Irene Bello, presidenta de La Coordinadora: “La cooperación al desarrollo no es negocio, es responsabilidad con las personas y con el planeta”

El pasado mes de febrero, el Congreso aprobó la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, con el apoyo de la mayor parte de partidos, excepto VOX. Las ONGD celebran el nuevo texto que supone la “adaptación a los tiempos actuales” tras 25 años de vigencia de la anterior ley. Conceptos como una cooperación feminista y ecologista o la necesidad de coherencia de políticas están presentes en la nueva ley que espera ahora el inicio del proceso de desarrollo reglamentario que debe concretar aspectos como el compromiso presupuestario o las reformas de organismos implicados.

Hablamos de todo ello con Irene Bello, presidenta de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, red estatal que agrupa actualmente a más de 600 organizaciones que trabajan en más de 100 países en la defensa de derechos humanos, la igualdad de género y la protección del planeta

¿Qué valoración hacéis desde La Coordinadora de la nueva ley de cooperación al desarrollo aprobada en el mes de febrero?

La valoración desde La Coordinadora es positiva. Es positiva tanto la ley en sí, como el proceso. El proceso ha sido largo, pero creo que es necesario que sea largo, para que sea participativo y se escuche a las partes. También, por supuesto, es positivo porque además consiguió un amplísimo apoyo en el Congreso de Diputados de todos los partidos, menos Vox. Para nosotras eso es fundamental. Es importante que se entendiera como una ley de Estado, no una ley de Gobierno. Esta ley no entiende de colores políticos. Es una ley trabajada muy a conciencia, muy poquito a poco, con intención de que perdure. Por tanto, es una ley de Estado, apoyada por la inmensa mayoría del Parlamento, y eso es positivo.

En este sentido, si hubiera cambio de gobierno en las próximas elecciones, ¿crees que podría influir en el desarrollo de la ley?

Como te he dicho, para mí es una ley de Estado. Ahora estamos en un impasse. Nos toca esperar a ver los resultados de las elecciones, a que se negocie, y ver cómo queda la foto final. Una vez llegadas a ese punto, desde La Coordinadora nos reuniremos con quien corresponda y retomaremos donde nos hemos quedado, pero con la perspectiva de que estamos hablando de una ley de Estado.

Desde el punto de vista de las ONGD, ¿qué aspectos positivos destacan de la nueva ley de cooperación?

Tiene varios aspectos positivos. Nos parece muy positivo que el texto de la ley contemple el compromiso de incremento presupuestario hasta alcanzar el 0,7% en el año 2030. También es muy positivo que la ley diga que hay que reforzar institucionalmente la cooperación, en especial la Agencia Española de Cooperación (AECID), muy debilitada en esta última década perdida de la cooperación. En este sentido, es tan importante que haya fondos y presupuesto como que haya recursos humanos y materiales para poder gestionarlo con calidad y con transparencia. Es también muy positivo el que se haya avanzado con esta ley en la «desburocratización», a través de lo que será la modificación y adaptación de la Ley de subvenciones en materia de cooperación. Este es un aspecto vital en el día a día de las ONGD donde nos comen los papeles, las facturas y la tremenda burocratización. Por supuesto, es positivo que en el texto se refleja claramente un reconocimiento a la sociedad civil local como actor relevante.

También recoge la Ley, que la nueva cooperación española, esta nueva cooperación transformadora, tiene que tener una mirada ecologista, una mirada feminista y una mirada que ponga a las personas en un centro y vele por el respeto a los derechos humanos. Y en relación con eso, a diferencia de la ley del 98, y seguramente porque ahora tiene mucho más peso el concepto, esta nueva ley habla de la coherencia de políticas. Esto significa entender que nuestras políticas no solo tienen impacto dentro de nuestras fronteras, sino que va más allá y que todas ellas deben contribuir a la defensa de los derechos humanos y la protección del planeta.

Y, por último, la nueva ley contempla tres pilares de la cooperación: acción humanitaria, educación para la ciudadanía global y cooperación al desarrollo, los tres al mismo nivel. Esto es un paso importante porque la educación para la ciudadanía global, una herramienta fundamental para promover los cambios sociales y políticos para lograr un desarrollo sostenible de forma global, que siempre aparecía como la asignatura más débil, es reconocida como un pilar relevante.

