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Parte 6
economía social

Gobernanza cooperativa entre ciudad y ciudadanía

La crisis económica que ha afectado a España y, en general, a los países del sur de Europa juega un papel importante ...

De Gaia Redaelli, arquitecta PhD. Presidenta de PAX – Patios de la Axerquía

La crisis económica que ha afectado a España y, en general, a los países del sur de Europa juega un papel importante en la ciudad. Si antes la especulación se jugaba en la urbe en expansión, ocupando territorio con edificios de nueva planta, hoy la “gentrificación” y su faceta más virulenta de “turistificación” operan en las zonas de interés patrimonial: en los cascos históricos y en la propia casa de sus habitantes.

Hacia un cambio de modelo

La política de vivienda ha sido, tradicionalmente, en este país una acción sectorial, ajena en muchos casos a un modelo urbano (que se evidencia en las viviendas vacías y en el consumo de suelo) y, posiblemente, a un modelo social (cuyos efectos son el número de desahucios) en el que administración y el sector han apostado por el crecimiento urbano.

Parece el momento de un cambio de modelo productivo “de la especulación a la cultura de la rehabilitación” que permita también una gobernanza innovadora, multinivel y transversal, unas políticas urbanas y de vivienda basadas en la sostenibilidad ambiental y la cohesión social. Puesto que la crisis ha afectado de forma estructural a buena parte de la administración y, sobre todo, de la sociedad, es definitivamente oportuna no solo una acción intersectorial de lo público, sino una alianza entre administración y economía social, entre Ciudad y Ciudadanía.

Patio en el centro histórico de Códoba, donde se está desarrollando el proyecto Patios de la Axerquía, recuperando, restaurando y habitando espacios de interés patrimonial. | Foto: Carlos Anaya

¿Cómo hacerlo posible?

En primer lugar, esto permitiría generar tomas de decisiones sobre la ciudad como un “deseo colectivo y un real Derecho a la Ciudad”, como dice David Harvey, según un proyecto compartido, aunando decisiones de administradores y acciones de la sociedad civil: pasar del “urbanismo” a la “ciudadanía”.

En segundo lugar, permitiría compartir los gastos que significa la adquisición y sucesiva construcción o rehabilitación de edificios residenciales, a través del formato de la cesión de derecho de superficie de un solar o edificio público al cooperativismo para que este rehabilite: así, la propiedad es pública y el usufructo es de la economía social, lo cual dificultará aún más la especulación por relacionar varios agentes.

En tercer lugar, compartir la inversión permite tener acceso a solares y edificios de mayor centralidad en la ciudad, por lo que el cooperativismo tendría un papel de activador urbano en lugares en riesgo de turistificación.

Alianza entre administración y ESS

La tarea improrrogable de la administración es apostar por un parque público de vivienda en alquiler en zona de interés patrimonial para garantizar el acceso a la vivienda para sectores vulnerables y mantener, al mismo tiempo, un mix social en zona a riesgo de identidad, el cooperativismo puede y debe avanzar también en ese modelo y proponerse como actor urbano que garantice una ciudad compacta, mixta, inclusiva.

Esta alianza entre administración y economía social no sólo permite aunar esfuerzos, sino poner las bases para entender la Ciudad como Bien común, según lógicas no especulativas, en un marco europeo en el que se apueste por una Europa de las Ciudades y de la Ciudadanía.

Ambas, administración y economía social, pueden y deben innovar: la primera reconociéndose un papel de gobernanza de políticas comunes con la ciudadanía, facilitando estos procesos con normas e inversiones y, sobre todo, actuando como incentivadores de un modelo más sostenible. La segunda, reconociendo el valor de la Rehabilitación urbana a través de la Innovación social y, por lo tanto, virando hacia la rehabilitación en confrontación a la nueva construcción para fortalecer su faceta de economía solidaria, así como el valor social del patrimonio como es reconocido por la Convención de Faro del Consejo de Europa.

 

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