualdades salariales, precariedad y externalización del empleo.

El documento menciona además experiencias cooperativas y participativas como ejemplos útiles para afrontar algunos de los grandes retos europeos actuales: el relevo generacional de pequeñas empresas, la resiliencia territorial, la transición ecológica o la protección del empleo de calidad. Uno de los ejemplos españoles mencionados es el Grupo Mondragón: “El Grupo Cooperativo Mondragón, en particular, constituye un ejemplo destacado de este modelo en la práctica. Con una base asentada en la educación, la gobernanza democrática (una persona socia trabajadora, un voto) y un fuerte compromiso con la solidaridad salarial y los fondos internos de solidaridad, Mondragón ha demostrado su capacidad para internalizar externalidades y proteger el empleo, incluso durante una gran crisis económica”, afirma el documento.

Propuestas para democratizar la empresa

El informe no se limita al diagnóstico, sino que incluye propuestas legislativas y de política pública. Entre las medidas planteadas figura incorporar representación de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las empresas. El comité propone que esta presencia alcance un tercio de los asientos en compañías de entre 50 y 1.000 trabajadores y llegue hasta la mitad de la representación en aquellas empresas con más de 1.000 personas empleadas.

El documento también propone facilitar el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad empresarial mediante fondos públicos, incentivos y mecanismos financieros específicos para favorecer compras colectivas o procesos de sucesión de empresas. En este sentido, plantea la creación de un fondo soberano europeo para afrontar la crisis de sucesión y apoyar las compras de empresas por parte de trabajadores, con el objetivo de preservar empleo, reforzar la resiliencia territorial y evitar que muchas pymes terminen en manos de fondos de inversión o actores financieros “extractivos”.

Además, propone crear un índice de “desarrollo democrático corporativo” que mida el grado de participación laboral y acceso a la propiedad dentro de las empresas, vinculándolo posteriormente a incentivos fiscales, ayudas públicas o contratación pública.

Aunque el propio documento aclara que no representa formalmente la posición oficial del Ministerio de Trabajo español, sí recoge un amplio conjunto de análisis y propuestas sobre democracia económica, gobernanza empresarial y participación de las personas trabajadoras.