Mencionas muchos aspectos positivos, pero ¿qué aspectos, propuestos en el proceso desde las ONGD, han quedado fuera?

Siempre hay aspectos que se pueden quedar fuera. No obstante, no es tanto que se queden fuera, sino que deben contemplarse en el desarrollo reglamentario posterior. Por ejemplo, como hemos dicho, la Ley recoge el compromiso de incremento presupuestario hasta alcanzar el 0,7% en 2030. En las primeras negociaciones reivindicamos que la Ley fijara los tramos, pero los tramos se tienen que fijar en el propio Plan Director, con lo cual será el Plan el que tenga una Ley presupuestaria que diga dentro de cuatro años dónde vamos a estar respecto al 07%. Por tanto, hay parte de concreción que habrá que trabajar ahora, en esta segunda etapa, en reglamentos y en los reales decretos.

En la presentación de la Ley, desde el Ministerio de Exteriores se hizo hincapié en la modernización que significaba esta nueva normativa. Tú también has hablado de la década perdida de la cooperación. ¿En qué sentido esta nueva ley supone una modernización en temas de cooperación?

Por ejemplo, la reforma de la AECID o el reglamento de subvenciones pueden ayudar a esa modernización, pero también en otros aspectos más conceptuales. Ahora ya no hablamos de temas de mujeres o género, sino de cooperación feminista, implica mucho más. Por eso, ni me atrevería a llamarlo modernización, es una adaptación a los tiempos reales. Ya no es ponerle la coletilla de “género” o “mujeres”, hablamos de cooperación feminista, lo que significa que tiene que nacer con y para ellas desde el principio, con su mirada, con sus realidades, con su idiosincrasia, con sus mochilas y con sus saberes. Pasa lo mismo con el tema medioambiental. Esto no es medio ambiente entendido como plantar cuatro arbolitos, sino que hablamos de cooperación ecologista, que en esa lógica de coherencia de políticas entiende que el planeta es finito, que los recursos naturales son finitos.

Por eso, sí creo que hay una “modernización” conceptual, pero hoy por hoy no lo llamaría modernizar, sino adecuarse a los tiempos que corren, con la evidencia que ya no puedes decir que una guerra en Ucrania no te afecta, está a miles de kilómetros, sino que también nos afecta aquí.  La semana pasada presentamos el Índice de Coherencia, una herramienta para analizar con rigor los retos que tenemos como humanidad. El resultado es muy claro: ningún país lo está haciendo bien, ningún país del mundo está garantizando plenamente la democracia, la sostenibilidad del planeta, leyes que protejan plenamente a las mujeres de la violencia de género o que tengan una política fiscal justa. Esa evidencia y esa interrelación de lo local con lo global obliga a tener una mirada global y una mirada de coherencia de políticas, porque todo está mucho más interrelacionado de lo que creemos en nuestro día a día. Por tanto, para mí, el cambio está en tres aspectos, entender la cooperación como feminista, ecologista y con coherencia de políticas.

Con relación al tema del 07%, ¿en qué sentido el hecho de que se incluya el compromiso en la Ley obliga realmente a cumplir ese compromiso?

Aunque no debería ser así, la garantía del 100% no existe. Pero más allá de eso, como ciudadana de a pie, tengo que creer que si lo recoge la Ley tiene que desarrollarse. ¿Significa que si está en el texto de la ley es mucho más fácil? No, seguro que nos va a tocar seguir insistiendo. Para mí es voluntad política, partidos políticos que han apoyado esto. Lo pone la Ley, no en letra pequeña, y es positivo porque implica compromiso político. Pero seguro tendremos que seguir haciendo incidencia política y recordar que el año 2030 está a la vuelta de la esquina. Los presupuestos del 2024 nos van a dar pistas.

Otro de los aspectos que recoge la Ley es el tema de la cooperación descentralizada, aspecto muy característico de nuestra cooperación aquí en España. ¿Creéis, desde La Coordinadora, que tal como está recogido realmente puede ser una manera de reforzar el papel de comunidades autónomas o entidades locales en temas de cooperación?

