Retos de las finanzas de impacto en el ámbito de la economía social

La economía social, como cualquier otra forma de empresa requiere de una serie de recursos financieros para desarrollar su actividad. En la actualidad, la inyección de recursos financieros en forma de crédito es atendida desde entidades financieras convencionales y en parte también desde las finanzas éticas con metodologías de evaluación y medición de impacto. Según SpainNab, el 64% de las finanzas de impacto corresponde a la cartera de las finanzas éticas que se vehicula, como decimos, normalmente a través de instrumentos de deuda. Aunque no toda la cartera de las finanzas éticas se dirige exclusivamente a economía social. 

Por otra parte, la economía social también requiere de recursos financieros propios en forma de capital o deuda subordinada. Sus posibilidades de apalancamiento y de crecimiento, dependen, como en cualquier otra forma empresarial, de la capacidad que tenga de atraer ese capital social. Sin embargo, actualmente, la posibilidad que tienen de atraer capital social de los mercados financieros es prácticamente nula, limitando el origen de su capital a las aportaciones al conjunto de personas socias más o menos cercanas al desarrollo de su actividad: trabajadoras, consumidoras, etcétera. El sector de las finanzas de impacto, mantiene un saldo de 594 millones en capital social de empresas con impacto positivo, que en cambio no llega, como decimos, a la economía social. Las razones pueden ser múltiples. Veámoslas brevemente. 

Posibilidades de incorporar capital social a las formas de economía social

Empezando con la principal forma de economía social, las cooperativas, sabemos que los fondos de capital riesgo convencionales requieren fórmulas de control sobre la entidad invertida que no se pueden garantizar ni con estructuras cooperativas de capital variable, ni con formas de gobierno democráticas. Esa es la realidad, y a la vez una de las bondades del sector cooperativo. Por otra parte, las mutuas, las cofradías de pescadores y las asociaciones y fundaciones del sector de la discapacidad (las que están incluidas en la práctica bajo el paraguas de la economía social), obviamente no pueden ser objeto de inversiones en capital por su propia definición, son sociedades de personas y no de capital. 

Por su parte, las sociedades laborales con forma de cooperativa se encuentran con el mismo problema descrito para éstas, sin embargo, cuando tienen forma de sociedad limitada o anónima no presentan ninguna particularidad especial que impida la entrada de capital social desde las finanzas de impacto, más allá de mantener el requisito de reservar como mínimo el 51% del capital social a sus personas trabajadoras. 

En cuanto a los centros especiales de empleo con forma de sociedad limitada no tendrían mayor problema que las sociedades laborales. Sin embargo, los más comunes son, o bien cooperativos o bien entidades sin ánimo de lucro, que al no repartir dividendos no pueden encajar en las carteras de los fondos de capital riesgo convencional que consecuentemente, requieren retorno financiero. 

Finalmente, las empresas de inserción, igual que en los casos anteriores, cuando tienen forma cooperativa se encuentran con los mismos problemas que éstas, pero además tanto si son cooperativas como sociedades limitadas, tienen dos frenos añadidos coherentes con los beneficios fiscales que tienen atribuidos: como mínimo el 51% del capital social tiene que estar en manos de una entidad sin ánimo de lucro, y además no pueden repartir más del 20% de los beneficios.

Visto todo lo anterior, las posibilidades de incorporar capital social a la economía social desde las finanzas de impacto es, en este momento, prácticamente imposible. Por ello sería conveniente promover dos posibles estrategias. 

Posibles estrategias de fortalecimiento del capital social

La primera, la utilización de préstamos subordinados. Una fórmula, que como sabemos, se computa como deuda externa pero que representa una suerte de capital fijo y, por tanto, refuerza su patrimonio neto. Tanto por el hecho de relegar a su poseedor a la última fila de los acreedores en caso de insolvencia, como a efectos del cálculo del índice de solvencia (donde computa como capital social), como por el hecho de tener un vencimiento muy lejano en el tiempo y/o sólo permitir la cancelación anticipada contra una ampliación de capital social equivalente. Este instrumento pues es útil y permite vincular un tipo de rendimiento financiero factible tanto para la entidad deudora de la economía social como para cualquier fondo de capital riesgo de impacto. 

La segunda es la utilización de fórmulas de capital riesgo solidario (o fórmulas de crowdfunding de inversión) en las que justamente la prima de riesgo sea cubierta de manera solidaria y que, además, en el caso cooperativo, acepte la lógica de entrar en las mismas condiciones que cualquier otro socio: sin capacidad de control sobre los órganos de gobierno más allá de su capacidad de influir a través de mecanismos participativos y democráticos de la empresa. Para que esta fórmula sea posible es imprescindible la participación de inversores muy afines y comprometidos con la economía social y solidaria y/o el apoyo de las administraciones públicas. 

En esta línea, en la actualidad se están poniendo en marcha en España tres experiencias piloto impulsadas por la Fundación Finanzas Éticas con fondos de dos gobiernos municipales: Barcelona y Arbúcies (Girona), y una tercera con fondos de la Fundación, pero con la colaboración del Ministerio de de Derechos Sociales y Agenda 2030; y una cuarta, en todo el territorio catalán, impulsada por la Fundación Seira con la participación de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Convendrá seguir con atención estas experiencias y verificar sus posibilidades de réplica, contando con el apoyo de otras administraciones públicas particularmente de la Unión Europea a través del nuevo Invest EU.