¿Las finanzas sostenibles salvarán el Planeta y nos sacarán de la crisis? La UE está en ello

La Comisión Europea lleva 4 años trabajando para construir definiciones claras y normas uniformes en relación con las finanzas sostenibles. Repasemos la situación.

Para contrarrestar los cambios climáticos y salvar el Planeta se necesita dinero, mucho. Y normas estrictas y compromisos serios. También se necesita dinero, y mucho, para salir de la durísima crisis económica, además de sanitaria y social, provocada por la Covid-19.

Fondos públicos, claro, como los asignados con NextGenerationEU: 750 mil millones de euros (1.800 mil millones, añadiendo también el balance ordinario) para salir de la crisis y para «una Europa más ecológica, digital y resiliente», declaran desde la UE. Pero también capitales privados, que, según la Comisión Europea, se deben orientar hacia la financiación de proyectos que favorezcan un «crecimiento económico sostenible». Fondos que se deberán conseguir a través de las finanzas sostenibles.

La UE descubre las finanzas sostenibles

Y así las finanzas sostenibles salen del cajón. Durante décadas ha sido un nicho de mercado, cultivado y promovido solo por algunos bancos y sociedades financieras éticas y sostenibles en todo el mundo. Ahora entra en escena. Y quien dirige los focos a esta manera diferente de hacer finanzas es la principal institución europea, la Comisión, que a partir de 2016 se da cuenta de que es un recurso al que recurrir para que la economía vire hacia un futuro sostenible.

Las inversiones sostenibles se expanden y en diez años el valor de las acciones de las sociedades comprometidas en la sostenibilidad se triplica. Pero aún hay más, se descubre que los bancos éticos son más “fiables” que los tradicionales: más sólidos, rentables y propensos a los préstamos en la economía real.

Se necesita una definición compartida de “finanzas sostenibles”

Así, actualmente nos encontramos en la situación en la que no hay empresa que no se defina “sostenible” o que no presuma de alguna intervención a favor de una “sostenibilidad” autodeclarada. ¿Pero qué significa ser “sostenibles”? ¿Y qué son las finanzas sostenibles? Se podría responder que el problema es este.

Las definiciones se superponen. En líneas generales, es un modelo de finanzas que tiene en cuenta, además del beneficio, también factores como la protección del medio ambiente, los problemas sociales y una buena gestión de la empresa. Sin embargo, existen muchas maneras diferentes de traducir esto. Y criterios diferentes para acceder a este mercado. Se puede decir que cada operador crea su estándar. Así que para un pequeño ahorrador es difícil descifrar este berenjenal de definiciones y de criterios subjetivos. Es difícil comparar las diferentes ofertas de inversiones sostenibles. En cambio, para una empresa es fácil usar esta confusión para hacer greenwashing. Para definir como sostenible su actividad o su oferta financiera.

La Comisión Europea lleva más de cuatro años trabajando en esto: para intentar aclarar las cosas en un sector que en este momento considera estratégico para el futuro de todo el mundo.

El plan de acción de la Comisión Europea para las finanzas sostenibles

En marzo de 2018 la Comisión Europea lanzó el Action Plan on financing sustainable growth: una estrategia a marchas forzadas que establece una serie ambiciosa de intervenciones normativas para establecer condiciones precisas en este sector.

En concreto, las medidas anunciadas por la Comisión en el Plan de Acción apuestan por:

• orientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles;

• gestionar de manera más eficaz los riesgos financieros derivados del cambio climático, del consumo de recursos, de la degradación medioambiental y de las desigualdades sociales;

• mejorar la transparencia y fomentar un enfoque a largo plazo de las actividades económico-financieras

En tres años, las instituciones europeas se han movido a un ritmo bastante sostenido gracias, entre otros, al trabajo del Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance, un grupo de expertos encargados de elaborar directrices y propuestas sobre algunas medidas contenidas en el Plan de Acción. En septiembre de 2020 tomó el relevo la Plataforma de finanzas sostenibles, para llevar a cabo el trabajo y dar una estructura legislativa a las finanzas sostenibles. 

¿A qué punto hemos llegado?

Ahora hemos llegado a un momento crucial. Una serie de nuevas normativas europeas se encuentra en fase de arranque: en concreto las normas sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el reglamento 2019/2088), que entró en vigor el pasado 10 de marzo. Y la Taxonomía para facilitar las inversiones sostenibles (el reglamento 2020/852), en vigor desde el pasado mes de junio, pero para el cual aún faltan los actos delegados).

Veamos una por una las normas en las que está trabajando la UE. Y a qué punto ha llegado.

La taxonomía: ¿quién puede decir que es “sostenible”?

¿Una planta fotovoltaica es ambientalmente “sostenible”? ¿Lo es una exploración agrícola? ¿Y una cementera? ¿Qué parámetros deben respetar las diferentes actividades económicas para ser consideradas “de impacto medioambiental reducido”? 

