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Parte 10
clima

La transición justa: pan para hoy o hambre para mañana

La crisis climática es más visible que nunca. Este verano de 2019 se han batido diversos récords de temperatura máxima en Francia, ...

De Jordi Ibáñez Pulido

La crisis climática es más visible que nunca. Este verano de 2019 se han batido diversos récords de temperatura máxima en Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. La mitad del hielo de superficie en Groenlandia se ha derretido. En España, se han igualado los valores históricos de 2013 pero con más territorio afectado y los incendios se han propagado con enorme facilidad con episodios especialmente dramáticos en el Amazonas, en California y Portugal. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia de nuestro planeta desde que se dispone de registros.

Además, con gran probabilidad, este cambio climático puede provocar el hambre del mañana: se estiman caídas importantes en la producción de alimentos (ya hoy se dan ahora por ejemplo en la cosecha del plátano en los países centroamericanos), incremento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor y de episodios climáticos extremos como huracanes e incendios. Mantener la temperatura por debajo de 1,5º de calentamiento global como dicen los acuerdos de París, va a ser muy difícil. Pero no hacerlo puede ser dramático.

En este contexto, las Naciones Unidas  convocó en septiembre una nueva cumbre climática en Nueva York dónde los líderes de todo el mundo presentaron, según el Secretario General de la ONU, António Guterres, “planes concretos y realistas para mejorar sus contribuciones concretas a nivel nacional para 2020, siguiendo la directriz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% en los próximos 10 años y a 0 para 2050“. 

En España, las cosas avanzan despacio y la Comisión Europea saca adelante su expediente contra el gobierno español por la superación de los umbrales máximos de contaminación de dióxido de nitrógeno establecidos por la directiva 2008/50/EC durante el periodo 2010-2017 tanto en Madrid como Barcelona. Y a su vez, justamente Madrid, acoge en diciembre la próxima cumbre de la Cop25.

Al costoso proceso de transición se le une otra dificultad hasta hace poco eclipsada por la urgencia del cambio climático: la necesidad de que la transición a un modelo de bajas emisiones sea justa para las comunidades y las personas trabajadoras involucradas en las actividades económicas más contaminantes. Alcanzar los objetivos de cero emisiones requiere poner en marcha transformaciones muy profundas de ámbito tecnológico y económico que el mercado laboral va a tener que digerir y, por ahora, no parece que se estén haciendo los deberes.

Según el informe sobre la Nueva Economía Climática de 2018 (Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century) la adaptación a una economía de bajo carbono puede llegar a crear 26 billones de dólares y 65 millones de puestos de trabajo de ahora a 2030. Los gobiernos, las empresas y en general los mercados laborales deben prepararse urgentemente para que esta gran transformación se realice de  manera justa evitando la exclusión de grandes bolsas de trabajadores por falta de adaptación. Además debe garantizarse que estos nuevos puestos de trabajo sean empleos dignos e inclusivos. En esa dirección, también las Naciones Unidas han promovido el Compromiso hacia una transición Justa y Decente que establece cuatro principios fundamentales que deberían ser imperativos para las empresas :

  • En primer lugar el diálogo social con las personas trabajadoras y los sindicatos. Si la patronal no cuenta con ellos para la transición de modelo, el ajuste será forzoso, la conflictividad laboral aumentará y la empresa y todas las partes dejarán pasar grandes oportunidades.
  • En segundo lugar el cumplimiento de los estándares laborales y los estándares de salud y seguridad de la OIT. La transición no puede ser una vuelta de tuerca más para la precarización. 
  • El tercer principio es mantener la protección social de salud y pensiones. Nos estamos acostumbrando en los últimos tiempos a nuevos modelos de negocio con base tecnológica que no cuidan de ninguna de las dos, como hemos visto en los casos de Uber, Glovo o Delivery. La solución, en un sistema como el que nos rige es asegurar un mercado laboral fuerte y con altos índices de actividad y ocupación. 
  • Y finalmente, el compromiso apunta a la necesidad de mantener garantías salariales para poder mantener un poder adquisitivo suficiente y adecuado a la sostenibilidad de la vida. Y de ahí, se debe atender especialmente a los acuerdos comerciales transnacionales con regiones del mundo cuyos estándares de bienestar son inferiores a los nuestros, por el riesgo a la competencia desleal o dumping social.

