¿Quién desahucia en nuestras ciudades?
Los desahucios sin alternativa habitacional son una vulneración extrema del derecho a la vivienda. Aunque los tratados internacionales exigen su protección, los desalojos ...
De Guillem Domingo Utset, técnico de vivienda y ciudad del Observatori DESCLos desahucios sin alternativa habitacional son una vulneración extrema del derecho a la vivienda. Aunque los tratados internacionales exigen su protección, los desalojos no han dejado de producirse. Según el Consejo General del Poder Judicial, en España se han ejecutado 670.635 lanzamientos de 2008 a 2021. Si multiplicamos por el tamaño medio de los hogares, resulta que 1.676.588 personas perdieron su vivienda en tan sólo 14 años. Espeluznante. Los términos jurídicos “lanzamiento” y “ejecutar” son ilustrativos de lo que es un desahucio por motivos obvios.
La respuesta social a este drama comenzó en 2010. Lo hemos visto en la gran pantalla, recientemente en el magnífico film “En los márgenes”, dirigido por Juan Diego Botto (véanlo). El que escribe, pudo participar en la primera acción de desobediencia que dio lugar a la campaña #StopDesahucios. Éramos cuatro gatos pero luego fuimos más. Con el #15M fuimos miles y aún hoy, se paran desahucios «en puerta» a diario.
Opacidad en los datos de desahucios
¿Cuál es el papel de la banca en las vulneraciones de los derechos humanos? No es una pregunta difícil de responder. Pero es importante seguir aportando datos y denunciarlo a los cuatros vientos para que llegue a todo el mundo. Se ha hablado bastante, por ejemplo, de los estragos que causan los negocios del Banco Santander, que opera en América Latina y el Caribe, financiando la construcción de represas y otras infraestructuras con graves perjuicios ambientales en Brasil o Bolivia. También es conocida la vinculación de entidades financieras españolas con empresas fabricantes de armas. La campaña www.bancaarmada.org -que recomendamos consultar- lo visibiliza desde hace años.
¿Qué papel tienen entonces los bancos actualmente en los desahucios de nuestras ciudades y pueblos? ¿Y los llamados “fondos buitre”? La respuesta, según los datos oficiales, sería: “no lo sé”. Esta importante laguna fue denunciada por primera vez por colectivos en defensa del derecho a una vivienda digna. Desde 2013 la estadística judicial publica el número de desahucios, si son de hipoteca, de alquiler o de otras causas. Pero no informa sobre la propiedad que está detrás y esto es una decisión adoptada intencionadamente.
Es evidente que existe una disputa en torno a la publicación -o no- de ciertos datos. Por ejemplo, en el vivo debate público sobre si es necesario regular o no los precios alquileres, las posiciones contrarias argumentan que esto perjudicaría “a un mercado formado sobre todo por pequeños propietarios». Pero el aumento de los grandes propietarios que controlan miles de viviendas alquiladas en España es un hecho y la necesidad de tomar medidas es evidente, porque actúan con alta avidez de beneficios y sin ningún tipo de escrúpulos con nuestras vecinas, realidad que ha denunciado el Sindicato de Inquilinas.
En cualquier caso, mantener al demandante de un desahucio en el anonimato es obligatorio para particulares porque la normativa de privacidad así lo exige, pero sí se trata de una persona jurídica se podría identificar, de acuerdo con la ley. Pero es que además, identificar a los promotores de los desalojos es una información de interés público, necesaria por ejemplo, para pensar cómo detenerlos. Recientemente, desde el Observatori DESC, entidad social para la defensa de los derechos sociales, hemos publicado una investigación breve que lleva por título “Quién desahucia en Barcelona”, que nos da buenas pistas sobre el tema (hasta el momento, sólo está disponible en catalán).
Grandes propietarios detrás de la mayoría de los desahucios
Los datos, se obtienen de un registro de la PAH sobre los desahucios a los que se ha enfrentado. Luego se contrastan con los del Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Según el registro de la Plataforma, los grandes propietarios han sido responsables del 41% de los desahucios entre 2018-2019, aumentando hasta el 51% durante 2020-2021-2022. Los datos del Ayuntamiento de 2021 coinciden, indicando que han sido responsables del 47,3% de los desahucios. Es decir, 1.726 grandes caseros con más de 10 viviendas (el 1,7% de los que alquilan en la ciudad) están detrás de la mitad de los desahucios de Barcelona, mientras sólo controlan el 14,7% de las viviendas totales y el 23,3% de las viviendas de alquiler en la ciudad, siendo evidente su responsabilidad en esta grave problemática social.
Tienen razón los movimientos sociales, en su denuncia de hace años: los grandes propietarios son «los desahuciadores» habituales de los principales impulsores de desahucios en Barcelona y posiblemente de la mayoría de las ciudades.
Es de sobra conocido el peso de las entidades financieras y su constelación de sociedades en los desahucios de hipoteca. Pero los bancos se han quitado de encima -después de haber sido rescatados claro- muchas viviendas, que ahora pertenecen a fondos de inversión (con los que tienen vínculos claros: lo explica muy bien Manuel Gabarre). La acumulación de viviendas vacías por parte de la banca y los miles de desahucios, explican que muchas familias hayan accedido después sin título (ocupando) a esos pisos (no, no entrarán al tuyo «cuando bajes a comprar el pan»). En cambio, los desahucios de personas inquilinas estarían más ligados a procesos de gentrificación y uso turístico, con gran protagonismo de las Socimis, de los “buitres” (que acuden donde huelen «carroña» para su hambre insaciable) y sociedades nacionales que actúan de intermediarias.
Fondos de inversión sustituyen a los bancos como promotores de desahucios
Pero es que además, los fondos de inversión han sustituido a los bancos como principales promotores de desahucios. Así, mientras en 2018-2019 los bancos estaban detrás del 25% de ellos, en los datos más recientes bajan hasta el 14%, mientras los fondos buitre aumentan su responsabilidad del 11% al 25% en 2020-2021.
Tres fondos de inversión globales son los que más desahucian en la capital catalana: Blackstone (11,7%), Cerberus (7,3%) y Lone Star (2,9%). SAREB es el segundo gran propietario privado que más desahucia a nivel individual en la capital catalana (11,2%), algo realmente alarmante, teniendo actualmente un control público mayoritario. Dentro del 14% de los desahucios que corresponden a los bancos, los cuatro primeros responsables serían el BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y CaixaBank.
Entonces, ¿cómo podemos actuar y con qué medidas?. Se nos ocurre que como mínimo se deberían explorar vías regulatorias de la actividad de los grandes propietarios privados, bien representados por los bancos y fondos buitre, evitando las vulneraciones diarias de los derechos fundamentales que cometen. Además, hay que seguir destapando el rol de los grandes operadores financieros globales, contrarrestando su opacidad y recabando datos sobre la estructura de la propiedad y el funcionamiento de este tipo de entramados societarios, para no hacer políticas de vivienda o económicas “a ciegas”.
“Me decían que me iban a echar a la calle, me quitarían la casa, me quitarían los hijos, mi nuera… A mí lo que más daño me hacía era mi nieto, cuando se ponía al teléfono “dígale a su abuela que nos dé las llaves, que el sitio no es suyo”, mi nieto empezó a no querer salir a la calle, a no juntarse en la calle, hoy en día es un niño muy retraído.” Este es un testimonio real, el de Sonia, de 59 años, de Barcelona.
Está claro que podemos y debemos actuar para cambiarlo. Exijamos a los bancos y a los fondos buitre que dejen de desahuciar. Abandonemos cuanto antes a los que siguen detrás de este ataque furibundo a los derechos más fundamentales.