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Parte 5
economía social

Movimiento por la vivienda en Catalunya. Organización popular por el derecho a una vivienda digna.

Diciembre de 2019. El año terminaba con un movimiento por la vivienda en Catalunya más organizado, con objetivos comunes claros, con una red un ...

De Alba Crespo Rubio
Debate local previo al primer Congrés d'Habitatge de Catalunya

Diciembre de 2019. El año terminaba con un movimiento por la vivienda en Catalunya más organizado, con objetivos comunes claros, con una red un poco más consolidada en todo el territorio, a la vez que se visibilizaba y reconocía también la diversidad de los grupos implicados en esta lucha. 

El I Congrès d’Habitatge de Catalunya se celebró el fin de semana del 16 al 17 de noviembre en la Fabra i Coats -Fábrica de creación, edificio recuperado de un complejo fabril del siglo XIX-, y fue la culminación de un proceso de debates sectoriales y territoriales, donde los grupos de defensa de la vivienda de barrios y pueblos, así como el Sindicato de Inquilinas y las PAHs llegaron a acordar los siguientes pasos para continuar organizándose y “construyendo movimiento”. En total, más de 500 personas delegadas de 44 núcleos organizados.

Congrés d’Habitatge de Catalunya, noviembre 2019.

Una de las particularidades que se desprende de este encuentro es que fue un “punto de inflexión”, tal como se resumía en la Conferencia política del 12 de diciembre de 2019 en la que se hicieron públicas las conclusiones del Congreso. Es el “paso a la ofensiva” de un movimiento que hasta ahora se caracteriza por ser principalmente un lugar de resistencia y apoyo mutuo: parar desahucios, acompañar en la negociación con propietarios, buscar soluciones a emergencias habitacionales mediante estrategias colectivas y apoyo mútuo -huelgas, ocupaciones, etc-. 

Por ejemplo, se acordó iniciar una campaña para hacer caer a Divarian, el fondo “buitre” de BBVA, uno de los que tiene en propiedad más viviendas en Catalunya (más de 30.000), “será el primero de muchos”, afirman. También se proponían “pinchar” la burbuja de los alquileres, y exigir que cesen los desahucios. 

Fondos buitre, turismo, especulación… expulsión de las vecinas.

No es casual que el movimiento por la vivienda se haya convertido en uno de los más activos y transversales en tan poco tiempo. Y es que los precios del alquiler se han disparado, se ha dado una concentración de las propiedades en manos de bancos y agentes financieros, a la vez que ha aumentado la desigualdad económica y social. Las afectadas son muchas: jóvenes y mayores, personas migradas, paradas…

Han pasado ya unos años desde que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca se organizara para parar desahucios. Era el momento en que estalló la burbuja inmobiliaria, que desató una crisis económica más, y que muchas personas no llegaban a pagar los plazos del préstamo hipotecario que habían adquirido con el banco. Los bancos, con la connivencia del sistema judicial y político, desalojaba y dejaban en la calle miles de familias en todo el Estado.

En los últimos años, estas entidades bancarias han acumulado propiedades, así como han hecho las empresas inmobiliarias y conglomerados como Blackstone o Divarian, que las han adquirido a precios muy bajos, y actualmente reúnen un cuarto de los inmuebles, en muchos casos bloques o fincas enteras (lo que se conoce como propiedad vertical). Y el precio de compra ha subido menos, facilitando que sean adquiridas por “particulares” en multipropiedad. Además, el turismo de las grandes ciudades ha propiciado que se especule con el precio de este suelo y que los alquileres escalen a un ritmo acelerando, despojando y desplazando vecinas de sus casas.   

En Catalunya, la ley 18/2007 estipula que la vivienda digna es un derecho y que éste atiende a las situaciones y condiciones económicas, sociales y familiares de toda la población. El artículo 47 de la Constitución española dice algo parecido. Pero ambas dejan a su vez, resquicios de poder a los propietarios, ya que no existe una regulación de los precios ni un control real sobre la garantía de que se cumpla este derecho; el mercado es quien rige los precios. 

Según el Observatori Metropolità de l’Habitatge, el 35% de los hogares de Barcelona viven de alquiler, un incremento de cinco puntos con respecto al 2011. Y según los datos de la Generalitat de Catalunya, se destina una media de 48% del ingreso mensual pagar este alquiler. Ahora, la mayoría de los desahucios se ejecutan por impagos del alquiler ante subidas desorbitadas de los mismos. Ahora, el movimiento se organiza en sindicatos y grupos locales.

Los movimientos en lucha por la vivienda 

Muchos de estos grupos locales han ido surgiendo para dar respuesta desde los mismos barrios y poblaciones a la especulación y aumento desproporcionado del precio de la vivienda y el alquiler. Cinco años lleva activando y resistiendo la Oficina de l’Habitatge de Gràcia (que en este aniversario se convirtieron en el Sindicat d’Habitatge de Gràcia). Como ellas, en Barcelona existen grupos y sindicatos en prácticamente cada barrio (Sants, Vallcarca, Poble Sec, Sant Andreu, Raval, Sagrera, Eixample(s), Horta-Guinardó, Nou Barris…), así como en otras ciudades y provincias (L’Hospitalet, Girona, Maresme, …), y su actividad es constante.

 Tal y como cuenta en su artículo de balance el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), que nació en Barcelona y se está activando también a nivel local, en sólo dos años de vida, ya son 2000 afiliadas, y se ha expandido en forma de secciones en todo el territorio catalán y estatal. Las PAHs, que son las organizaciones más veteranas, también se han ido consolidando y transformando para dar respuesta a nuevas expresiones del mercado inmobiliario más allá de las hipotecas.

De entrada, uno de los logros del movimiento por la vivienda en Catalunya se puede ver en la aprobación del Decreto Ley 17/2019 en el Parlament de Catalunya el diciembre pasado. Esta serie de medidas pretende “mejorar el acceso a la vivienda” mediante la regulación de los precios del mercado, aumentando la vivienda protegida en régimen de alquiler, y combatir situaciones de emergencia. Entre ellas, se contemplan más supuestos que obliguen a la propiedad a ofrecer alquiler social o impedir los desahucios. A pesar de que ya está vigente, como está sujeta a la interpretación judicial, todavía no se ha aplicado.

 El único intento que podría haber sido un referente importante para otros casos, es el del Bloque Llavors, en el Poble Sec, que estaba habitado por seis familias -todas con informe de vulnerabilidad emitido por la Seguridad Social-. Después de cuatro intentos de desalojo el juez instó a Vauras Investment, la empresa propietaria, a ofrecerles un alquiler social, valiéndose del Decreto en cuestión. Pero unos días después se desestimó esta opción y se anunció el desalojo con fecha abierta, ejecutado el día 3 de marzo.

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