Economía social: un modelo empresarial para el desarrollo sostenible

Liberar todo el potencial transformador de la economía social es una prioridad de trabajo en la agenda de las instituciones europeas e internacionales, así como de un amplio número de países, como es el caso de España, desde hace décadas. Generar un entorno que favorezca el crecimiento de este modelo de empresa forma parte de estrategias estatales, europeas y globales para fomentar el empleo de calidad junto con una reindustrialización, que contribuya a construir unas transiciones justas en los ámbitos social y medioambiental.

Hablamos de un tejido empresarial que representa el 10% del PIB de España, con más de 43.000 empresas y 2,2 millones de puestos de trabajo. Esta realidad socioeconómica se extiende a toda la UE con 2,8 millones de empresas que emplean aproximadamente a 14 millones de personas y representan el 8% del PIB de comunitario.

Naciones Unidas, en la Resolución de su Asamblea General del pasado 18 abril, pone el acento en la contribución al desarrollo sostenible que hace la economía social y como vector de un crecimiento económico más inclusivo que busca “un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia social y ambiental”. Esta Resolución de la ONU marca un hito en la consolidación de la economía social al más alto nivel y apuntala los avances que las empresas de economía social están experimentando de manera constante.

En diciembre de 2021, la Comisión Europea se convirtió en la primera institución internacional con una estrategia propia para la economía social a través de un Plan de Acción de más de 60 medidas para promover en toda la UE y, especialmente, en sus territorios. Pocos meses más tarde, en concreto en mayo de 2022, la Organización Internacional del Comercio (Foro de Davos) aprobó un informe propio vinculando el fomento empresarial de la economía social con el establecimiento de sociedades más resilientes e inclusivas. Y el 10 de junio del año pasado, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) aprobaron respectivamente una resolución para promover la contribución de la economía social al trabajo decente y una recomendación para impulsar sus modelos empresariales, también desde la innovación social.

Asimismo, la Comisión Europea ha puesto la base de una futura Recomendación para impulsar políticas y marcos normativos favorables a la economía social en todos los Estados miembros de la UE, con una propuesta que el Consejo de la UE debatirá durante la Presidencia Europea de España – bajo la batuta del Ministerio de Trabajo y Economía Social – con vistas a adoptarla antes de final de este año, y coincidiendo con la Conferencia Europea de Economía Social que el Gobierno de España organiza en San Sebastián los próximos días 13 y 14 de Noviembre.

Economía social: una economía que trabaja para las personas y el planeta

El elemento central sobre el que pivotan las actuaciones y acciones que la UE, la OIT, la OCDE, Naciones Unidas y el Foro de DAVOS persiguen con sus resoluciones y recomendaciones es generar una economía alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España – junto con otros países y gracias a la iniciativa de las organizaciones representativas de la economía social como CEPES – ha sido y es artífice de todos estos avances e hitos, aportando experiencias que han marcado un camino exitoso.

En 2011, fue el primer Estado miembro de la Unión Europea que adoptó una Ley de Economía Social que posteriormente han seguido otros países europeos y de fuera de la UE. Y a principios de este año, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 1/2023 que establece el nuevo marco jurídico de la Cooperación Española al Desarrollo, entendida ésta como una de las políticas clave de la Agenda 2030, que refleja el nivel de solidaridad y compromiso de una sociedad con la mejora de las condiciones de vida de colectivos y países que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Una de las importantes novedades que incorpora esta ley es el reconocimiento de la economía social como un actor del desarrollo sostenible y la solidaridad global, junto con el resto de agentes empresariales, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), las universidades, las asociaciones de derechos humanos y las Administraciones públicas responsables de ejecutar la política de cooperación a nivel del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los poderes locales.

España se ha convertido así en el primer Estado miembro de la UE que otorga este reconocimiento – por ley – a la economía social, poniendo en valor cómo este modelo empresarial contribuye de manera particular a las políticas de la cooperación al desarrollo, ya que sus valores y métodos de funcionamiento empresarial contribuyen al desarrollo humano, a la disminución de la pobreza y al ejercicio pleno de los derechos para construir una sociedad que no deje a nadie atrás.

La economía social: motor de una agenda transformadora a nivel global

Son numerosas las experiencias y modalidades en las que las empresas y organizaciones de la economía social se comprometen y participan en la cooperación al desarrollo, actuando en los territorios a favor de la consecución de todos los ODS. Los informes que venimos elaborando muestran cómo las entidades de economía social cuentan con una fuerte especialización en la puesta en marcha de proyectos de cooperación dirigidos a crear empleo y generar un crecimiento económico inclusivo, especialmente en el sector agroalimentario, dando apoyo a la creación de emprendimientos en la economía social por parte de colectivos vulnerables (campesinos, pequeños productores, entre otros) y de mujeres, con el fin de incrementar sus recursos económicos, mejorar su entorno socio-cultural y su capacidad de movilización social.

Los datos más recientes disponibles muestran que el tejido asociativo de CEPES había ejecutado entre 1998 y 2019 un total de 160 proyectos y programas de cooperación en 45 países que, en los últimos cuatro años de dicho período, habían mejorado las condiciones de vida de al menos 210.000 personas y 27.000 familias. La ejecución de estos proyectos implicó la gestión de 73,6 millones de euros de los cuáles las organizaciones de economía social cofinanciaron el 22% (16,1 millones de Euros). Dentro del tejido asociativo que abarcan los miembros de CEPES se encuentran entidades especializadas en la ejecución sobre el terreno de proyectos de cooperación financiados con fondos de ayuda al desarrollo (AOD) aportados por la Administración General del Estado, generalmente a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), las Comunidades Autónomas, los poderes locales, la Unión Europea y Organizaciones Internacionales.

Junto a estas modalidades, la economía social también trabaja prestando asistencia técnica a sectores productivos de terceros países, sobre todo el agroalimentario, para mejorar su fortalecimiento técnico, productivo y empresarial o el establecimiento de acuerdos de colaboración con otras entidades (ONGD y organizaciones internacionales) para apoyar la realización de proyectos de cooperación (por ejemplo, para construir viviendas dignas) o para atender a colectivos en riesgo de exclusión (por ejemplo, escolarización de niñas y niños de campamentos de refugiados). Y también nos encontramos proyectos de internacionalización empresarial con impacto en desarrollo.

Una nueva perspectiva para la economía social y sus entidades financieras: el Fondo Español de Desarrollo Sostenible

La Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global crea el Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) como instrumento de la cooperación financiera que sustituirá al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). FEDES es el instrumento destinado a financiar operaciones, programas y proyectos que contribuyan a la promoción del desarrollo sostenible en los países y regiones destinatarios. La Ley establece que el apoyo financiero que aporte FEDES adoptará principalmente la forma de “préstamos, créditos y líneas de crédito, incluidos préstamos o créditos de ayuda programática, programas por resultados, así como contribuciones reembolsables, adquisiciones temporales de acciones o participaciones directas de capital o cuasi capital, entre otros”, acordes con los objetivos de la Cooperación Española.

Se abre, en definitiva, una “ventana de oportunidad” en la que CEPES está trabajando para que la economía social sea una prioridad del futuro FEDES y, también, para que el Real Decreto que lo regulará, identifique claramente a las entidades financieras de la economía social – como la banca ética o los bancos cooperativos de España y de los países socios – como un actor clave, de manera que FEDES sea un instrumento que contribuya a liberar todo el potencial de la economía social como motor de desarrollo sostenible, también desde las políticas de cooperación.