¿Y qué hay del “socialwashing”?

“BBVA, el banco español con mejor puntuación en derechos humanos”. Este es el titular de una entrada en la web de la entidad financiera. El texto que lo acompaña expone que el banco ha obtenido una puntuación de 7,5 puntos en el informe ‘The BankTrack Global Human Rights Benchmark 2022’. elaborado por la organización internacional BankTrack. Una rápida lectura del mencionado informe nos muestra otra interpretación de los datos.

Los 14 criterios considerados por la investigación se basan en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y otorgan a los bancos analizados una puntuación entre 0 y 14. De los bancos examinados, tres son españoles: BBVA, Banco Santander y Caixabank, todos ellos con diferentes puntuaciones. Mientras BBVA obtiene una puntuación de 7,5 (sobre 14), Banco Santander y Caixabank obtienen calificaciones por debajo del mínimo (6 y 4,5 respectivamente). Es cierto que BBVA obtiene la mejor puntuación de las entidades españolas analizadas, no obstante, las puntuaciones de todos ellos se encuentran lejos de alcanzar la puntuación máxima en el abordaje de derechos humanos, tal y como destacan las conclusiones globales del informe.

El ejemplo de ese titular y su posible interpretación bien podría considerarse como un caso de “lavado de imagen social” (socialwashing), una práctica en la que las empresas hacen afirmaciones engañosas, exageradas o sin fundamento sobre su aportación a la gestión de los problemas sociales, intentando enmascarar una desconexión entre los compromisos adquiridos con los problemas sociales y la acción genuina de la entidad.

A nivel financiero, al igual que en temas de sostenibilidad medioambiental, en temas sociales y derechos humanos las normativas y marcos se centran muchas veces en acciones específicas o en productos financieros específicos, pero no tienen en cuenta una visión holística del conjunto de las actividades propuestas por un grupo bancario. Cuando la maximización de beneficios está por encima del impacto social que se pueda producir, ¿puede una entidad financiera ser considerada como sostenible? ¿puede publicitarse como entidad al servicio de la sociedad?

Como se indica en el cuarto informe “Las finanzas éticas y sostenibles en Europa” “las informaciones sobre banca y derechos humanos son difíciles de obtener, tanto por la considerable opacidad que suele caracterizar los contextos en los que se producen las violaciones, como porque esos datos se ven muy afectados por la disponibilidad y capacidad de las víctimas para denunciar del abuso.”. Además, a veces no queda claro el nexo de responsabilidad entre las entidades bancarias que proveen capital y las empresas que comenten violaciones de derechos humanos.

¿Mejora de las condiciones de vida de las comunidades invirtiendo en armas?

La web del Banco Santander incorpora un apartado sobre inversión en la comunidad, indicando como eslogan “Mejoramos las condiciones de vida de las comunidades en las que operamos”. Leyendo ese titular, ¿alguien pensaría que el Banco Santander aparece, junto al BBVA, entre los bancos españoles que más financiación han destinado a las empresas de armas suministradoras de los principales ejércitos involucrados en la guerra en Yemen? Sin embargo, según los datos del último informe, de 2021, elaborado por el Centre Delàs, ambas entidades contribuyeron con 5.231 millones de dólares, durante el período 2015-2019, financiando empresas fabricantes de armamento exportado a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. ¿Es esta una manera de mejorar las condiciones de vida de las comunidades de esos países?

Algunas de esas empresas financiadas también están “fuertemente involucradas” en la producción de armas nucleares. Por ello, también Banco Santander, junto a BBVA, Caixabank o Banco Sabadell aparecen en el informe 2022 «Risky Returns: Nuclear Weapon Producer and their Financers«, elaborado por la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN ) y la organización Pax y que pretende reconstruir los flujos de capital que giran en torno a la producción de armas nucleares. En concreto, encabeza la lista Banco de Santander, con una aportación de más de 4.842 millones de dólares a varias empresas vinculadas a la producción de armas nucleares. Seguido del BBVA con aportaciones por importe de más de 4.752 millones de dólares, Grupo La Caixa con 111 millones de dólares y Banco Sabadell con 76 millones de dólares. Todo ello a pesar de que en enero de 2021 entró en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, ratificado por 21 países.

Diversas caras del “socialwashing”

Pero no solo la financiación a empresas de producción de armamento forma parte de ese “maquillaje en temas sociales”. Por poner ejemplos, asuntos como la participación de las entidades bancarias en los desahucios, financiación de empresas involucradas en prácticas poco sostenibles en países en desarrollo, presencia de la entidad financiera en paraísos fiscales, malas prácticas en materia de derechos laborales, datos confusos o parciales sobre igualdad de oportunidades o brecha de género… todo ello son aspectos clave que inciden claramente en temas sociales.

La actual normativa no impide a los intermediarios financieros que deseen denominarse sostenibles que continúen haciendo uso, por ejemplo, de instrumentos especulativos o de paraísos fiscales. Por eso, durante el proceso de elaboración de la agenda de finanzas sostenibles de la Unión Europea, entidades de finanzas éticas reiteraron la necesidad de incorporar aspectos sociales a la taxonomía.  FEBEA (Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos), participó en la consulta pública realizada por la UE para la aprobación de la Estrategia de Finanzas Sostenibles destacando que la sostenibilidad debe abrazar a toda la organización y su cultura, más allá de la lógica de producto y, por ello, es incorporar a las finanzas sostenibles el tema de las finanzas sociales.

De manera similar a lo subrayado en materia medioambiental, el sector bancario puede tener un verdadero papel transformador para los derechos humanos y en temas sociales. También puede trabajar para crear una cultura empresarial más respetuosa con los derechos humanos e influenciar así a las personas responsables también en contextos en los que su nivel de control y presión es menor.

Igualmente, la ciudadanía, en la medida en que pueda tener más información sobre las prácticas que se realizan con sus ahorros y su dinero, puede tener la capacidad de decidir en qué entidades bancarias deposita su confianza, siendo para ello indispensable la transparencia en el conjunto de operaciones que realizan las entidades bancarias y la eliminación, por ello, de las prácticas de green/social washing.