Yo creo que sí. La cooperación descentralizada se percibe como una seña de identidad y como un valor añadido y una fortaleza de la cooperación, no entendida desde diversificación local, sino al revés, como una solidaridad que surge desde lo más local. Cuando hablamos de que el Eurobarómetro posiciona a la sociedad española como una sociedad de las más solidarias, es porque en lo más local así se percibe y así lo notan las personas. Ahora seguimos teniendo como reto, en esa segunda fase de desarrollo reglamentario, acabar de posicionar cómo se va a coordinar verdaderamente esa cooperación descentralizada para que sume como una parte más. Por ejemplo, te hablaba antes del desarrollo del decreto de subvenciones para cooperación. Es verdad que es a nivel estatal, pero mucha cooperación descentralizada se nutre de la normativa estatal, y todo lo que se mejore a nivel estatal, luego se refleja a nivel local y autonómico.

Otro aspecto será el refuerzo de la AECID, que también puede apoyar más ese trabajo coordinado con la cooperación descentralizada, por ejemplo, con órganos como la Comisión Interterritorial, que ya existe, donde se reúnen las comunidades autónomas. Cuanto más se refuercen y se mejoren todos esos reglamentos que emanan de la Ley, mejor cooperación podremos hacer todas y todos.

Antes hemos hablado de la coherencia de políticas que desde La Coordinadora se viene reclamando y trabajando desde hace tiempo. En la Ley se recoge en un párrafo. ¿Cómo se valora desde La Coordinadora esa implementación de la coherencia de políticas dentro de la Ley?

Que figure la coherencia de políticas en la Ley no puede ser más que positivo. O se implican todos los ministerios y los niveles, el estatal, el autonómico y el local, o no se estará entendiendo la coherencia de políticas. Al principio, parecía que tenía que ver sólo con cooperación al desarrollo y nos estábamos equivocando totalmente, porque la cooperación al desarrollo no es sólo algo de “internacional”, debe entenderse desde una dimensión local-global, doméstica-internacional.

Ojalá en todas las leyes hubiera un párrafo, aunque fuera pequeño, que aludiera a la coherencia de políticas, porque eso querría decir que estamos entendiendo qué significa. Desde La Coordinadora llevamos años trabajando en este aspecto. Como te comentaba antes, justo el 28 de junio presentamos una nueva versión del Índice de Coherencia de Políticas. Este Índice no deja de ser una herramienta más de difusión para explicar que un país no se puede medir solo económicamente. De nada sirve que económicamente estés bien valorado si luego con tus políticas impactas negativamente en el medio ambiente, si no tienes canales y procesos de participación ciudadana o persigues y condenas la libertad de expresión, si no adecuas y tienes leyes con mirada feminista. Les invito a consultar la web del Informe, vale la pena echarle un vistazo: indicedecoherencia.org.

En la Ley se contempla el desarrollo o la creación del FEDES (Fondo Español de Desarrollo Sostenible), que es el organismo que se encargará del tema de cooperación financiera. ¿Cómo se valora desde La Coordinadora este nuevo fondo y cómo contempla la Ley la cooperación financiera?

Es verdad que en el sector siempre ha habido ciertas reticencias con este tema, quizás en parte por falta de información. Partimos también de la base que en ningún caso nunca nos preguntaron a las ONGD si queríamos que hubiera cooperación financiera. Pero hay aspectos positivos respecto al antiguo FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo), por lo menos de partida. Creemos positivo que esta ley integre al nuevo FEDES dentro de la cooperación española. En los últimos años, el FONPRODE se veía como algo aparte, que no estaba dentro de la lógica de la cooperación española. En este sentido, este organismo no puede ir por libre, debe contribuir, apoyar y sumar a la propia cooperación a través de la cooperación financiera, que es un instrumento más.