La Comisión Europea está intentando aclarar estos aspectos con el “Taxonomía para facilitar las inversiones sostenibles”, la clasificación de las actividades económicas que se pueden definir “sostenibles” para el medio ambiente. «Una guía práctica – escribe la Comisión – para políticos, empresas e inversores sobre cómo invertir en actividades económicas que contribuyan a tener una economía sin impacto en el medio ambiente». El eje de todo el trabajo de la UE en torno a las finanzas sostenibles.

The EU taxonomy is a crucial tool to guide both private & public investment in the EU’s recovery to ensure they are in line with our long-term ambitions: #EuropeanGreenDeal & climate neutrality. @EUCommission will adopt acts on climate change mitigation & adaptation this year pic.twitter.com/TpXRvXSPxn

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) June 18, 2020

La ley ya existe: fue redactada y aprobada y entró en vigor el 22 de junio de 2020. Pero faltan los detalles, es decir, los criterios técnicos para establecer a qué condiciones una actividad se puede definir sostenible. Se tenían que publicar a finales de 2020, pero no ha sido posible. Una decena de Estados (Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia), poco convencidos de las indicaciones de Bruselas, obtuvieron una prórroga.

Los criterios técnicos, redactados por la Plataforma de Finanzas Sostenibles, se habían sometido a consulta pública, que se cerró el 18 de diciembre con 46.591 comentarios y miles de páginas de respuesta. La propuesta final se ha retrasado sin una indicación precisa de cuándo saldrá adelante.

Los lobbies que representan a los sectores que se quedarían fuera del marco se han opuesto. En concreto, se ha protestado por la exclusión del gas como combustible “de transición”, pero también por las normas sobre el uso de los bosques. 

Nuevas obligaciones para quien propone inversiones responsables

La Comisión Europea también ha puesto orden directamente en las inversiones sostenibles, imponiendo a los operadores financieros que los proponen nuevas obligaciones de información (disclosure).

El reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, Sustainability‐related disclosures in the financial services,  reglamento UE 2019/2088), adoptado a finales de noviembre de 2019, requiere a los asesores financieros y a los inversores institucionales que comuniquen si los productos que venden en los mercados de la Unión Europea integran consideraciones sobre aspectos de sostenibilidad y de qué manera.

Las entidades financieras están obligadas a divulgar información sobre cómo integran los riesgos ESG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) y cómo tienen en cuenta los impactos negativos de sus políticas de inversión en el medio ambiente y en aspectos sociales.

Se trata de una norma importante, más allá de las obligaciones para los operadores afectados, porque, por primera vez, aclara qué se considera “inversión sostenible” desde el punto de vista medioambiental y social. Para poder ser aplicadas por los inversores, las disposiciones precisan aclaraciones técnicas, llamadas Normas Técnicas de Regulación (o Regulatory Technical Standard – RTS) en las que están trabajando las autoridades europeas de vigilancia para bancos, empresas de seguros, inversores sociales y mercados (European Supervisory Authorities – ESAs).

La versión final de las RTS tenía que estar lista a finales de 2020. Sin embargo, también en este caso, no ha sido así.

Nuevas normas para los bonos verdes

Entre las normas en las que está trabajando la Comisión Europea, también se encuentra un sistema de criterios compartidos a nivel europeo para la emisión de bonos verdes.

En marzo de 2020, El TEG, junto con el informe final sobre la Taxonomía, publicó una “Usability guide” para la nueva EU green bond standard (Eu-Gbs).  Según las propuestas elaboradas por el TEG, el cumplimiento de la norma es voluntario, el marco de criterios es compatible con otras normas presentes actualmente en los mercados internacionales, como los Green Bond Principles de ICMA y la taxonomía.

La Comisión está evaluando cómo concretar las propuestas realizadas por el TEG a través de intervenciones legislativas.

También las empresas deben informar de su impacto ESG

Desde 2018, las empresas que cotizan en bolsa, los bancos y las compañías de seguros están obligados por la UE a informar de su actividad no solo en el ámbito financiero, sino también social y medioambiental. Una obligación prevista por la directiva sobre divulgación de información no financiera. La directiva ha impuesto a los bancos, compañías de seguros y empresas con más de 500 trabajadores (los llamados “organismos de interés público”) la divulgación de información sobre aspectos medioambientales, sociales, de personal, de respeto de los derechos humanos y de lucha contra la corrupción. 

En enero de 2019, el TEG publicó un informe con una propuesta de directrices sobre cómo divulgar información sobre el impacto en los cambios climáticos de las categorías afectadas. Hasta ese momento, estaban obligadas a hacerlo, pero no se especificaba cómo.

Tomando como base las recomendaciones elaboradas por el TEG y las respuestas del mercado, en junio de 2019 la Comisión introdujo directrices para las empresas sobre cómo informar a los inversores sobre los cambios climáticos. Estas indicaciones no son vinculantes y representan un suplemento de las directrices para la difusión de información que ya acompañaban la DNF. 

Sin embargo, desde el año pasado la Comisión Europea está trabajando en una actualización de la directiva sobre la divulgación de información no financiera, para uniformar las normas de información, y ha previsto una decisión sobre la propuesta de revisión para el primer trimestre de 2021.