Las primeras empresas en firmar estos principios han sido las compañías de ámbito internacional Orsted y Enel. A propósito del compromiso firmado por la italiana Enel, matriz del grupo Endesa, sale a la luz uno de los casos que más claramente revela el problema de la transición justa en España.

El consejero delegado de Enel, Francesco Starace, desmintió en la Junta General de Accionistas la respuesta del presidente de Endesa, Borja Pardo, sobre el cierre de las centrales de carbón que solicitaron la Fundación Finanzas Éticas, IIDMA y Greenpeace. Así las centrales de As Pontes y Litoral deberán cerrarse antes de 2030. Serán probablemente las últimas dos centrales térmicas en cerrar: antes de 2020 lo habrán hecho 7 de las 15 existentes en España que mantienen Naturgy, EDP, Viesgo e Iberdrola

Los sindicatos de As Pontes, que ocupa a más de 700 personas, se han opuesto al cierre de la central y las protestas han llegado con fuerza incluso al gobierno central. La continuidad ha quedado asegurada por unos años tras las reformas acometidas por Endesa. Pero las trabajadoras de la central y el ayuntamiento han intensificado su exigencia a la empresa para liderar una transición justa llegando incluso a comparecer en la Junta de Accionistas para reclamar mayor atención sobre el tema.

El reto sigue y se hará cada vez más visible. La necesidad de reconversión será de gran magnitud. El Plan Nacional de Energía y Clima en España marca como objetivos la creación de entre 102.000 y 182.000 puestos netos de trabajo al año en el campo de las energías renovables y entre 42.000 y 80.000 en acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética. La UE ha incorporado como meta en su Plan para las Finanzas Sostenibles destinar 180.000 millones de euros anuales a actividades económicas para frenar el cambio climático.

Actualmente, todo apunta a que el acceso a estos nuevos puestos de trabajo estarán reservados a nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores cualificados o especializados que se incorporan al mercado laboral o que estando en situación de desempleo se han formado en estas nuevas actividades. Pero ¿cuántos puestos de trabajo va a costar la transición? ¿Se están tomando medidas para minimizar el número? ¿Estamos aún a tiempo de adaptar las competencias de las personas trabajadoras que se verán afectadas?

Hay diversas cuestiones a tener en cuenta para que este proceso sea justo. En primer lugar es necesario poner en marcha programas de reciclaje para que los trabajadores y trabajadoras puedan mejorar y adaptar su cualificación, especialmente en aquellos sectores sobre los cuales las nuevas políticas de lucha contra el cambio climático van a incidir más directamente, como la producción de energías fósiles o las actividades con emisiones más contaminantes. Para ello, hace falta una planificación a medio y largo plazo de los cambios que se van a producir en el proceso productivo, así como la definición de la nueva oferta laboral, para dar tiempo a esa adecuación. 

También es fundamental la protección laboral, tanto de los trabajadores que puedan perder sus puestos de trabajo como de los nuevos empleos que se generen, que no deben estar sujetos a precariedad. Sustituir empleos estables y en condiciones dignas por empleos low-cost no es una política aceptable para un proceso de transición justa y puede ahondar en las debilidades de nuestro mercado laboral.

Sindicatos, organizaciones empresariales y administraciones públicas han empezado a afrontar estos retos muy específicamente en el ámbito de la minería, sobretodo en relación al carbón. Pero o nos hacemos conscientes de manera urgente y aplicamos estos principios para una transición justa o en breve nos encontraremos dificultades y protestas sociales, a imagen del movimiento Ludista inglés en el siglo XXI, que por ende frenen la lucha contra el cambio climático.

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