Por tanto, es positivo a priori, que esté integrado dentro de la cooperación española, que dependa orgánicamente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, integrado dentro de la propia Agencia Española de Cooperación. ¿Dudas que tenemos en esta segunda fase de desarrollo reglamentario? Ver cómo se concreta. La cooperación financiera es un mecanismo, un instrumento para acceder a otro tipo de fondos, a otro tipo de infraestructuras, de magnitudes de proyectos, pero que debe contribuir y complementar lo que se hace y lo que quiere hacer España en cooperación internacional, no puede ir por libre. Por ejemplo, tenemos que seguir trabajando en las normas de debida diligencia. No se puede permitir que no se exija a las empresas unos mínimos de respeto medioambiental, de respeto de derechos humanos y respeto a las sociedades con las que trabajamos en el sur global. Y hace falta, por supuesto, tener mecanismos y evaluación del dinero que se gestionará a través del FEDES. Parece que cuando hablamos de mecanismos de evaluación y auditorías es negativo, pero al final son fondos públicos que a todos nos interesa que se gestionen bien, de manera transparente y de manera complementaria y alineada con la cooperación, porque entonces más podremos hacer y más impacto positivo tendremos. Lo que no vale es que a una parte se la mire con lupa y otra parte pueda hacer de todo y da igual con quién trabaje en esos países, porque lo importante es la internacionalización.

Por eso, hay que trabajar más los temas de debida diligencia, hay que articular a los diferentes actores como la cooperación descentralizada, las redes y alianzas de economía social y finanzas éticas. Como organizaciones, es verdad que tenemos mucho desconocimiento y quizás estamos perdiendo muchas oportunidades de hacer más cosas y mejor. Desde las administraciones públicas pueden facilitar también entornos favorecedores para que las organizaciones también podamos participar en esa cooperación financiera. Tenemos que buscar otra manera de relacionarnos y cuando el fin último es el mismo no estamos tan lejos y tenemos que buscar, en ese camino, donde nos encontramos.

La nueva Ley contempla a la economía social como un actor de la cooperación al desarrollo ¿qué puede aportar la economía social a la cooperación al desarrollo?

La diversidad de actores con un fin común es positiva. Tenemos que conocernos, y trabajar de una manera conjunta. Es verdad que históricamente empresa y ONG parecía que jamás se iban a entender, pero al final no dejamos de convivir y nos necesitamos mucho más de lo que reconocemos. Desde ese punto de vista, las empresas, el sector privado, la economía social y solidaria, las finanzas éticas, las organizaciones, la sociedad civil, las universidades y las entidades sociales, en general, todas podemos aportar. La cooperación al desarrollo no es un negocio, ni siquiera solidaridad, es responsabilidad con el planeta y las personas. Entonces, si el fin último de cada actor de la cooperación es válido, es lícito, es respetable y va acorde con los principios básicos de la cooperación al desarrollo, en ese camino tenemos que buscar cómo entendernos. No podemos estar trabajando en países, por ejemplo, de África, empresas españolas y al lado ONGD y ni conocernos, ni entendernos, ni reconocernos.

Es verdad que, desde las organizaciones, en general, siempre ha habido cierta desconfianza con el sector privado. Hay un concepto diferenciador de partida, las ONGD somos organizaciones sin ánimo de lucro y, evidentemente, las empresas tienen ánimo de lucro si no seríamos todas organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro. Pero no por ello tengo que pensar que toda actividad de la empresa tiene que tener su beneficio. Igual el rédito, el lucro, la empresa lo saca por otro lado, no con su actividad, por ejemplo, en África. Además, volvemos otra vez a temas que hemos mencionado ya como coherencia de políticas o debida diligencia. A mí me encantaría pensar que mi organización puede trabajar codo con codo con una empresa española en África, pero no vale que luego aquí esa empresa no respete, por ejemplo, los derechos laborales, porque yo no puedo mirar para otro lado. No todo vale. Hay que velar porque el interés por la cooperación al desarrollo de todos los actores sea real, no solo por las fotos.

¿En qué medida las finanzas éticas son conocidas y utilizadas dentro del sector de las ONGD? ¿Son percibidas como un sector con el que se comparten valores?

Por parte de las organizaciones del sector creo que cada vez más, pero también pienso que hay que seguir haciendo mucha pedagogía de las finanzas éticas, tanto dentro del sector como por supuesto con la sociedad en general. Las finanzas éticas en el sector sí se van posicionando poco a poco, pueden facilitar y contribuir, en este caso, a las organizaciones que hacemos cooperación en tanto en cuanto necesitamos recursos, necesitamos tener obviamente cobertura financiera para poder hacerlo. Y con las finanzas éticas compartimos valores y espacios. Poco a poco nos vamos reconociendo más, pero creo que queda mucha pedagogía por hacer y tenemos que seguir trabajando en ello.